Economía circular en pausa: cómo la tramitación administrativa y las barreras normativas frenan una transición necesaria

La economía circular lleva años instalada en el lenguaje de las políticas públicas europeas. Pero si bien el discurso ha evolucionado con fuerza y respaldo político, impulsado por iniciativas como el Pacto Verde Europeo o el Plan de Acción para la Economía Circular y los desarrollos legislativos nacionales y regionales, la práctica avanza con lentitud. Los proyectos que encarnan esta nueva forma de producir y consumir se encuentran, demasiadas veces, con una muralla invisible hecha de trámites, interpretaciones dispares y plazos que parecen no tener final. Es en esa brecha, entre lo que se predica y lo que se permite, donde se juega gran parte del futuro de la transición circular en nuestro país. Conviene recordar las palabras de Frans Timmermans, exvicepresidente de la Comisión Europea y arquitecto del “Green Deal”, cuando decía que “la economía circular no es una opción, es una necesidad económica y ecológica para Europa”. Y, sin embargo, en demasiados casos, las administraciones públicas tratan esta necesidad como si fuera una molestia por tramitar con desgana, o directamente un problema a ralentizar.

Uno de los mayores escollos se encuentra en la fragmentación normativa. España, con su estructura descentralizada, ofrece un mosaico de reglas, interpretaciones y criterios técnicos que varían en función del territorio. Así, un residuo que en una comunidad autónoma puede ser tratado como subproducto o alcanzar la condición de fin de residuo, en otra es condenado a la condición de residuo perpetuo. Esta disfunción desincentiva la inversión, genera inseguridad jurídica y pone en jaque la competitividad de muchos proyectos circulares.

Es en esa brecha entre lo que se predica y lo que se permite, donde se juega gran parte del futuro de la transición circular en nuestro país

Lo mismo ocurre con los usos de materiales reciclados en construcción, con los requisitos para el compostaje de residuos orgánicos o con la reutilización de aguas regeneradas. La legislación, a menudo pensada desde una lógica lineal de control del daño más que desde una perspectiva proactiva de aprovechamiento de recursos, no acompaña. Y cuando lo intenta, llega tarde. Basta ver cómo otras economías europeas han aprobado marcos más dinámicos y ágiles para facilitar la declaración de fin de condición de residuo o para integrar la simbiosis industrial dentro de sus estrategias de desarrollo regional.

Los proyectos que encarnan esta nueva forma de producir y consumir se encuentran, demasiadas veces, con una muralla invisible hecha de trámites, interpretaciones dispares y plazos que parecen no tener final

No se trata solo de normas, sino de cómo se aplican. Y ahí entra en juego otro factor decisivo: la burocracia. Los proyectos de valorización de residuos, de producción de biogás, o de aprovechamiento de aguas depuradas, se enfrentan a procedimientos excesivamente lentos y farragosos. A menudo se exige una cascada de informes sectoriales, autorizaciones encadenadas, subsanaciones reiteradas… Todo ello en un contexto de escasez de personal técnico en las administraciones, especialmente en niveles autonómicos y locales. Como resultado, muchos promotores ven cómo sus proyectos se eternizan o incluso mueren antes de nacer.

En algunos casos, el silencio administrativo se convierte en una trampa. Lejos de significar una autorización tácita, implica la paralización indefinida del expediente. Y mientras tanto, se pierden oportunidades de crear empleo verde, de reducir emisiones y de mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

Ejemplos hay muchos. Uno de los más injustos es el del fin de la condición de residuo. Aunque teóricamente existe un procedimiento para declarar que un determinado material reciclado puede volver al mercado como producto, en la práctica apenas una decena de materiales lo han conseguido en España. Por contraste, países como Italia o Bélgica acumulan decenas de casos aprobados.

El caso de los áridos reciclados, por ejemplo, sigue atrapado entre requisitos técnicos desproporcionados y la falta de voluntad política para darles salida como producto válido en obra pública. Y resulta en especial paradójico, porque es precisamente en el ámbito de la construcción donde más intensamente deberíamos estar actuando: se trata del sector que, Economía circular en pausa:cómo la tramitación administrativa y las barreras normativas frenan una transición necesaria Es en esa brecha entre lo que se predica y lo que se permite, donde se juega gran parte del futuro de la transición circular en nuestro país.

España tiene talento, tiene empresas preparadas y tiene oportunidades únicas para liderar sectores como el reciclaje avanzado, los bioproductos, la recuperación de nutrientes o el ecodiseño. Pero para que todo eso florezca, necesita una administración que actúe como aliada y no como freno

España tiene talento, tiene empresas preparadas y tiene oportunidades únicas para liderar sectores como el reciclaje avanzado, los bioproductos, la recuperación de nutrientes o el ecodiseño. Pero para que todo eso florezca, necesita una administración que actúe como aliada y no como freno. Necesita, en definitiva, una política circular también en los procedimientos, en la regulación y en la mirada.

No se trata sólo de aprobar leyes ambiciosas ni de redactar estrategias impecables. Se trata de hacerlas posibles. De permitir que quien quiere cambiar el modelo, pueda hacerlo sin tener que vencer primero una carrera de obstáculos interminable. La economía circular no puede quedarse en el discurso. O entra en la práctica, o se convertirá en otro eslogan más de los que el tiempo borra por falta de acción.