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Fabricantes y gestores de RAEE piden al Gobierno que rechace el nuevo gravamen europeo sobre residuos electrónicos

Dieciocho organizaciones del sector cuestionan la propuesta de establecer una contribución de 2 euros por kilogramo de residuos electrónicos no recogidos y advierten de que podría superar los 1.800 millones de euros anuales en España
Entidad
19-11-2026

Las asociaciones de fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) han solicitado al Gobierno español que rechace la propuesta de la Unión Europea de introducir una nueva contribución presupuestaria vinculada a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Las organizaciones consideran que la medida podría incrementar los costes de la industria sin garantizar mejoras en la recogida y el reciclaje de estos residuos.

La iniciativa se enmarca en la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea y contempla la creación de un nuevo recurso de financiación calculado a razón de 2 euros por kilogramo de residuos electrónicos no recogidos, tomando como referencia la diferencia entre las cantidades de aparatos puestos en el mercado y los residuos recogidos.

En un comunicado conjunto difundido el 18 de noviembre, las entidades firmantes cuestionan la eficacia ambiental del mecanismo y advierten de sus posibles consecuencias económicas. Según sus estimaciones, la contribución podría superar los 1.800 millones de euros anuales en España y los 17.000 millones en el conjunto de la Unión Europea.

 

Preocupación por el impacto económico sobre la industria

Las organizaciones señalan que la propuesta está concebida como un instrumento de financiación del presupuesto comunitario, sin que exista una garantía de que los ingresos obtenidos se destinen directamente a mejorar los sistemas de recogida y reciclaje de residuos electrónicos.

Uno de los principales puntos de preocupación es la forma en que cada Estado miembro asumiría esta contribución. Los firmantes advierten de que, si España optara por trasladar el coste a los fabricantes mediante una figura impositiva, las empresas tendrían que afrontar una carga económica adicional que podría repercutir en su competitividad y capacidad de inversión.

Como precedente, citan el impuesto español sobre los envases de plástico no reutilizables, cuyo coste recae sobre los operadores afectados.

El sector también alerta de que las negociaciones europeas podrían dar lugar a ajustes anuales de la cuantía del gravamen, incrementando las obligaciones financieras asociadas al mecanismo.

 


Las organizaciones estiman que la contribución podría superar los 1.800 millones de euros anuales en España, aunque su repercusión sobre los fabricantes dependería de cómo se articule su financiación.

 

Dudas sobre su contribución a los objetivos de recogida y reciclaje

Más allá del impacto económico, los firmantes cuestionan que vincular las aportaciones al presupuesto europeo con los residuos electrónicos no recogidos constituya un incentivo adecuado para mejorar su gestión.

Según argumentan, el mecanismo podría generar una contradicción entre los objetivos ambientales y los presupuestarios, al establecer una fuente de ingresos cuya cuantía depende de la diferencia entre los aparatos comercializados y los residuos recogidos.

Las asociaciones también advierten de una posible incompatibilidad con las políticas europeas orientadas a prolongar la vida útil de los productos mediante el ecodiseño, la reparación y el reacondicionamiento.

En este sentido, sostienen que una mayor durabilidad de los aparatos puede ampliar la diferencia entre los equipos puestos en el mercado y los residuos recogidos, ya que parte de los productos comercializados continúa en funcionamiento durante años.

Por ello, consideran que el sistema de cálculo debería tener en cuenta las características del ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos y evitar que los esfuerzos destinados a prolongar su utilización tengan consecuencias económicas desfavorables.

 

La fiabilidad de los datos nacionales, otro punto de conflicto

El comunicado también cuestiona la calidad de la información que serviría para determinar las contribuciones de los Estados miembros.

Las organizaciones expresan preocupación por la fiabilidad, comparabilidad y verificación de los datos nacionales de recogida de RAEE, y hacen referencia a las deficiencias identificadas por el Tribunal de Cuentas Europeo en los mecanismos de control de esta información.

Entre las limitaciones señaladas figuran la ausencia de una obligación de verificación de los datos por parte de los Estados miembros y la falta de una base jurídica que permita a Eurostat auditarlos.

Los firmantes consideran que establecer aportaciones económicas de esta magnitud exige disponer de información contrastada y metodologías homogéneas. De lo contrario, advierten de que las diferencias en los sistemas de cálculo podrían distorsionar tanto las contribuciones nacionales como las previsiones de ingresos del presupuesto europeo.

 


El sector advierte de que el cálculo de la contribución debe apoyarse en datos fiables y tener en cuenta la durabilidad de los aparatos para evitar posibles distorsiones.

 

La revisión de la Directiva RAEE como alternativa

Frente a la introducción de una nueva contribución, las asociaciones proponen aprovechar la próxima revisión de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para corregir las deficiencias que dificultan el cumplimiento de los objetivos de recogida.

Entre las prioridades identificadas figuran el refuerzo de la aplicación de la normativa, la mejora de la trazabilidad de los residuos y una mayor vigilancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores, incluidos los vendedores que comercializan productos a través de plataformas digitales.

Los firmantes recuerdan que los fabricantes ya participan en la financiación y organización de la gestión de los residuos electrónicos mediante los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

No obstante, subrayan que mejorar los resultados de recogida requiere la participación de otros agentes, como las administraciones locales, los distribuidores, los gestores de residuos, los recicladores y los consumidores.

 

Una petición conjunta de dieciocho organizaciones

El posicionamiento está respaldado por siete asociaciones empresariales de fabricantes: APPLiA España, AFEC, AFME, AMETIC, ANFALUM, CEPCO y FEGECA.

A ellas se suman once sistemas colectivos y entidades vinculadas a la responsabilidad ampliada del productor: Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, ERP (European Recycling Platform), EcoRAEEs, Recyclia, REINICIA y Sunreuse.

Las organizaciones aseguran haber trasladado durante los últimos meses su oposición a la propuesta a los ministerios españoles implicados en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual.

Su petición es que el Gobierno rechace la introducción de este recurso presupuestario y defienda medidas dirigidas a resolver las dificultades estructurales de la recogida y el tratamiento de residuos electrónicos mediante la revisión de la normativa europea.

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