Canarias presenta una guía para incorporar criterios de economía circular en la contratación pública

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado el documento «Orientaciones para la contratación pública circular en Canarias», una herramienta diseñada para facilitar la incorporación progresiva de criterios de economía circular en los procedimientos de compra y contratación de las administraciones públicas del archipiélago.

El documento, elaborado por la Dirección General de Calidad Ambiental en colaboración con la Universidad de La Laguna y Gesplan, se enmarca en la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 y en el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026. Su finalidad es ofrecer un marco común que ayude a los órganos de contratación a integrar criterios ambientales de forma rigurosa y adaptada a cada procedimiento.

La contratación pública representa entre el 15 % y el 20 % del PIB regional, según destacó el consejero Mariano H. Zapata.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, señaló que “la contratación pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental”. Asimismo, recordó que el volumen de compra pública supone entre el 15 % y el 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional, por lo que las administraciones disponen de una importante capacidad para impulsar modelos de producción y consumo más sostenibles.

En este sentido, añadió que cada contrato constituye una oportunidad para reducir el consumo de materias primas, prevenir la generación de residuos, fomentar la innovación y apoyar un modelo económico más sostenible para Canarias. El objetivo, explicó, es proporcionar a los órganos de contratación una herramienta “útil, rigurosa y adaptada a la realidad de las administraciones canarias”.

Cinco principios para integrar la economía circular

Las orientaciones establecen un marco metodológico aplicable a todas las fases del procedimiento de contratación. Entre los aspectos que promueve figuran el análisis del ciclo de vida de productos y servicios, la utilización de criterios objetivos y verificables y la adaptación de los requisitos ambientales a las características de cada contrato, garantizando los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad.

El equipo redactor explica que el documento no propone una solución única para todos los procedimientos, sino un método que permita seleccionar los criterios más adecuados en función de las características de cada contratación, identificando los principales impactos ambientales y el momento más eficaz para introducir cada requisito.

Por su parte, el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, destacó que esta iniciativa responde a una de las demandas planteadas por el sector productivo durante la elaboración del Plan de Acción de Economía Circular. Según explicó, el objetivo es facilitar la incorporación de criterios ambientales con seguridad jurídica, evitando que los procedimientos puedan verse cuestionados posteriormente. En este sentido, subrayó que no se trata de incorporar requisitos ambientales de forma indiscriminada, sino de seleccionar aquellos que estén vinculados al objeto del contrato, sean proporcionados y verificables durante su ejecución.

Ejemplos prácticos para cuatro ámbitos de contratación

Además del marco metodológico, el documento incorpora ejemplos prácticos orientados a facilitar su aplicación en cuatro ámbitos prioritarios: la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos, la compra de mobiliario y la ejecución de obras.

En estos ámbitos se proponen medidas dirigidas a favorecer la durabilidad y reparabilidad de los productos, la reutilización de materiales, la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos.

La guía incluye ejemplos prácticos para eventos, equipos electrónicos, mobiliario y obras, con criterios adaptables a cada procedimiento de contratación.

Según Montañés, estos casos servirán para trasladar los principios generales a la práctica y facilitar que cada órgano de contratación adapte los criterios a sus necesidades, competencias y capacidades técnicas.

Segunda fase de validación

Las orientaciones iniciarán ahora una segunda fase de trabajo durante el segundo semestre de 2026 mediante un proceso participativo en el que intervendrán administraciones públicas, órganos de contratación, servicios jurídicos y otros agentes implicados.

El objetivo será validar el documento y facilitar su implantación progresiva en Canarias, un proceso que continuará desarrollándose en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029, que incluirá nuevas acciones de formación y herramientas de apoyo para las administraciones públicas.