La Guardia Civil lidera una operación internacional contra el tráfico de residuos con 337 detenidos y 127.000 toneladas incautadas

La Guardia Civil, en su condición de Driver de la prioridad EMPACT sobre delitos medioambientales y con la coordinación de Europol, ha liderado una ofensiva policial internacional contra el tráfico ilícito de residuos que se ha saldado con 337 detenidos y la incautación de 127.149 toneladas de residuos en todo el mundo. La operación, denominada «Custos Viridis», ha contado con la participación de 71 países y diversas organizaciones internacionales y ha permitido intervenir residuos valorados en 31 millones de euros en el mercado ilegal.

En el caso de España, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha desarticulado 23 redes dedicadas al tráfico ilícito de residuos y ha desarrollado actuaciones contra el mercado ilegal de gases refrigerantes, consolidando su papel en el ámbito europeo ante la aplicación de la nueva Directiva de delitos medioambientales.

337 detenidos y más de 127.000 toneladas de residuos incautadas

La operación internacional incluyó 1.048 inspecciones en distintos países y permitió, además de las detenciones, la incautación de 602 toneladas de agentes contaminantes, entre ellos mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero.

Las actuaciones policiales también derivaron en la intervención de casi 10 millones de euros en efectivo y cuentas bancarias, así como en la incautación de 130 vehículos y diversas propiedades vinculadas a las redes criminales.

Un circuito ilegal global de residuos

Las investigaciones han puesto de manifiesto la consolidación de circuitos ilegales paralelos de gestión de residuos, en los que organizaciones criminales manipulan documentación y recurren al fraude para trasladar residuos urbanos e industriales, incluidos materiales peligrosos.

España ocupa una posición estratégica en estos flujos ilícitos, actuando como país de origen, tránsito y destino de residuos.

Entre los fenómenos detectados destaca el aumento del comercio ilícito de gases refrigerantes procedentes de Asia, así como la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil (VFU), residuos textiles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) hacia África, Asia e Iberoamérica.

Estas prácticas generan impactos ambientales significativos y riesgos para la salud pública, además de distorsionar los sistemas legales de gestión y reciclaje.

Resultados de las operaciones en España

España ocupa una posición estratégica en estos flujos ilícitos, actuando como país de origen, tránsito y destino de residuos. En este contexto, las actuaciones del SEPRONA han permitido:

• 23 operaciones contra el tráfico de residuos y el mercado ilegal de gases refrigerantes
• 41 personas detenidas o investigadas
• 77.410 kilogramos de residuos gestionados de forma irregular detectados
• 250 vehículos importados ilegalmente localizados
• Más de 3.000 certificados de descontaminación falsificados
• 5.400 kg de gases refrigerantes de efecto invernadero intervenidos

Las investigaciones también han identificado puntos críticos de entrada y salida vinculados a estos tráficos, entre ellos los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander, así como los pasos fronterizos de Irún y La Junquera, que desempeñan un papel relevante en los flujos hacia otros países europeos y terceros mercados.

Cooperación internacional frente a los delitos ambientales

En paralelo a las actuaciones policiales, la Guardia Civil organiza estos días en Madrid unas jornadas internacionales sobre tráfico ilícito de residuos y delitos medioambientales, con la participación de representantes de Europol, Interpol y Naciones Unidas.

Durante el encuentro se analizan herramientas de cooperación y control de la trazabilidad en la cadena de gestión de residuos, así como fenómenos emergentes detectados en las investigaciones. Entre ellos se encuentra la denominada “bomba de humo”, consistente en el abandono de residuos textiles en naves alquiladas, o la reiteración de incendios en plantas de residuos asociados a prácticas de gestión negligente o ilícita.