El sector del agua reclama a los partidos un pacto de Estado para afrontar un déficit de 4.485 millones anuales

El sector del agua urbana reclama situar la gestión de los recursos hídricos entre las prioridades estratégicas de la próxima legislatura. La Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) y la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) han trasladado a los partidos políticos un documento con diez propuestas para abordar los principales desafíos del sector, entre los que destacan un déficit de inversión de 4.485 millones de euros anuales, las dificultades de financiación de los servicios y la necesidad de adaptar las infraestructuras a las nuevas exigencias ambientales y climáticas.

El documento, titulado El agua, clave para el futuro: prioridades para la nueva legislatura, está dirigido a los responsables políticos que asumirán la dirección del país tras las elecciones del 29 de noviembre. Ambas asociaciones defienden que el abastecimiento, el saneamiento, la desalación y la reutilización deben ocupar una posición central en las políticas públicas por su contribución a la calidad de vida, el desarrollo económico, la competitividad y la resiliencia del territorio.

Para ello, plantean avanzar hacia un pacto social y político por el agua que implique a las administraciones estatal, autonómicas y locales, así como a la ciudadanía, y permita garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social de los servicios.

Un déficit de inversión de 4.485 millones anuales condiciona la renovación de infraestructuras

La financiación constituye uno de los principales ejes del decálogo presentado por DAQUAS y AEDyR. Según ambas organizaciones, el déficit de inversión del sector del agua urbana alcanza actualmente los 4.485 millones de euros al año, una situación que limita la capacidad de renovar las instalaciones existentes y desarrollar nuevas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, reutilización y desalación.

Tradicionalmente, estas necesidades se han financiado mediante impuestos, tarifas y transferencias. Sin embargo, las asociaciones advierten de que los ingresos tarifarios permiten cubrir fundamentalmente los costes de operación, pero apenas contribuyen a atender las necesidades de inversión.

El sector del agua urbana acumula un déficit de inversión de 4.485 millones de euros anuales, que condiciona la renovación de infraestructuras y el desarrollo de nuevas instalaciones.

Ante esta situación, consideran imprescindible establecer nuevas fuentes estructurales de financiación y un marco inversor estable y previsible que garantice la sostenibilidad, la calidad y la eficiencia de los servicios.

Como referencia, destacan los resultados de los fondos Next Generation destinados a la digitalización del ciclo integral del agua. Aunque valoran positivamente su aplicación, señalan que únicamente se ha concedido el 22 % de la financiación solicitada, por lo que reclaman nuevas convocatorias y una ampliación de los ámbitos de actuación financiables.

Las asociaciones reclaman nuevas fuentes de financiación estructural, después de que los fondos Next Generation para la digitalización del agua hayan cubierto solo el 22 % de la financiación solicitada.

Las tarifas del agua en España se sitúan un 53 % por debajo de la media europea

La sostenibilidad económica de los servicios también ocupa un lugar destacado entre las propuestas del sector.

DAQUAS y AEDyR señalan que las tarifas del agua en España son un 53 % inferiores a la media europea y representan el 0,8 % del gasto de los hogares. En este contexto, defienden la necesidad de desvincular su determinación de la confrontación política y avanzar hacia estructuras tarifarias capaces de financiar tanto la prestación cotidiana de los servicios como la renovación de las infraestructuras.

Las asociaciones proponen introducir una mayor transparencia y homogeneidad en el cálculo de las tarifas, de manera que se avance en el principio de recuperación adecuada de costes establecido por la Directiva Marco del Agua.

Asimismo, consideran necesaria una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permita incorporar fórmulas de revisión de precios vinculadas a la estructura real de costes de los servicios, con el objetivo de preservar la sostenibilidad económica de los contratos.

Las tarifas del agua en España se sitúan un 53 % por debajo de la media europea y representan apenas el 0,8 % del gasto familiar, según DAQUAS y AEDyR.

Un marco regulatorio estable para afrontar las nuevas exigencias europeas

Otro de los grandes retos identificados por las asociaciones es la adaptación del sector a un marco normativo cada vez más exigente.

DAQUAS y AEDyR consideran necesario que las legislaciones nacional y europea contemplen plazos de aplicación realistas y mecanismos de financiación suficientes, evitando que las nuevas obligaciones comprometan la sostenibilidad de los servicios.

Entre las principales prioridades sitúan la transposición y aplicación de las nuevas directivas europeas del agua, especialmente la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU), cuya implementación exigirá inversiones sin precedentes.

Las organizaciones reclaman que el proceso de transposición, actualmente en marcha, avance con celeridad y seguridad jurídica, con el fin de evitar posibles incumplimientos y sanciones europeas.

Mayor coordinación administrativa y una regulación homogénea

La distribución de competencias en materia de agua urbana representa otro de los ámbitos en los que el sector considera necesario introducir mejoras.

La gestión de estos servicios corresponde al ámbito municipal y se desarrolla mediante diferentes fórmulas de prestación pública, privada y mixta, con la participación de múltiples administraciones y operadores.

Ante esta diversidad, DAQUAS y AEDyR defienden la conveniencia de establecer un marco regulador homogéneo a escala nacional que proporcione seguridad jurídica, estabilidad económica y garantías de protección ambiental.

El decálogo también reclama reforzar la transparencia, la tecnificación y la profesionalización de los servicios para asegurar niveles de prestación equitativos en todo el territorio.

