El impacto de la nueva Directiva Europea de Aguas Residuales en la industria española

El inicio del 2026 se traduce en una gran cantidad de objetivos personales y profesionales. Y entre ellos, conviene no olvidar los que afrontará la sociedad y la industria española con la implantación de la Directiva de Aguas residuales UE 2024/3019.

El texto de la nueva normativa, redactado en noviembre de 2024, obliga a los Estados miembros a su transposición nacional a principios de 2026. Todas las partes del sector deben estar preparadas, desde la administración hasta los ingenieros de instalaciones e industriales.

En España nos encontramos ante legislaciones anticuadas en materia de vertidos, tanto industriales como urbanos. Así como la sociedad cambia en todas sus facetas, sus efluentes y aguas residuales también lo hacen. La nueva directiva mejorará su uso y regulación.

Con el fin de que la norma se implante correctamente, los ingenieros y técnicos especializados en aguas debemos aportar formación e información a los industriales no sólo a nivel legal, sino también a nivel técnico y preventivo.

¿Cuál es el alcance de la normativa?

El agua y sus vertidos industriales y domésticos constituyen retos tanto técnicos como ambientales y de salud pública. E involucran al tan estudiado y analizado ciclo del agua: los contaminantes producen efectos directos en los recursos hídricos potables de consumo humano y en nuestra salud.

Las industrias, sean del sector que sean, implementan constantes mejoras en sus regímenes productivos no sólo a nivel de proceso, sino de aditivos y sustancias que mejoran dicho proceso y el producto final. La ley europea fomentará este control a cada caso concreto, focalizando la atención en nuevos contaminantes y vertidos peligrosos.

Las empresas e industrias deberán justificar qué vierten, cómo y por qué. Y los ingenieros químicos deberemos ejercer un papel decisivo: analizar el proceso industrial, evaluarlo en el origen y plantear unas matrices de riesgos y medidas correctoras adaptadas a cada proceso.

La formación multidisciplinar será decisiva para el análisis de desviaciones y la implementación de mejoras correctivas formará parte del día a día y del aprendizaje entre todos.

Los contaminantes emergentes: de nuevo en el “punto de mira”

Hace años que conocemos la presencia de los microplásticos. Son contaminantes que no se ven, pero que generan un riesgo acumulativo a la sociedad, con daños aún poco evaluados. En la mayoría de las ocasiones, son los aditivos que se usan para mejorar sus propiedades los que causan esos efectos nocivos. Hablamos, por ejemplo, del bisfenol A, un disruptor endocrino que se encuentra en numerosos productos de consumo, incluidos envases de alimentos.

Por ello, entre otras directrices, la nueva normativa dicta que los fármacos, hormonas ( que salen libres al medio, por ejemplo, tras tratamientos sanitarios) y productos de higiene personal tienen que ser evaluados y analizados. Esto implicará mejoras en los análisis químicos y técnicas instrumentales e incrementará los costes de las empresas y laboratorios. Los contaminantes habituales, como DQO, nitrógeno, aceites y grasas también sufrirán un mayor control, volviéndose más restrictivos los niveles permitidos de todos ellos.

Mayor control implica mayor transparencia

Además, con la nueva norma aparecen los llamados “tratamientos cuaternarios”, una fase avanzada de depuración de aguas residuales diseñada para eliminar contaminantes emergentes.

Desde hace años las ciudades cuentan con tratamientos de efluentes procedentes de depuradoras que, tras pasar por una una red separativa, se distribuyen para distintos usos, principalmente para riego y baldeo. El Decreto 1085/2024 en materia de recuperación de aguas, que vio la luz en el 2024, supuso una actualización consolidada en España, contribuyendo a una mayor concienciación en cuanto a la evaluación y el control del riesgo. Aunque su uso se ha fomentado principalmente en el ámbito administrativo mediante redes de distribución de aguas regeneradas para riego y baldeo, la complejidad de ejecución y desarrollo está siendo un problema palpable a nivel empresarial.

La necesidad de erradicar contaminantes con alto carácter recalcitrante (difíciles de ser degradados), no eliminables con las depuradoras actuales, implica el uso de Tratamientos por Oxidación Avanzada, también denominados POAs. Entre este tipo de procesos destacan el Fenton y las tecnologías de membranas (electrodiálisis, pervaporación y las filtraciones finales con membranas porosas y/o compactas), los cuales supondrán nuevas líneas de investigación que darán continuidad a las actuales.

Instaurar este tipo de tratamientos ya no se reducirá a un estudio a escala de laboratorio, será una realidad que se pueda ejecutar a escala industrial. La nueva directiva implica un reporte de datos desde las instalaciones a la administración. Este flujo de información no debe ser considerado una debilidad para las industrias, sino una fortaleza para todos y el avance de la ingeniería del agua y de sus tratamientos avanzados.

La monitorización, el análisis y el volcado de datos formarán parte de estudios que instaurarán soluciones preventivas ante futuras desviaciones. El machine learning puede ser una buena herramienta junto con el big data para la obtención de modelos predictivos. Y, con esta evidencia, el que contamina deberá pagar.

A pesar de todos los efectos que suponen para las empresas, no hay que ver estos cambios legales como inviables o punitivos al régimen habitual de funcionamiento de las depuradoras, sino más bien como una oportunidad para adaptar la ingeniería química y del agua como un reto para modernizar infraestructuras y legislaciones obsoletas, crear empleo verde y fomentar la salud pública y el desarrollo tecnológico.

En unos meses podremos tener ya un diagnóstico de cómo se encuentra nuestro país en materia de control de aguas residuales.

Un artículo de Borja Garrido Arias, Profesor Dpto. Ingeniería Mecánica, Escuela ICAI, Universidad Pontificia Comillas.