La industria europea del acero y el aluminio pide reforzar los controles sobre la exportación de chatarra fuera de la OCDE
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Las asociaciones industriales EUROFER y European Aluminium han solicitado a la Comisión Europea que adopte con rapidez la lista de países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) autorizados a importar determinados residuos procedentes de la Unión Europea. Ambas organizaciones respaldan el proyecto de acto delegado elaborado en el marco del nuevo Reglamento europeo sobre traslados de residuos, aunque consideran necesario acompañarlo de controles rigurosos para garantizar su aplicación efectiva.
La iniciativa comunitaria busca determinar qué países ajenos a la OCDE podrán recibir determinados residuos no peligrosos de la UE, entre ellos la chatarra férrica y de aluminio, en función de su capacidad para gestionarlos de manera ambientalmente adecuada.
En una declaración conjunta, las dos asociaciones destacan la importancia de estos materiales como materias primas secundarias para la industria metalúrgica y su contribución al reciclaje y a la descarbonización de la producción de acero y aluminio. No obstante, advierten de que las exportaciones no deben trasladar los impactos ambientales del tratamiento de residuos a países que carezcan de las condiciones necesarias para gestionarlos correctamente.
Una lista de países autorizados vinculada a su capacidad de tratamiento
EUROFER y European Aluminium consideran que la autorización para importar residuos europeos debe depender del cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos en el Reglamento sobre traslados de residuos.
Para ello, reclaman que la evaluación de los países de destino comprenda toda la cadena de reciclaje pertinente, desde el tratamiento de la chatarra hasta su posterior fusión. De esta forma, la comprobación de las condiciones ambientales no debería limitarse a las instalaciones que reciben inicialmente los materiales, sino extenderse a las operaciones posteriores.
Las asociaciones sostienen que aquellos países que no puedan demostrar una gestión ambientalmente adecuada deben permanecer excluidos de la lista hasta que acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas.
La posición conjunta respalda así el planteamiento de la Comisión Europea, pero insiste en que la autorización de destinos debe basarse en una evaluación rigurosa de su capacidad real de tratamiento.
Prevenir el desvío de residuos hacia destinos no autorizados
Otro de los aspectos que preocupa a ambas organizaciones es la posibilidad de que los controles sobre las exportaciones se eludan mediante operaciones de tránsito o reexportación.
En particular, advierten de que los envíos realizados a través de países de la OCDE o de terceros países autorizados no deben utilizarse para trasladar posteriormente los residuos a destinos que no cumplen los requisitos europeos.
Para prevenir estas prácticas, EUROFER y European Aluminium piden a la Comisión y a las autoridades nacionales que supervisen los flujos de exportación y reexportación, investiguen las variaciones inusuales en los movimientos comerciales y actúen cuando detecten posibles incumplimientos.
EUROFER y European Aluminium reclaman que los controles se extiendan a toda la cadena de reciclaje y eviten que los residuos europeos terminen en países no autorizados mediante operaciones de tránsito o reexportación.
El fin de la condición de residuo, otro punto de atención
La declaración conjunta también pone el foco en los riesgos asociados a la clasificación de los materiales exportados.
Las dos asociaciones advierten de que la consideración de determinados residuos como productos no debe convertirse en una vía para eludir las restricciones y los controles previstos en el Reglamento.
En este sentido, solicitan a la Comisión Europea orientaciones claras sobre la distinción entre residuo y producto, especialmente en lo relativo a la aplicación de los criterios de fin de la condición de residuo.
Su preocupación es que una clasificación inadecuada permita comercializar materiales al margen de los mecanismos de supervisión establecidos para los traslados de residuos, debilitando las garantías ambientales de la normativa.
Inspecciones coordinadas y auditorías independientes
Además de la adopción de la lista, EUROFER y European Aluminium consideran imprescindible reforzar los mecanismos de aplicación y vigilancia del Reglamento.
Entre sus propuestas figuran la elaboración de orientaciones comunes para las autoridades nacionales, la coordinación de las inspecciones y la disponibilidad de herramientas adecuadas para comprobar tanto los envíos como las condiciones de las instalaciones receptoras.
Las organizaciones también destacan la importancia de las auditorías independientes y del intercambio de información entre administraciones, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales en los países de destino, tanto pertenecientes como ajenos a la OCDE.
Las asociaciones piden criterios claros para distinguir residuos y productos, junto con inspecciones coordinadas y auditorías independientes que permitan comprobar el cumplimiento de la normativa.
Para ambas entidades, la aprobación de la lista de países autorizados debe ir acompañada de una aplicación coherente de los controles previstos en el Reglamento. Consideran que estas garantías son necesarias para asegurar una gestión responsable de la chatarra exportada y preservar los objetivos ambientales de la legislación europea.
La iniciativa puede consultarse en el portal de participación pública de la Comisión Europea.

