La Comisión Europea rechaza suspender la RAP en el tratamiento de aguas residuales
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La Comisión Europea ha rechazado la petición del Parlamento Europeo de suspender el sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) previsto en la Directiva revisada sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El mecanismo establece que los productores de los sectores farmacéutico y cosmético deben asumir al menos el 80 % de los costes asociados a la eliminación de microcontaminantes de las aguas residuales.
En su respuesta, el Ejecutivo comunitario defiende las estimaciones económicas utilizadas para diseñar el sistema y considera que una suspensión introduciría incertidumbre tanto para las empresas afectadas como para las administraciones públicas encargadas de aplicar la normativa.
Bruselas mantiene el modelo de financiación
La responsabilidad ampliada del productor traslada a quienes comercializan productos que contienen sustancias contaminantes una parte sustancial de los costes necesarios para retirar esos compuestos del agua residual. En este caso, la medida afecta específicamente a los productores farmacéuticos y cosméticos incluidos en el ámbito de la directiva.
El sistema exige a los productores financiar, como mínimo, el 80 % de los costes de eliminación de microcontaminantes de las aguas residuales
La Comisión también ha anunciado que publicará orientaciones sobre el modelo de pagos de la RAP. Según su respuesta, estas indicaciones prestarán especial atención a las garantías relacionadas con la asequibilidad, la disponibilidad y el acceso a los medicamentos.
La aplicación de la directiva sigue su curso pese a los litigios
La posición de la Comisión mantiene la orientación del marco normativo, aunque continúan abiertos procedimientos judiciales que cuestionan la inclusión de los sectores farmacéutico y cosmético en este mecanismo. La respuesta comunicada por Bruselas no supone la resolución de esos litigios.
La Comisión considera que suspender el sistema generaría incertidumbre para la industria y las autoridades públicas
La implantación de la RAP es uno de los elementos económicos de la directiva revisada, al vincular el coste de retirar determinadas sustancias de las aguas residuales con los sectores cuyos productos contribuyen a su presencia. La cuestión afecta tanto a la financiación de los tratamientos como al reparto de costes entre productores y servicios de agua.
El sector defiende el principio de quien contamina paga
La federación europea de asociaciones nacionales de servicios de agua, EurEau, ha reiterado su apoyo a la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor conforme al principio de "quien contamina paga". A su juicio, las empresas que introducen en el mercado productos con sustancias contaminantes deben contribuir a financiar su eliminación posterior.
EurEau sostiene que estos costes no deben trasladarse a los servicios de agua ni a sus usuarios
La organización sostiene que, sin esa contribución, el coste de eliminar la contaminación recaería sobre los operadores de los servicios de agua y sus clientes. Su posición respalda, por tanto, el mantenimiento del mecanismo de financiación previsto en la directiva.

