El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de las lagunas en la regulación de las PFAS y sus riesgos para la salud
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La regulación europea de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) presenta importantes deficiencias que dificultan el control de su presencia en el medio ambiente y la protección de la salud humana. Así lo advierte un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, publicado el 18 de noviembre, que cuestiona la capacidad del marco normativo comunitario para responder a los riesgos asociados a estos compuestos, conocidos como "sustancias químicas eternas".
Los auditores señalan que la mayoría de las PFAS no están registradas en el sistema europeo de sustancias químicas, que los procedimientos para restringir su utilización requieren varios años y que la aplicación de los controles presenta diferencias significativas entre los Estados miembros. Además, advierten de que los límites legales establecidos para determinados alimentos y el agua potable no siempre garantizan la seguridad de una exposición habitual o prolongada.
Las PFAS constituyen una amplia familia de compuestos sintéticos utilizados en numerosos productos industriales y de consumo por sus propiedades de resistencia al calor y su capacidad para repeler el agua, las grasas y las manchas. Su elevada persistencia favorece su acumulación en el medio ambiente y, en determinados casos, en el organismo humano.
Según recoge el informe, diversos estudios han relacionado la exposición a estas sustancias con efectos adversos para la salud, incluidos determinados tipos de cáncer, alteraciones hormonales y problemas reproductivos. Los costes sanitarios asociados a esta exposición en Europa se estiman entre 52.000 y 84.000 millones de euros anuales.
La mayoría de las PFAS permanece fuera del registro europeo de sustancias químicas
Aunque la Unión Europea comenzó a restringir determinadas PFAS en 2006, el Tribunal de Cuentas Europeo constata que buena parte de estos compuestos continúa sin estar registrada en el marco del Reglamento REACH, que regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias químicas.
Esta situación limita la información disponible sobre sus propiedades y posibles riesgos, ya que los productores no están obligados a realizar los mismos ensayos exigidos a las sustancias sujetas a registro.
Entre los ejemplos mencionados por los auditores figura el politetrafluoroetileno (PTFE), un material ampliamente utilizado en revestimientos antiadherentes y prendas impermeables.
El informe también cuestiona la lentitud de los procedimientos regulatorios. Según sus conclusiones, la aprobación de restricciones sobre sustancias químicas requiere una media de cinco años, un plazo durante el cual los fabricantes pueden sustituir los compuestos afectados por otros de características similares cuyos riesgos tampoco estén suficientemente evaluados.
Esta práctica, conocida como "sustitución desafortunada", constituye uno de los problemas identificados por los auditores en el funcionamiento del sistema europeo de control de las PFAS.
Los procedimientos de restricción tardan una media de cinco años y uno de cada tres Estados miembros todavía no realiza controles para verificar el cumplimiento de las limitaciones sobre PFAS.
Controles desiguales y deficiencias en la aplicación de la normativa
La supervisión del cumplimiento constituye otro de los puntos débiles señalados por el Tribunal.
El informe advierte de que el sistema europeo depende en gran medida de los mecanismos de autocontrol de las empresas, mientras que uno de cada tres Estados miembros no realiza inspecciones para comprobar el cumplimiento de las restricciones aplicables a las PFAS.
Estas diferencias en la vigilancia dificultan una aplicación homogénea de la legislación comunitaria y pueden reducir la eficacia de las medidas adoptadas para limitar la comercialización y utilización de determinados compuestos.
Los auditores consideran que las deficiencias en el registro, la evaluación y el seguimiento de estas sustancias evidencian las limitaciones del marco regulatorio actual para gestionar un grupo de compuestos especialmente amplio y persistente.
Los límites en alimentos y agua potable no garantizan una protección completa
Una parte relevante de la auditoría se centra en la exposición de la población a través de los alimentos y el agua potable, dos de las principales vías de incorporación de PFAS al organismo.
En el caso del agua de consumo, el Tribunal señala que los límites legales se han respetado generalmente durante los últimos años. Sin embargo, advierte de que estos valores se basan en conocimientos científicos de 2017 y podrían resultar insuficientes ante la acumulación progresiva de estas sustancias en suelos y recursos hídricos.
Los auditores alertan de que el aumento de la contaminación podría provocar incumplimientos más frecuentes de los límites establecidos, con consecuencias tanto para la protección de los consumidores como para los costes de tratamiento del agua.
De hecho, casi un tercio de los Estados miembros ha establecido límites nacionales adicionales para las PFAS en el agua potable, más allá de las exigencias comunitarias.
En relación con los alimentos, el informe identifica una situación especialmente preocupante. Los contenidos máximos permitidos por la normativa europea responden a un equilibrio entre la reducción de la contaminación y la disponibilidad de productos alimentarios en el mercado, pero no garantizan necesariamente que su consumo habitual resulte seguro a largo plazo.
Para ilustrar esta cuestión, los auditores calcularon que, si determinados alimentos presentaran las concentraciones máximas de PFAS legalmente permitidas, una persona podría superar la ingesta semanal tolerable con cantidades relativamente pequeñas.
Los ejemplos recogidos incluyen 7 gramos de anchoas, 39 gramos de salmón salvaje, 181 gramos de huevos o 237 gramos de carne de vacuno.
Estos cálculos representan escenarios basados en las concentraciones máximas autorizadas y no describen necesariamente los niveles habituales de contaminación de dichos alimentos.
El Tribunal advierte de que los límites actuales de PFAS en alimentos y agua potable pueden resultar insuficientes para garantizar la seguridad de una exposición continuada.
La restricción general de las PFAS sigue sin una fecha próxima de aprobación
El informe también examina los avances hacia una regulación más amplia de estas sustancias en la Unión Europea.
Cinco países europeos presentaron en 2021 una propuesta para restringir de forma general las PFAS, pero su alcance y complejidad han ralentizado el procedimiento. Según los auditores, es poco probable que una restricción que abarque al conjunto de estas sustancias entre en vigor a corto plazo.
Mientras tanto, al menos dos Estados miembros han adoptado restricciones nacionales sobre determinados productos de consumo más exigentes que las vigentes en el conjunto de la UE.
El Tribunal también señala que, desde la presentación de aquella iniciativa, no se han iniciado nuevos procedimientos europeos de restricción de PFAS, pese a la creciente evidencia científica sobre sus riesgos.
Esta situación mantiene importantes diferencias entre las medidas adoptadas por los países y retrasa el establecimiento de un marco común más amplio para limitar la presencia de estos compuestos en productos y procesos industriales.
Joëlle Elvinger, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría, ha advertido de la necesidad de acelerar la respuesta comunitaria:
"Estas sustancias químicas pueden durar para siempre, pero hay formas de limitar sus efectos nocivos en las personas y en el medio ambiente".
El informe concluye que la Unión Europea necesita reforzar los mecanismos de registro, restricción y vigilancia de las PFAS para evitar que su persistencia y acumulación sigan avanzando más rápidamente que las medidas destinadas a controlar sus riesgos.

