Cataluña y la Comunitat Valenciana avanzan en el despliegue del biometano con estrategias y escalas diferentes, pero comparten un reto decisivo: garantizar la gestión del digestato, el equilibrio ambiental y la aceptación social de las nuevas instalaciones.
España se prepara para acelerar la producción de biogás y biometano, pero el verdadero desafío va mucho más allá de aumentar la capacidad instalada. La disponibilidad de residuos, la dimensión de las plantas, la gestión de los nutrientes y su integración en el territorio determinarán hasta dónde puede llegar el desarrollo del sector.
Cataluña y la Comunitat Valenciana representan dos aproximaciones a este proceso. Mientras la primera apuesta por aprovechar su base agroganadera y promover soluciones colectivas, la segunda observa cómo la inversión privada impulsa proyectos de mayor escala que los inicialmente previstos. Dos trayectorias distintas que plantean una misma pregunta: cómo producir gas renovable sin trasladar nuevos impactos ambientales a los territorios que lo generan.
La oposición ciudadana a determinadas instalaciones ha puesto de manifiesto que la viabilidad técnica y económica no garantiza por sí sola su implantación.
Del potencial energético a los proyectos reales
A principios de 2026, España contaba con 23 plantas de biometano y una capacidad conjunta próxima a 1,4 TWh anuales, todavía lejos de los 20 TWh de biogás previstos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030.
Cataluña parte de una posición más consolidada. En 2023 disponía de 72 plantas de biogás y su estrategia autonómica aspira a alcanzar 2 TWh anuales en 2030, además de tratar 8,4 millones de toneladas de materia orgánica. Durante los últimos tres años, alrededor de 50 nuevos proyectos han iniciado su tramitación ambiental y urbanística.
La Comunitat Valenciana se encuentra en una fase menos avanzada, aunque con una cartera creciente. Nueve grandes proyectos en evaluación ambiental podrían aportar conjuntamente unos 734 GWh anuales, equivalentes al 31 % del potencial accesible identificado para 2030.
Dos maneras de dimensionar las plantas
Las diferencias aparecen especialmente en la escala de las instalaciones y su relación con las materias primas disponibles.
Cataluña promueve un modelo vinculado a las necesidades de gestión de las deyecciones ganaderas, con especial atención a las plantas colectivas en comarcas de elevada concentración ganadera. La participación de los productores y la proximidad de los residuos constituyen criterios relevantes para orientar las inversiones.
La planificación valenciana contemplaba inicialmente instalaciones pequeñas y medianas distribuidas por el territorio. Sin embargo, la iniciativa privada está favoreciendo proyectos de mayor capacidad, capaces de aprovechar economías de escala, pero también de ampliar las distancias de transporte y las necesidades de gestión de los materiales resultantes.
El tamaño de las plantas deja así de ser únicamente una decisión económica para convertirse en una cuestión de planificación territorial, logística y equilibrio ambiental.
El digestato, la cuestión que puede decidir el futuro del sector
Aunque el biometano concentra buena parte de la atención, la mayor parte de la materia que entra en una planta de digestión anaerobia sale en forma de digestato. Su tratamiento, valorización y destino constituyen uno de los principales condicionantes para la viabilidad ambiental de los proyectos.
Cataluña estima que el cumplimiento de su estrategia supondría gestionar unos 7,8 millones de toneladas anuales de digestato. La recuperación de nutrientes, su transporte hacia zonas con necesidades agronómicas y el tratamiento de la fracción líquida adquieren especial relevancia en territorios vulnerables a la contaminación por nitratos.
Las diferencias aparecen especialmente en la escala de las instalaciones y su relación con las materias primas disponibles.
La Comunitat Valenciana también sitúa esta cuestión entre sus principales prioridades. Los proyectos deben acreditar superficies agrícolas suficientes, balances de nutrientes, condiciones de almacenamiento y sistemas de trazabilidad que permitan controlar el destino final de los materiales.
Ambas administraciones identifican, además, incertidumbres normativas sobre la consideración del digestato como producto y el aprovechamiento de sus fracciones líquidas tratadas, que requieren respuestas a escala estatal.
La aceptación social, una condición para crecer
La oposición ciudadana a determinadas instalaciones ha puesto de manifiesto que la viabilidad técnica y económica no garantiza por sí sola su implantación.
Los movimientos de camiones, los olores, el origen de los residuos, la presión sobre los recursos hídricos y el retorno económico para los municipios se han convertido en cuestiones centrales del debate.
Cataluña defiende la implicación temprana de ganaderos, ayuntamientos y población local, con experiencias como la planta colectiva de Bioproductors d'Alcarràs. La Comunitat Valenciana insiste en evaluar individualmente cada proyecto y considerar también los efectos acumulados de varias instalaciones sobre un mismo territorio.
El futuro del biometano dependerá tanto de su capacidad para producir energía renovable como de su contribución real a resolver problemas locales de gestión de residuos, reducir emisiones y generar valor en el entorno.
Lee el reportaje completo en RETEMA
Con la visión de Laia Sarquella Planella, responsable del Programa de Bioenergía de la División de Gestión Energética del Institut Català d'Energia (ICAEN), y Jorge Blanco Coll, director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, el reportaje analiza cómo están evolucionando los modelos de desarrollo del biometano en ambas comunidades, qué criterios condicionan la dimensión y ubicación de las plantas, cuáles son las principales barreras para la valorización del digestato y qué papel desempeñan la planificación territorial y la aceptación social en el futuro del sector.
Consulta el reportaje completo publicado en el número 273, Especial Bioenergía, de RETEMA.
