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El sector de los residuos pide excluir la valorización energética del mercado europeo de carbono

AEVERSU, ASELIP y Circularis advierten de que la incorporación de estas instalaciones al EU ETS podría encarecer el tratamiento de residuos y dificultar la reducción del vertido en España
Entidad
17-11-2026

Tres asociaciones del sector español de los residuos han solicitado a las instituciones europeas y al Gobierno de España que la futura reforma del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS) permita excluir la valorización energética de residuos municipales en aquellos países que todavía no cumplen los objetivos comunitarios de reducción del vertido.

La petición está respaldada por la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU), la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (ASELIP) y la asociación de empresas de gestión y tratamiento de residuos municipales Circularis. Las tres organizaciones han trasladado su posición al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y reclaman que se tengan en cuenta las diferencias entre los sistemas de gestión de residuos de los Estados miembros.

Su preocupación se centra en las consecuencias económicas y ambientales que, a su juicio, podría tener la incorporación de la incineración con recuperación de energía al mercado europeo de carbono, especialmente en países como España, donde el vertedero sigue concentrando una parte considerable de los residuos municipales.

 

La reforma del EU ETS plantea incorporar la valorización energética entre 2031 y 2034

La propuesta de revisión del EU ETS presentada por la Comisión Europea el 17 de julio contempla la incorporación progresiva de la incineración con recuperación de energía de residuos municipales no peligrosos entre 2031 y 2034.

El planteamiento también prevé incluir los vertederos en el sistema de seguimiento, notificación y verificación de emisiones (MRV) y evaluar, antes del 31 de diciembre de 2034, la conveniencia de incorporarlos plenamente al mercado europeo de carbono.

AEVERSU, ASELIP y Circularis consideran que la aplicación de un precio armonizado del carbono a la valorización energética podría tener efectos diferentes según la situación de cada país. En los Estados del norte de Europa, donde existe una red consolidada de instalaciones de valorización energética y una menor dependencia del vertedero, la medida partiría de unas condiciones distintas a las de los países del sur.

En España, las asociaciones advierten de que el déficit de instalaciones de tratamiento y valorización energética podría agravar el impacto económico de la reforma. En particular, sostienen que aplicar el EU ETS a la valorización energética sin incorporar simultáneamente los vertederos podría alterar los costes relativos de ambas opciones de tratamiento y favorecer el desvío de residuos hacia estos últimos.

Las organizaciones argumentan que este desplazamiento podría dificultar la reducción de emisiones del sector, debido a las emisiones de metano asociadas al depósito de residuos en vertedero. También alertan de la posibilidad de que los nuevos costes repercutan sobre los ayuntamientos y la ciudadanía.

 


Las asociaciones advierten de que aplicar un precio al carbono a la valorización energética, sin incorporar plenamente los vertederos al EU ETS, podría favorecer el desvío de residuos hacia esta última opción.

 

España mantiene una tasa de vertido del 47,3 %, frente al 21,3 % europeo

La petición de las tres organizaciones se apoya en la distancia que todavía separa a España de los objetivos europeos de gestión de residuos municipales.

Según los datos de la Comisión Europea recogidos en su comunicado, el 47,3 % de los residuos municipales generados en España terminó en vertedero en 2024, frente al 21,3 % de media en la Unión Europea.

Las diferencias también son significativas en materia de reciclaje. España registró una tasa del 42,5 %, mientras que el promedio comunitario alcanzó el 48,1 %, una distancia de 5,6 puntos porcentuales.

La normativa europea establece que, en 2035, los Estados miembros deberán reducir hasta un máximo del 10 % la proporción de residuos municipales depositados en vertedero. Para alcanzar ese umbral, España tendría que disminuir su tasa de vertido en 37,3 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en 2024.

Las asociaciones consideran que este escenario exige ampliar y modernizar las infraestructuras de tratamiento disponibles. En su opinión, la futura regulación del mercado de carbono debería tener en cuenta las necesidades de inversión de los países que todavía presentan una elevada dependencia del vertedero.

 

Una exclusión condicionada al cumplimiento de los objetivos de 2035

Ante esta situación, AEVERSU, ASELIP y Circularis proponen que la futura directiva de reforma del EU ETS permita solicitar la exclusión de las instalaciones de incineración de residuos municipales en los Estados miembros que no cumplan ni estén en condiciones de cumplir los objetivos de reducción del vertido para 2035.

La propuesta estaría condicionada a la presentación de un plan de inversiones destinado a desarrollar las infraestructuras de tratamiento necesarias para alcanzar las metas comunitarias.

Las organizaciones defienden que este mecanismo permitiría adaptar la aplicación del mercado europeo de carbono a las circunstancias de cada país, sin añadir costes a las instalaciones de valorización energética durante el proceso de reducción de su dependencia del vertedero.

 


AEVERSU, ASELIP y Circularis proponen vincular la posible exclusión del EU ETS a un plan de inversiones que permita desarrollar las infraestructuras necesarias para cumplir los objetivos de vertido de 2035.

 

El sector plantea trasladar el coste del carbono a las fases anteriores de la cadena de valor

Una vez alcanzados los objetivos de reducción del vertido, las tres asociaciones consideran necesario revisar cómo se distribuye la responsabilidad económica por las emisiones asociadas a los residuos municipales.

En este sentido, reclaman que las instituciones europeas y el Gobierno de España trabajen para aplicar el principio de "quien contamina, paga", recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Su propuesta consiste en trasladar el coste del carbono hacia las fases anteriores de la cadena de valor, incluidos los productores de residuos y, cuando corresponda, los fabricantes de productos.

Las asociaciones argumentan que las instalaciones de tratamiento final reciben residuos sobre cuya composición no tienen capacidad de decisión y que, por tanto, tampoco pueden determinar completamente las emisiones de CO₂ asociadas a su tratamiento.

Con este planteamiento, AEVERSU, ASELIP y Circularis reclaman que la revisión del EU ETS considere el conjunto del sistema de gestión de residuos y las consecuencias de las distintas opciones regulatorias sobre los objetivos de reciclaje, reducción del vertido y descarbonización.

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