Por qué las conferencias del clima no son reuniones científicas, sino políticas

Por José Luis Postigo Sierra, Universidad Rey Juan Carlos

A finales de los años 70 del siglo XX, la comunidad científica poseía ya sólidos indicios del calentamiento terrestre. En 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establecieron el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Este panel está compuesto por expertos de todo el mundo que contribuyen de manera voluntaria analizando de forma objetiva, abierta, transparente y exhaustiva la información científica, socioeconómica y técnica que se va publicando. El objetivo es entender con criterios científicos los riesgos que puede suponer el cambio climático, así como las opciones de adaptación y mitigación del mismo.

En principio, los informes del IPCC deberían contribuir al trabajo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que es el principal tratado internacional sobre la cuestión. La CMNUCC se abrió para su firma durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y entró en vigor en 1994 tras ser ratificada por un número suficiente de países.

El objetivo principal de la convención es “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. Pero no establece límites vinculantes ni mecanismos objetivos para su consecución.

El nacimiento de las COP

La importancia de esta Convención reside en que ha sido adoptada por 197 partes entre las que se incluyen todos los países miembros de Naciones Unidas.

Las partes de la CMNUCC se reúnen anualmente de modo formal en las llamadas Conferencias de las Partes (COP) cuya vigesimoquinta edición (COP25) se está desarrollando estos días en Madrid.

En estas reuniones los representantes de los países adheridos a la convención discuten y evalúan los progresos relacionados con el objetivo de la CMNUCC sobre el cambio climático.

Por tanto, las COP no son reuniones científicas, sino de corte político en las que se trata de llegar a acuerdos. A la luz de los informes científicos, jefes de estado, presidentes, primeros ministros y otras autoridades políticas discuten y acuerdan las medidas a tomar para mitigar el cambio climático y los riesgos asociados y abordar la adaptación.

Los (escasos) frutos de las reuniones

Hasta el momento, los dos hitos más importantes de las COP han sido:

• El Protocolo de Kioto. Su objetivo era el compromiso de reducir para 2012 (posteriormente se prorrogó hasta 2020) las emisiones de 6 gases de efecto invernadero (GEI) en un 5 % en comparación con las emisiones de 1990.

  El protocolo se adopta en 1997, pero no entra en vigor hasta 2005. El hecho de que algunos de los países grandes emisores como EE. UU. no lo ratificasen y otros no se hayan adherido a la prórroga ha provocado que, en general, las emisiones no se hayan reducido en el porcentaje fijado.

• El Acuerdo de París. Lanzado durante la COP21 en 2012, busca establecer medidas para reducir los GEI a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. También pactar la financiación de las mismas con vistas a 2030, una vez terminado el protocolo de Kyoto en 2020.

  A este acuerdo se han adherido 195 países, aunque con la llegada de Donald Trump al poder Estados Unidos (uno de los mayores emisores de GEI a nivel global) salió del mismo. Los países firmantes han de presentar planes de recortes en sus emisiones. Del análisis de los 184 planes presentados hasta el momento, se deduce que solo el 20 % estarían en la senda del cumplimiento.

¿Qué podemos esperar de la COP25?

La celebración de la COP25 estos días en Madrid coincide, prácticamente, con la declaración de la emergencia climática del Parlamento Europeo el 28 de noviembre.

Quedan detrás 25 años de reuniones de las partes en las que se ha avanzado muy poco hacia una significativa reducción de las emisiones de GEI y, por tanto, hacia la desaceleración del proceso de cambio climático.

Incluso en el último informe del PNUMA se indica que para lograr que la temperatura no aumente más de 1,5 ? para final de siglo (uno de los principales objetivos del Acuerdo de París), los compromisos de reducción de emisiones deben quintuplicarse.

Asímismo, el IPCC ha ido denunciando en sus informes, cada vez con más vehemencia, que es necesaria una reducción urgente y ambiciosa de los GEI, junto con acciones para la adaptación a los impactos del cambio climático.

Aunque estos informes deberían contribuir al trabajo de la CMNUCC y, por tanto, a las COP, como órgano supremo de toma de decisiones de la Convención, dichos informes son “neutrales, relevantes para las políticas, pero no prescriptivos” de las reuniones.

Por tanto, queda en manos de la Convención y, por tanto, de los políticos o tomadores de decisiones, el tenerlos en cuenta o no. Cabe plantearse si estos informes deberían ser vinculantes en al menos algún grado.

Es aquí donde la participación de la sociedad civil como elemento que puede influir en las políticas es importante. Las Cumbres Sociales que se celebran en paralelo a cada COP, tienen como objetivo ejercer presión sobre los responsables de desarrollar políticas para que las advertencias científicas no caigan en saco roto.

En la actualidad, organizaciones como Fridays for Future piden a los políticos simplemente que “no hagan caso a los niños, escuchen a la ciencia”. Piensan, con razón, que serán esos niños los que tengan que lidiar con las consecuencias a largo plazo del cambio climático.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation