Biorresiduos, palanca clave para una gestión sostenible de los residuos

El pasado 23 de octubre, el Espacio Caminos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madridacogió una nueva jornada del ciclo técnico «Diálogos para el avance en la gestión de los residuos», impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y organizado por RETEMA. La sesión se articuló en dos bloques diferenciados: el primero dedicado a los retos generales de los residuos municipales, y el segundo enfocado específicamente en los biorresiduos, como fracción clave para cumplir los objetivos europeos de reciclaje, valorización y reducción del vertido.

Este segundo bloque reunió a representantes institucionales, expertos técnicos y operadores públicos y privados para analizar los desafíos específicos vinculados a la planificación, recogida, tratamiento y valorización de la fracción orgánica. A través de intervenciones técnicas y un panel de debate multisectorial, el encuentro permitió confrontar distintas experiencias —desde administraciones autonómicas y locales hasta consorcios y empresas— y subrayó la necesidad de construir un modelo de gestión más eficaz, trazable y coherente con las exigencias normativas.

La sesión dedicada a los biorresiduos arrancó con unas palabras de bienvenida de Alberto Casillas, director de RETEMA, quien destacó el papel esencial de esta fracción en la transición hacia una gestión más circular y sostenible. Tras agradecer la implicación del MITECO, el respaldo de los socios estratégicos —Biorig, PreZero y Veolia—, la participación activa de los ponentes y la presencia de los más de 275 asistentes, entre ambas sesiones, Casillas subrayó la necesidad de abordar los desafíos de esta fracción desde una visión realista, técnica y pragmática. “Hablamos de un flujo clave, no solo por su importancia dentro de los residuos municipales e industriales, sino por su potencial de valorización y por su papel en la descarbonización, la recuperación de nutrientes y la mejora de los suelos”, señaló. También destacó la urgencia de impulsar una recogida separada eficaz, así como de avanzar en el tratamiento, la gestión del digestato y la adaptación de las infraestructuras, todo ello en un contexto de creciente complejidad normativa. 

“La valorización de los biorresiduos no es solo una obligación legal: es una oportunidad para cerrar el círculo, conectar sectores y generar impactos positivos en el medio ambiente, la agricultura y las economías locales”. Alberto Casillas, director de RETEMA.

Marco legal y ayudas para mejorar la gestión de biorresiduos

A continuación, Inés Iribarren, consejera técnica de la Subdirección General de Residuos del MITECO, abrió el bloque de contenidos con una ponencia técnica inicial que ofreció una completa panorámica del marco legal que regula la recogida separada de los biorresiduos, así como de las actuaciones impulsadas por el Ministerio en este ámbito. Iribarren recordó que, desde el 31 de diciembre de 2023, todos los municipios deben contar con sistemas de recogida separada de biorresiduos —bien a través de contenedores diferenciados o mediante compostaje doméstico y comunitario— y subrayó que el cumplimiento de los objetivos de reciclado establecidos en la Ley de Residuos requiere reforzar la recogida de esta fracción, la más abundante en el flujo municipal.

La representante del MITECO detalló además las obligaciones que recaen sobre las entidades locales y sobre el propio Ministerio, entre ellas la regulación de la exención de autorización para el compostaje doméstico, el impulso del uso del compost y el digerido como fertilizantes o la promoción de sistemas de tratamiento eficientes. En este sentido, destacó la colaboración entre el MITECO y el MAPA para facilitar la aplicación del Reglamento Europeo de Fertilizantes y aclarar el fin de la condición de residuo del compost y el digerido. También subrayó la importancia de avanzar hacia contenidos máximos de impropios cada vez más estrictos: del 20 % actual al 15 % en 2027.

Por último, repasó las principales líneas de financiación habilitadas por el Ministerio para apoyar a las entidades locales en la mejora de la gestión de los biorresiduos. Entre ellas, destacó las ayudas PIMA y PEMAR, las convocatorias del PRTR y el proyecto desarrollado con el instrumento europeo TSI, orientado a identificar buenas prácticas en municipios y elaborar planes de acción diferenciados según el tipo y situación de cada localidad. En total, el MITECO ha movilizado más de 600 millones de euros para este tipo de actuaciones, con un foco claro: extender la recogida separada, impulsar infraestructuras específicas (compostaje y digestión anaerobia) y avanzar en el cumplimiento de los objetivos europeos.

“El Ministerio ha movilizado más de 600 millones de euros para mejorar la gestión de los biorresiduos, tanto en recogida como en tratamiento. Y no es solo un compromiso político: es inversión ejecutada, justificada y orientada a resultados reales.”  Inés Iribarren, consejera técnica de la Subdirección General de Residuos del MITECO.

El gran desafío: recogida, calidad y valorización

Tras la exposición inicial, dio comienzo el panel de debate intersectorial, con una primera ronda de cuestiones en la que los ponentes abordaron los principales retos asociados a la planificación, implantación y valorización de los biorresiduos desde diferentes enfoques institucionales y técnicos.

Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos del MITECO destacó que, pese a que los bioresiduos representan la fracción mayoritaria de los residuos municipales —en torno al 42 % según caracterizaciones anteriores—, su recogida separada ha avanzado muy lentamente. Explicó que este retraso se debe principalmente a la ausencia histórica de una obligación normativa clara, a la falta de retorno económico para las entidades locales (al no existir responsabilidad ampliada del productor en este flujo) y a las dificultades contractuales y de infraestructura que supone implantar nuevos sistemas de recogida y tratamiento. Aunque el PEMAR ya fijó objetivos concretos en 2016, no ha sido hasta la entrada en vigor de la Ley de Residuos cuando se ha empezado a actuar de forma más decidida. Margarita apuntó que los nuevos marcos legales y económicos, como la tasa de vertido, deberían servir ahora como palanca para acelerar la implementación efectiva.

“El no disponer de un marco legal claro, de una obligación firme de recogida separada, y el no contar con un retorno económico —por ejemplo, a través de los SCRAP o de una fiscalidad adecuada— ha hecho que vayamos con mucha demora. Ahora, con la ley y la nueva tasa de vertido, las entidades locales deberían disponer ya de recursos económicos para abordar la gestión de los biorresiduos.” Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos del MITECO.

Desde el ámbito agroalimentario, María Luisa Ballesteros, consejera técnica de la Dirección de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subrayó la importancia de proteger el suelo agrario como medio de producción esencial y destacó el papel que pueden jugar los bioresiduos para mejorar su calidad, gracias a su aporte de materia orgánica. Sin embargo, advirtió que su aplicación debe hacerse de forma segura y bajo estrictos criterios ambientales para evitar efectos adversos en el suelo, el agua o la atmósfera. Explicó que la normativa aplicable es compleja y diversa —desde el Real Decreto de Nutrición Sostenible hasta la legislación de residuos, SANDACH o regulaciones químicas como REACH o COPs—, porque responde a problemáticas distintas. Aun así, dejó claro que cualquier enmienda debe cumplir tres principios fundamentales: tener una función agrícola real, aportar beneficios al suelo y garantizar la seguridad ambiental.

“Los suelos españoles presentan, en su mayoría, una clara deficiencia de materia orgánica. Los bioresiduos pueden ser una solución muy valiosa para mejorar esta situación, pero su uso debe ser seguro y técnicamente justificado. No se trata de deshacerse de un residuo, sino de aplicar un recurso útil con garantías.” María Luisa Ballesteros, consejera técnica de la Dirección de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA.

En el ámbito autonómico, Ana Bretaña de la Torre, directora General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra subrayó que mejorar la gestión de la materia orgánica no puede abordarse desde una visión estricta de competencias, sino desde la colaboración activa entre todos los niveles de la administración. Reivindicó el papel protagonista que deben asumir las comunidades autónomas en tres ejes: planificación, financiación y acompañamiento técnico a los municipios. Destacó que Navarra cuenta con un marco normativo sólido —Ley Foral de Residuos, Plan de Residuos 2017-2027— que ha facilitado canalizar los fondos europeos y establecer una financiación estable, basada tanto en la tasa de residuos como en el Fondo de Residuos autonómico. También puso en valor la estructura organizativa del territorio —con el Consorcio de Residuos y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona— como una herramienta eficaz para facilitar la recogida y tratamiento de biorresiduos. Finalmente, remarcó la importancia de mantener campañas de información ciudadana continuadas, como eje imprescindible de una buena gestión.

“Contar con una hoja de ruta clara no solo nos da dirección, también nos permite aprovechar mejor los recursos disponibles. La experiencia de Navarra demuestra que disponer de una planificación ambiciosa y continuada en el tiempo facilita enormemente la movilización de fondos, tanto ordinarios como extraordinarios.” Ana Bretaña de la Torre, directora General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Marta Sánchez de Puerta, gerente del Consorcio Almanzora Levante Vélez, ofreció la visión de un consorcio pequeño que ha logrado implantar la recogida de biorresiduos en 45 municipios de forma simultánea, gracias a su capacidad de actuación territorial y una tasa de residuos activa desde hace más de 25 años. Subrayó que los consorcios permiten una implantación más ágil en territorios con gran disparidad poblacional, aunque persisten barreras como el rechazo ciudadano y la falta de comunicación efectiva sobre la normativa y los beneficios de la separación en origen. Defendió la urgencia de una estrategia de comunicación institucional potente y cercana, y explicó que, aunque su consorcio ha optado inicialmente por el compostaje por viabilidad económica, también han planteado proyectos de digestión anaerobia, dada la elevada disponibilidad de residuos agroindustriales en la zona. Advirtió, no obstante, de las dificultades administrativas que siguen ralentizando la puesta en marcha de nuevas infraestructuras.

“Llevamos años sin comunicar bien qué significa la Ley de Residuos, qué implica el impuesto de vertido y qué supondrá el pago por generación. No lo estamos explicando. Necesitamos con urgencia una estrategia de comunicación potente, creativa y sostenida en el tiempo.” Marta Sánchez de Puerta, gerente del Consorcio Almanzora Levante Vélez.

Desde la perspectiva del sector privado, Manuel Alonso, director general de Biorig, destacó que, en la producción de biometano, la generación de fertilizantes y la valorización del digestato no son secundarias ni subordinadas al gas: ambas están íntimamente ligadas. Subrayó la creciente concienciación del sector por transformar el digestato en productos fertilizantes seguros y de calidad, aunque advirtió sobre la complejidad normativa que rodea a este proceso. Criticó la dispersión de leyes —nacionales, europeas, SANDACH, fertilizantes, suelos— como una traba técnica y administrativa, y reclamó una actualización del marco legal. Explicó que, en proyectos bien planificados, la gestión del digestato debe abordarse desde el principio, ya que condiciona todo el desarrollo de planta. Por último, llamó a reforzar la comunicación y concienciación, especialmente en el ámbito ganadero y rural, defendiendo las ventajas ambientales del digestato frente a otros residuos: es higienizado, estabilizado y permite una aplicación controlada y eficiente del nitrógeno.

“Estamos ante un auténtico sudoku normativo: residuos, fertilizantes, SANDACH, nutrición sostenible, reglamento de COVs… Si no tienes una visión clara de qué residuos vas a tratar, qué producto quieres obtener y bajo qué legislación, es prácticamente imposible desarrollar un proyecto serio.” Manuel Alonso, director general de Biorig.

Claves para una gestión eficaz y trazable

La segunda ronda de intervenciones permitió profundizar en algunos de los retos más concretos que afronta hoy la recogida separada y valorización de los biorresiduos, tanto desde el plano normativo como técnico y social. Los ponentes abordaron cuestiones clave como la implantación efectiva de sistemas de recogida, la calidad del material recogido, la trazabilidad agronómica del digerido o la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana.

Margarita Ruiz subrayó los mecanismos normativos y financieros activados con la nueva ley para impulsar la recogida separada de biorresiduos, como la obligatoriedad de implantación tanto para entidades locales como en el ámbito comercial, el impulso de la tasa e impuesto al vertido, o el destino mayoritario de los fondos Next Generation a esta fracción. A pesar de ello, lamentó que la recogida no está aún plenamente implantada y destacó la necesidad de garantizar no solo cantidad, sino calidad del residuo recogido, reforzando la vigilancia municipal y la sensibilización ciudadana. Insistió en que “poner el contenedor” no es suficiente, y que deben aplicarse mecanismos de incentivación y penalización para avanzar. Por último, advirtió sobre el riesgo de ignorar la normativa aplicable al digerido en los proyectos de digestión anaerobia: muchas empresas priorizan el biogás sin considerar los requisitos para valorizar el residuo resultante, lo que puede comprometer la viabilidad económica del proyecto si no se planifica adecuadamente.

