Baleares reclama en el Congreso ambición y autonomía en la gestión de residuos

El director general de Residuos y Educación Ambiental, Sebastià Sansó, ha comparecido este martes ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso para explicar su posicionamiento sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente en tramitación en la cámara alta del Parlamento estatal.

Sansó ha comparecido a petición del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y es el único alto cargo autonómico invitado a esta ronda de comparecencias acordada por la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, día 17 de junio.

«Esta comparecencia supone un reconocimiento más a la Ley balear de residuos y confío que los diputados extraigan conclusiones positivas de su contenido y los trasladen a la normativa que prepara el Estado», aseguró Sansó al finalizar la intervención.

El director general ha asegurado que el proyecto de Ley, actualmente en el Congreso, "es un punto de partida" pero ha añadido que "para avanzar de verdad hacia un cambio de modelo, para pasar de la sociedad del reciclaje en la sociedad residuo cero, para volver de verdad a una economía circular, hay que ser más ambiciosos".

En este sentido, Sansó ha considerado que la Ley 8/2019 de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento, es una herramienta más útil para avanzar hacia un modelo circular y reclamó que "la Ley que prepara el Gobierno del Estado no debe ser un techo de cristal para las comunidades autónomas". Así, ha defendido que las comunidades autónomas tienen competencias de dictar normas de protección adicional del Medio Ambiente y lamentó que el proyecto de Ley actualmente limita la posibilidad de ampliar o mejorar la Responsabilidad Ampliada del Productor cuando, según ha defendido, es la mejor plasmación del principio ambiental 'quien contamina paga'.

Durante la intervención, Sansó ha denunciado que el proyecto de Ley "mantiene la insensibilidad respecto la insularidad ya que no asegura la financiación del transporte de residuos de las islas, como Formentera, que no tienen capacidad de tener instalaciones de tratamiento". En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha pagado más de 7 millones de euros en los últimos 10 años en este concepto. El director general ha insistido en que "leyes sectoriales como ésta inciden en la incomprensión de los sobrecostes que debemos asumir los territorios insulares" y lamentó que el proyecto de Ley se limite a incluir la posibilidad de que el Estado financie estos gastos "en función de la disponibilidad presupuestaria ".

A modo de conclusión, Sansó ha pedido a los diputados que incrementen los objetivos que están fijados al proyecto de Ley para que "no sólo nos jugamos nuestra salud y la del planeta, nos jugamos seguir a la cola de Europa en gestión de residuos y esto nos expone a poder recibir multas sustanciosas por parte de las instituciones europeas ". "Unas sanciones", añadió, "que tendrán que pagar las administraciones públicas y, por tanto, los ciudadanos".