Desmantelada una red que exportaba toneladas de residuos peligrosos desde Canarias a África
La operación destapa la exportación ilegal de residuos electrónicos y peligrosos sin descontaminar, con riesgos para la salud y el medio ambiente en varios países africanos
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La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una red dedicada al tráfico ilegal de residuos que trasladaba de forma clandestina hasta 650 toneladas de residuos peligrosos desde Canarias a África, utilizando contenedores marítimos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
En el marco de la operación, un total de 32 personas y cuatro sociedades están siendo investigadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, con base en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca.
La Guardia Civil investiga a 32 personas y a cuatro sociedades por delitos contra el medio ambiente.
Un sistema organizado para la exportación ilegal
La investigación, desarrollada por el Seprona y Vigilancia Aduanera, detectó un flujo constante de contenedores con destino a distintos países africanos. La organización ocultaba su actividad mediante documentación falsificada, evitando así inspecciones y controles administrativos.
El entramado estaba liderado por cinco personas con funciones diferenciadas: desde la gestión documental y logística hasta el envío directo de los residuos, recurriendo incluso a terceros para dar apariencia legal a las operaciones.
Para reforzar esta apariencia, la red utilizaba empresas interpuestas que emitían facturas a nombre de terceros, en ocasiones sin conocimiento de su implicación, simulando que los residuos habían sido correctamente tratados.
El entramado criminal operaba desde Canarias con una estructura organizada y empresas pantalla.
Residuos peligrosos sin tratamiento y alto riesgo sanitario
Entre los materiales exportados se encontraban principalmente residuos electrónicos, como motores y compresores procedentes de frigoríficos, extraídos sin la debida descontaminación. Esta práctica puede liberar gases contaminantes a la atmósfera, con efectos directos sobre la salud y el medio ambiente.
También se detectó el envío de piezas de automoción, extintores —alrededor de 38 toneladas— y vehículos usados, todos ellos sin las garantías ambientales exigidas. En total, la organización habría exportado además 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor conjunto estimado de 800.000 euros.
Un delito ambiental con un impacto global
El caso pone en relieve la magnitud del problema del tráfico ilegal de residuos, especialmente en relación con la exportación ilegal de residuos peligrosos y el envío de residuos electrónicos a África, donde a menudo son gestionados en condiciones precarias.
Este tipo de delito ambiental vinculado a los residuos está tipificado en el Código Penal desde 2015 y puede conllevar penas de prisión, multas e inhabilitación profesional.
Cabe destacar que a nivel internacional, el control de estos movimientos está regulado por el Convenio de Basilea, que busca limitar el traslado de residuos peligrosos entre países y reducir al mínimo este tipo de prácticas, consideradas una amenaza creciente para la salud pública y el medio ambiente.
