Fenacore busca extender a Aragón el modelo de financiación que alivia la carga económica de los regantes

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) trabaja para implantar en Aragón el sistema de financiación que ya funciona en Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Este mecanismo permite a los agricultores disminuir de forma significativa su aportación económica en las obras de modernización de regadíos. En el territorio aragonés todavía quedan por modernizar cerca de 170.000 hectáreas.

El modelo se basa en una colaboración público-privada en la que los regantes asumen un porcentaje menor del coste total. Gracias a la aportación de las comunidades autónomas a través de los Fondos de Desarrollo Rural, la carga económica de los agricultores desciende por debajo del 50% inicial que debían afrontar antes de este tipo de acuerdos.

Ejemplos de financiación en otras comunidades

La aplicación del modelo varía según la comunidad:

• Castilla y León: los regantes solo aportan el 24% de la inversión. El ITACyL financia el 26% y Seiasa el 50% restante.

• Andalucía: la aportación de los regantes es del 30%. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural cubre el 50% y Seiasa el 20%.

• Extremadura: la participación de los agricultores se reduce al 20%. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio asume el 30% y Seiasa el 50%.

Un modelo consolidado desde 2017

La iniciativa no es nueva. Castilla y León fue la primera comunidad en firmar este convenio en 2017, seguida por Andalucía en abril de este año y por Extremadura hace apenas dos meses. Desde entonces, Fenacore ha trabajado para consolidar un sistema basado en el consenso entre administraciones de distinto signo político, con el fin de acelerar la modernización de regadíos.

Declaraciones de Fenacore

El presidente de la organización, Juan Valero de Palma, destacó: “Fenacore lleva insistiendo desde hace tiempo por un modelo de cooperación entre administraciones que evite la confrontación política y que se centre en iniciativas prácticas que tengan un impacto real sobre la sociedad”. Además, señaló que “seguiremos insistiendo por una vía que facilite la resolución de retos comunes”.

Aparte de Aragón, todavía hay varias autonomías que no se han incorporado a este modelo de financiación. Entre ellas figuran Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia.