Cada europeo desperdició 130 kilos de comida en 2023, según Eurostat

Los hogares fueron responsables del 53 % del total del desperdicio alimentario en la UE, que alcanzó los 58,2 millones de toneladas, un 0,7 % más que el año anterior
Entidad
17-10-2025

El desperdicio alimentario en la Unión Europea sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la sostenibilidad. Según los últimos datos publicados por Eurostat, en 2023 se generaron 58,2 millones de toneladas de residuos alimentarios, lo que equivale a 130 kilos de comida desperdiciada por persona.

Esta cifra incluye tanto las partes comestibles como las no comestibles y supone un aumento del 0,7 % respecto a 2022, cuando se registraron 57,8 millones de toneladas.

 

En 2023 se generaron 58,2 millones de toneladas de residuos alimentarios, lo que equivale a 130 kilos de comida desperdiciada por persona.

 

Los hogares, principales responsables

Más de la mitad del desperdicio alimentario (53 %) proviene de los hogares europeos, lo que representa 69 kilos por habitante. A cierta distancia se sitúan los procesos industriales vinculados a la fabricación de alimentos y bebidas, responsables del 19 % del total (24 kg por persona).

 

Más de la mitad del desperdicio alimentario (53 %) proviene de los hogares europeos, lo que representa 69 kilos por habitante.

 

El sector de la restauración y los servicios de comida generó un 11 % (14 kg por persona), mientras que la producción primaria —como la agricultura o la pesca— representó un 10 % (12 kg por persona). Por último, el comercio minorista y la distribución concentraron el 8 % restante (10 kg por persona).

 

Un reto clave para la sostenibilidad europea

Las cifras reflejan que el desperdicio alimentario continúa siendo uno de los grandes desafíos ambientales, sociales y económicos de la UE, responsable de una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la pérdida de recursos naturales como el agua y el suelo.

En este contexto, la nueva Directiva Marco de Residuos revisada, que acaba de entrar en vigor, establece por primera vez objetivos vinculantes de reducción del desperdicio alimentario: un 10 % menos en la fabricación y procesamiento y un 30 % menos per cápita en la venta y el consumo antes de 2030.

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