En paralelo, las asociaciones proponen crear un mecanismo estable de interlocución entre el sector y la Administración General del Estado, articulado a través del departamento ministerial competente. Este instrumento permitiría disponer de un punto de referencia institucional y mejorar la coordinación con los distintos organismos que intervienen en la gestión del agua urbana.

La colaboración público-privada y la contratación pública, claves para acelerar las inversiones

La necesidad de movilizar mayores recursos económicos lleva a ambas organizaciones a reclamar un impulso de la colaboración público-privada.

DAQUAS y AEDyR consideran que la magnitud de las inversiones pendientes exige aprovechar las capacidades de todos los agentes involucrados en la prestación de los servicios del agua.

En este sentido, señalan que la burocracia y la rigidez de los procedimientos de contratación pública ralentizan la ejecución de inversiones, por lo que plantean introducir mecanismos que permitan agilizar los procesos.

Las asociaciones defienden asimismo que los criterios de adjudicación otorguen mayor importancia a la calidad, la sostenibilidad y la innovación, evitando que el precio sea el factor predominante en la contratación.

El objetivo es facilitar el desarrollo de las infraestructuras necesarias y mejorar la capacidad del sector para responder a sus desafíos económicos, tecnológicos y ambientales.

La adaptación a las nuevas directivas europeas, especialmente la de aguas residuales urbanas, exigirá inversiones sin precedentes y un marco regulatorio estable que garantice su aplicación.

Desalación y reutilización para reforzar la seguridad hídrica de España

La adaptación al cambio climático constituye otro de los ejes del documento, especialmente por la exposición de España a fenómenos extremos como las sequías y las inundaciones.

Las asociaciones advierten de que estos episodios afectan directamente a la disponibilidad de recursos hídricos, la continuidad de los servicios y la protección de las personas y del medio ambiente.

Entre las soluciones propuestas destacan los sistemas de drenaje urbano sostenible, considerados herramientas relevantes para mejorar la adaptación de las ciudades frente a los efectos del cambio climático.

No obstante, el decálogo concede un protagonismo especial a la desalación y la reutilización de agua regenerada como recursos complementarios para reforzar la seguridad hídrica.

Ambas tecnologías permiten disponer de recursos alternativos con independencia de la pluviometría y contribuyen a mejorar la resiliencia de los sistemas de suministro frente a periodos de escasez.

DAQUAS y AEDyR subrayan que su desarrollo debe orientarse a garantizar la continuidad del abastecimiento de la demanda existente, y no a incrementar dicha demanda.

La desalación y la reutilización deben integrarse de forma estructural en la planificación hidrológica para reforzar la seguridad hídrica y reducir la vulnerabilidad frente a las sequías.

Planificación, financiación y seguridad jurídica para impulsar nuevas instalaciones

España cuenta con una posición de referencia internacional en desalación y reutilización, tanto por su experiencia tecnológica como por la capacidad de su industria e ingeniería.

Las asociaciones consideran que este conocimiento constituye también una oportunidad para reforzar la competitividad del sector y su proyección en los mercados internacionales.

Sin embargo, advierten de que aprovechar plenamente ese potencial requiere integrar ambas tecnologías de manera estructural en la planificación hidrológica.

Entre las medidas propuestas figuran agilizar los procedimientos administrativos para construir nuevas plantas y autorizar el uso de agua regenerada, garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones y establecer mecanismos estables de financiación.

También reclaman un reconocimiento claro y completo de la desalación y la reutilización dentro de la Taxonomía europea, de forma que ambas actividades puedan ser consideradas inversiones sostenibles.

El sector reclama situar el agua entre las prioridades estratégicas del país

Más allá de las medidas económicas, normativas y tecnológicas, DAQUAS y AEDyR insisten en la necesidad de reconocer el carácter esencial y estratégico del agua urbana.

Las organizaciones defienden una visión de Estado que proporcione estabilidad regulatoria, continuidad a las inversiones y capacidad para responder a las exigencias sociales, ambientales y competitivas, tanto nacionales como comunitarias.

En este contexto, consideran fundamental que la gestión del agua se incorpore de forma estable a la agenda política y deje de utilizarse como elemento de confrontación, favoreciendo la equidad y la cohesión entre los distintos territorios.

Información y participación ciudadana para garantizar la sostenibilidad del servicio

El último de los ámbitos abordados por el decálogo es la relación entre el sector del agua y la ciudadanía.

Las asociaciones sostienen que la sostenibilidad económica de los servicios debe ser compatible con la protección social y que los usuarios necesitan disponer de información suficiente para comprender los procesos asociados a la gestión del agua y valorar adecuadamente el servicio.

Para avanzar en este objetivo, plantean reforzar las iniciativas de sensibilización y promover una comunicación plural, transparente y eficaz entre las administraciones públicas, los operadores y la sociedad.

La información ciudadana debe contribuir, según las organizaciones, a mejorar el conocimiento sobre el valor del agua y las diferentes alternativas disponibles para garantizar su suministro.

Como conclusión, DAQUAS y AEDyR reiteran su llamamiento a alcanzar un pacto social y político por el agua que comprometa a los responsables institucionales de todos los niveles administrativos y a los ciudadanos con la sostenibilidad ambiental, económica y social de los servicios del agua urbana.