“A pesar de que la recogida separada de biorresiduos es obligatoria desde hace un año, su implantación aún no es plena. Es imprescindible desplegarla con urgencia y acompañarla de mecanismos eficaces de sensibilización ciudadana, control de calidad e incentivos económicos para lograr resultados reales.” Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos del MITERD.

Por su parte, María Luisa Ballesteros defendió una valorización agronómica de los biorresiduos basada en la seguridad, el control y el valor real del producto aplicado al suelo. Afirmó que solo deberían utilizarse en agricultura aquellos materiales que aporten un valor agronómico claro, y que esa aportación debe realizarse bajo estrictos requisitos normativos. Detalló los distintos mecanismos de control, como el Real Decreto de Nutrición Sostenible —con sus anexos sobre composición, límites de metales pesados y condiciones de uso—, y las autorizaciones ambientales integradas. También subrayó el papel del registro de productos fertilizantes y el cumplimiento de normas europeas de calidad y trazabilidad, incluyendo sistemas de aseguramiento y control de patógenos. Por último, valoró positivamente la economía circular, pero siempre “con garantías”, insistiendo en que la calidad y la trazabilidad deben primar frente a la urgencia por valorizar residuos.

“El suelo agrario es un recurso esencial que debe protegerse con rigor. Solo se pueden aplicar materiales que aporten nutrientes, cumplan criterios de seguridad ambiental y estén expresamente autorizados. No se trata de deshacerse de un residuo, sino de aportar valor de forma segura.” María Luisa Ballesteros, consejera técnica de la Dirección de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA.

Desde la perspectiva de las CC.AA., Ana Bretaña subrayó que el éxito de la comunidad de Navarra en la implantación de la recogida separada —desplegada al 100 % desde 2022, con un 42 % de recuperación y solo un 8 % de impropios— se debe a haber fijado objetivos ambiciosos desde 2010. Para ella, los objetivos no deben entenderse como una imposición, sino como una meta compartida y una oportunidad para avanzar. Defendió la necesidad de adaptar los modelos de recogida a cada territorio, hacer seguimiento continuo mediante indicadores y reorientar sistemas cuando no funcionan. Insistió también en que el esfuerzo no debe centrarse solo en la recogida, sino también en contar con infraestructuras robustas de tratamiento. Apostó por la biometanización como tecnología clave, pero con criterios de control estrictos: Navarra trabaja ya en un decreto foral que impide instalar plantas si no hay base territorial suficiente para aplicar digestato, y desarrolla herramientas como GESPUR y VEGA para monitorizar la fertilización orgánica de forma trazable, segura y eficaz.

“Creemos firmemente en la biometanización como tecnología robusta, pero debe estar sujeta a un control riguroso. En Navarra no puede implantarse una planta si no existe base territorial suficiente para aplicar el digestato. Estamos desarrollando un decreto foral y herramientas que evalúan la capacidad de acogida del territorio y aseguran que ese recurso se aplique de forma adecuada y trazable.” Ana Bretaña de la Torre, directora General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

En línea complementaria, Marta Sánchez de Puerta subrayó que el verdadero reto en la calidad del compost no reside en la relación entre entidades locales y plantas de tratamiento, sino en la falta de separación en origen. Una vez que el residuo mezclado entra en el camión y llega a planta, “ya hay poco que hacer”. Por eso, insistió en que la solución pasa por una educación desde edades tempranas, con campañas de sensibilización que expliquen claramente qué debe ir en el contenedor marrón. Compartió experiencias prácticas, como la implantación del sistema puerta a puerta en pueblos pequeños o el uso de contenedores con bocas pequeñas para evitar impropios, aunque reconoció que aún así se llegan a forzar las tapas para introducir objetos inadecuados. “No es un problema de comunicación institucional —concluyó—, sino de concienciación social”.

