Cataluña necesita un giro urgente en la gestión de residuos para evitar el colapso de sus vertederos en 5 años

Cataluña afronta la necesidad de un cambio drástico en su modelo de recogida y tratamiento de residuos, un reto que exige integrar territorio, eficiencia y sostenibilidad. Así lo recoge el documento “Bases para la transformación de la gestión de residuos en Cataluña”, presentado este miércoles, que subraya que el sistema actual “está estancado desde hace años” y que se enfrenta a cuatro desafíos críticos: el cumplimiento de los objetivos normativos europeos, el estancamiento del reciclaje, el incremento de la población y el agotamiento inminente de los vertederos, que disponen únicamente de “cinco o seis años de vida útil”.

El informe ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo Intercolegial de Residuos, integrado por expertos del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Colegio de Economistas.

Su objetivo es aportar rigor técnico en ámbitos clave para el país, como la gestión del agua —a través del Observatorio Intercolegial del Agua— y, ahora, la gestión de residuos en un contexto marcado por el crecimiento demográfico y futuros cambios regulatorios.

Objetivos europeos ineludibles y urgencia de nuevas infraestructuras

Los colegios profesionales recuerdan que, si no se actúa de manera inmediata, Cataluña no podrá cumplir las directivas europeas. Para 2035, deberá reducir a menos del 10% los residuos enviados a vertedero y aumentar hasta un mínimo del 65% la preparación para la reutilización y el reciclaje.

Para 2035, Cataluña deberá reducir a menos del 10% los residuos enviados a vertedero y aumentar hasta un mínimo del 65% la preparación para la reutilización y el reciclaje.

Una de las propuestas centrales del documento es duplicar la capacidad de valorización energética de residuos, añadiendo dos nuevas infraestructuras a las ya existentes. Según los ingenieros y economistas, esta estrategia permitiría gestionar 750.000 toneladas adicionales al año —el doble de la capacidad actual— y dotar al sistema de seguridad y flexibilidad ante fluctuaciones y cambios en la tipología de los residuos.

El aumento previsto de población refuerza la urgencia de esta medida: según Idescat, Cataluña podría alcanzar 8,6 millones de habitantes en 2035, lo que generaría 4,70 millones de toneladas de residuos municipales anuales.

"Con solo dos plantas de valorización adicionales estaríamos dando seguridad al sistema con infraestructuras resilientes y flexibles", señala Jordi Payet, coordinador del documento junto a Ignasi Samper.

Por su parte, Samper advierte de que "estamos cerca del límite de capacidad de los vertederos y es muy difícil obtener consenso social para abrir nuevos. Esto obligará a exportar residuos fuera de Cataluña. La valorización energética con iniciativa privada es una oportunidad para flexibilizar el tratamiento de residuos municipales o industriales según convenga".

Un nuevo modelo de recogida: flexibilidad, tecnología y nuevas fracciones

El Grupo Intercolegial propone también un cambio profundo en la recogida selectiva, actualmente “estancada”, adaptándola a las características de cada territorio bajo criterios de eficiencia y flexibilidad. El informe destaca que la gestión de la recogida es especialmente compleja en áreas de alta densidad de población y recomienda:

• Impulsar el puerta a puerta allí donde sea viable.

• Valorar el uso de contenedores inteligentes y sistemas de bonificación.

• Estudiar tasas justas basadas en la cantidad y calidad de la separación.

• Preparar la implantación de un contenedor específico para residuos textiles.

• Utilizar las deixalleries como puntos de selección de voluminosos.

Estas medidas buscan mejorar las tasas de recuperación, ordenar los flujos y avanzar hacia un modelo más alineado con los retos de la economía circular.

Innovación y gobernanza: los pilares del nuevo sistema

El documento reclama reforzar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en tecnologías emergentes: desde nuevas formas de valorización de fracciones sin tratamiento óptimo hasta la puesta en marcha de proyectos piloto que permitan demostrar soluciones innovadoras sin comprometer la seguridad ambiental.

Los expertos abogan por fortalecer la colaboración entre universidades, centros tecnológicos, empresas y administraciones, alineando estos desarrollos con los objetivos de la neutralidad climática y de la economía circular.

En materia de gobernanza, los colegios proponen un modelo integrado y coordinado para todo el territorio, que asegure todas las etapas de la cadena de valor del residuo, su financiación y una planificación estratégica a medio y largo plazo. Asimismo, defienden establecer precios únicos y solidarios dentro de cada ámbito territorial, siguiendo el modelo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).