Canarias creará una oficina técnica para apoyar a los municipios en proyectos de saneamiento y depuración

El Gobierno de Canarias impulsará una oficina técnica de apoyo a los municipios para acompañar a los ayuntamientos en el desarrollo de proyectos de saneamiento y depuración de aguas, con especial atención a aquellos de menor tamaño y con menos recursos técnicos y económicos. La medida responde a la necesidad de facilitar la adaptación a las nuevas obligaciones que establecerá la futura normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

El Ejecutivo canario gestiona alrededor de 70 millones de euros en proyectos estratégicos de saneamiento y depuración distribuidos por todas las islas.

El anuncio lo realizó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, quien explicó que la oficina pretende "impulsar el cumplimiento de las medidas cada vez más exigentes en materia de tratamiento de aguas residuales, que muchos municipios de Canarias, sobre todo los de menores recursos económicos y humanos, no pueden afrontar".

El consejero recordó que las competencias en esta materia corresponden, con carácter general, a los ayuntamientos, aunque en los municipios de menos de 20.000 habitantes son los cabildos insulares quienes deben asumirlas. En este contexto, destacó que la legislación europea ha ido endureciendo progresivamente sus requisitos y que Canarias debe incorporar nuevos mecanismos para responder a unas exigencias ambientales cada vez mayores.

Adaptación a la nueva Directiva europea

Miranda se refirió a la transposición de la Directiva (UE) 2024/3019, actualmente en fase de alegaciones y cuya aprobación está prevista para el segundo semestre de 2027. Según explicó, la nueva norma reducirá los umbrales mínimos de población a partir de los cuales serán obligatorios determinados tratamientos de aguas residuales, aplicando los mismos criterios en todo el territorio europeo.

El consejero señaló que esta regulación no tiene en cuenta las particularidades del archipiélago, como la dispersión de numerosos núcleos de población, la existencia de redes de colectores en medianías, la longitud de las conducciones, la necesidad de bombeos o las afecciones sobre barrancos y espacios protegidos.

En este sentido, defendió que Canarias comparte plenamente los objetivos ambientales de la directiva, aunque considera necesario un régimen de aplicación específico que tenga en cuenta las condiciones propias de las regiones ultraperiféricas.

Solicitud de un tratamiento diferenciado para Canarias

El Ejecutivo autonómico ya ha trasladado esta posición al Gobierno de España con el objetivo de que se incorpore una disposición específica durante la transposición de la norma. Entre las propuestas planteadas figuran la elaboración de un Plan Canario de adaptación a la directiva, el análisis de los sistemas individuales de saneamiento y depuración como alternativa para los núcleos dispersos y la definición de un calendario de implantación acompañado de una financiación adecuada.

Además de mantener reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Miranda anunció próximos encuentros con los cabildos insulares para coordinar la aplicación de estas medidas.

Inversiones en infraestructuras de saneamiento

Mientras avanza este proceso, el Gobierno de Canarias continúa gestionando alrededor de 70 millones de euros destinados a actuaciones estratégicas de saneamiento y depuración financiadas por distintas administraciones.

Entre los proyectos mencionados por el consejero figuran las actuaciones previstas en La Graciosa, Playa Blanca (Lanzarote), Puerto del Rosario y El Cotillo (Fuerteventura), San Blas (Tenerife), El Paso (La Palma) y Valle Gran Rey (La Gomera).