“El reto no radica en la relación entre las entidades locales y las plantas de tratamiento, sino en lograr una adecuada separación en origen. Una vez que el residuo entra en el camión y llega a planta, las posibilidades de actuación son muy limitadas.” Marta Sánchez de Puerta, gerente del Consorcio Almanzora Levante Vélez.

Por último, Manuel Alonso defendió con contundencia que la gestión del fertilizante derivado del digerido debe ser prioritaria desde el inicio del proyecto, apostando por cumplir rigurosamente con el marco legal vigente. Subrayó que las plantas bien diseñadas y gestionadas son capaces de cumplir los exigentes requisitos normativos en materia de fertilización orgánica, desde la trazabilidad del nitrógeno hasta los periodos de aplicación. En su intervención, destacó que las reglas están claras, aunque no siempre sean fáciles de interpretar, y que el sector debe asumir esa complejidad con profesionalidad: “Hay que cumplir las leyes, aunque no siempre nos gusten. Si el proyecto no se ajusta a la normativa, simplemente no es válido”. También señaló la necesidad de herramientas divulgativas, como guías claras y accesibles, que faciliten la comprensión del complejo entramado normativo, especialmente para nuevos actores: “Seguir todos estos senderos legales no siempre es fácil. A lo mejor hace falta una guía para quienes no conocen en profundidad estas interconexiones”.

"Una planta de biometano bien diseñada, con un planteamiento técnico riguroso y con visión de cumplimiento normativo desde el inicio, está perfectamente capacitada para cumplir su función: reducir emisiones, valorizar residuos y generar productos fertilizantes seguros y trazables.” Manuel Alonso, director general de Biorig.

Del compromiso al cumplimiento: una hoja de ruta compartida

Como cierre del debate, los ponentes coincidieron en subrayar que los biorresiduos son una fracción clave para alcanzar los objetivos de reciclaje y avanzar en la economía circular. Margarita Ruiz (MITECO) insistió en que no pueden seguir siendo los “grandes olvidados”, sino el foco principal de acción local. María Luisa Ballesteros (MAPA) puso el acento en su valor agronómico y estratégico —para reducir la dependencia de nutrientes externos—, pero advirtió que su uso debe ir acompañado de garantías de calidad y control, también desde el propio sector. En la misma línea, Ana Bretaña (Gobierno de Navarra) reclamó evitar que la materia orgánica siga en el contenedor de resto, y defendió la necesidad de armonizar planificación, financiación y participación técnica y social. Marta Sánchez (Consorcio Almanzora Levante Vélez) destacó la vigilancia como pieza clave para avanzar en la recogida separada y pidió mayor coordinación entre administraciones, recordando que la realidad de pequeños municipios no puede equipararse a la de las grandes ciudades. Por su parte, Manuel Alonso (Biorig) cerró con una reflexión clara: el biogás y el biometano no deben verse solo como un negocio energético, sino como una solución integral para la gestión eficiente de residuos.

A modo de conclusión, el evento se clausuró con un diálogo entre Margarita Ruiz y Alberto Casillas. La subdirectora general de Residuos del MITECO subrayó con claridad que los biorresiduos deben ser la prioridad número uno si se quieren cumplir los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales. Con más de seis millones de toneladas de materia orgánica aún presentes en la fracción resto, advirtió que “las cuentas no salen” sin actuar sobre esta fracción. Insistió en que la recogida separada ya es obligatoria y que su implantación debe adaptarse a las características de cada territorio, combinando distintos modelos —desde el puerta a puerta hasta el compostaje comunitario—. Pero más allá de la cantidad, reclamó un foco claro en la calidad del residuo recogido, recordando que el suelo no puede convertirse en un vertedero encubierto. Para ello, apeló a un trabajo conjunto entre todas las administraciones y a una mayor implicación ciudadana, basada en sensibilización, comunicación clara, y sistemas de control e incentivos. “Ya no podemos mirar hacia otro lado”, concluyó: si España quiere cumplir con sus compromisos, los biorresiduos tienen que estar en el centro de la acción.