La gestión del ciclo integral del agua en España atraviesa una etapa clave de transformación, impulsada por la revisión de la Directiva 91/271/CEE y la entrada en vigor de la nueva Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (DTARU). Esta normativa refuerza de manera significativa los objetivos ambientales, amplía su aplicación a poblaciones más pequeñas, introduce nuevas fases de tratamiento para eliminar microcontaminantes y fija el ambicioso horizonte de lograr la neutralidad energética del sector en 2045. En paralelo, iniciativas como el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua están contribuyendo a modernizar la gestión de los recursos hídricos, incrementar la eficiencia y avanzar en la adaptación al cambio climático.
Todo ello configura un escenario de grandes retos técnicos, normativos y financieros que determinarán la sostenibilidad y resiliencia del modelo hídrico español en los próximos años. Para profundizar en estos desafíos y oportunidades, entrevistamos a Irene Morante, jefa de Área de Saneamiento y Depuración en la Subdirección General de Planificación Hidrológica de la Dirección General del Agua (MITECO), quien comparte su visión sobre el estado actual del saneamiento, los ejes estratégicos de actuación y las claves para garantizar la plena ejecución de este proceso de transformación.
"España ha realizado un esfuerzo notable en los casi 35 años de aplicación de la Directiva 91/271/CEE, pero aún queda camino por recorrer"
Ha desarrollado su carrera en el sector del agua, con un enfoque particular en el ámbito del saneamiento y la depuración. ¿Qué le impulsó a especializarse en esta área de la gestión del agua y cómo valora la evolución profesional del sector en los últimos años?
Durante 15 años trabajé como ingeniera de compras en empresas dedicadas al tratamiento de aguas, especialmente en proyectos internacionales de desalación, un ámbito en el que España es un referente mundial. El sector privado me aportó una gran experiencia, pero llegó un momento en el que sentí la necesidad de abordar la gestión del agua desde otra perspectiva: la de la administración pública. Tenía amigas que ya habían hecho ese cambio y me animé a preparar oposiciones. Tuve la posibilidad de elegir destino y opté por incorporarme a la Subdirección General de Planificación Hidrológica, con la suerte de llegar en un momento clave: la revisión de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y la entrada en vigor de la nueva Directiva (UE) 2024/3019 (DTARU), que plantea uno de los mayores retos del sector en los últimos 30 años. Nuestro desafío es ahora adaptar el marco normativo y garantizar la implementación efectiva de sus exigencias.
Imagen: Daniel García
Como responsable del Área de Saneamiento y Depuración, y desde una perspectiva global del territorio, ¿cómo valora la evolución y el estado actual del saneamiento y la depuración de aguas residuales en España?
España ha realizado un esfuerzo notable en los casi 35 años de aplicación de la Directiva 91/271/CEE. Se han construido y modernizado numerosas infraestructuras, mejorando significativamente la calidad de las aguas receptoras de vertidos urbanos. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. De las cerca de 2.000 aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes-equivalentes, el 80 % cumple con los requisitos de la Directiva, lo que implica que aproximadamente el 88 % de la carga contaminante recibe un tratamiento conforme a la norma. Aun así, el 20 % restante presenta incumplimientos, ya sea en los sistemas de colecta o en el grado de tratamiento, lo que ha derivado en varios procedimientos de infracción por parte de la Comisión. Este es, sin duda, uno de los principales retos actuales para la Dirección General del Agua.
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Según la situación actual, será necesario impulsar importantes inversiones para adaptarse a los estándares y exigencias de las nuevas directivas medioambientales. ¿Cuáles considera que serán los principales desafíos que deberá afrontar el sector para dar cumplimiento a estas nuevas normativas?
La legislación ambiental europea está en constante evolución, especialmente desde la aprobación del Pacto Verde y en respuesta al cambio climático. La nueva DTARU amplía su ámbito de aplicación a poblaciones más pequeñas, incrementa las exigencias en el tratamiento de aguas, introduce el control de desbordamientos por tormentas y escorrentías urbanas, e incorpora una nueva fase de tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes. También impone límites más estrictos a los vertidos de nutrientes y añade elementos novedosos, como el objetivo de neutralidad energética del sector para 2045 o el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor para financiar el tratamiento cuaternario. Todo ello en plazos muy exigentes y partiendo de una situación de notable complejidad.
"Aún existen unas 400 aglomeraciones urbanas que no cumplen la normativa europea"
Existen zonas del territorio nacional donde la implantación de sistemas de saneamiento y depuración adecuados presenta mayores dificultades. ¿Qué regiones concentran actualmente las mayores carencias en este ámbito?
La realidad territorial de España es muy diversa, lo que ha provocado una implementación desigual de la Directiva 91/271/ CEE. Según el último informe bienal enviado a la Comisión Europea (Q2023, con referencia en diciembre de 2022), aún existen unas 400 aglomeraciones mayores de 2.000 h-e que no cumplen la norma. En lo que respecta al artículo 3, relativo a la colecta de aguas residuales urbanas, los incumplimientos se concentran en la cornisa cantábrica, donde la población es muy dispersa; y en las Islas Canarias, donde todavía hay núcleos que dependen de sistemas individuales como fosas sépticas. Esta situación está siendo abordada mediante múltiples proyectos que buscan sustituir estos sistemas por redes colectivas.
Respecto al artículo 4, sobre la necesidad de tratamiento secundario, se ha avanzado considerablemente, aunque persisten deficiencias en ciertas poblaciones de Andalucía y Canarias. La mayoría de estas aglomeraciones ya cuentan con actuaciones proyectadas o en ejecución para corregir los incumplimientos. En cuanto al artículo 5, que exige la eliminación de nutrientes en aglomeraciones de más de 10.000 h-e que vierten en zonas sensibles a la eutrofización, también se ha observado una mejora significativa. No obstante, Extremadura sigue enfrentando mayores dificultades para cumplir con los límites de emisión de nitrógeno y fósforo.
En términos generales, es destacable el compromiso de todas las administraciones públicas. Los programas de medidas de los planes hidrológicos del tercer ciclo recogen actuaciones por valor de casi 9.000 millones de euros. El verdadero reto, sin embargo, es garantizar su plena ejecución.
"Las pequeñas poblaciones a menudo carecen de recursos económicos y técnicos para diseñar, construir y operar las instalaciones necesarias"
Imagen: Daniel García
Al hilo de lo anterior, la depuración de aguas residuales en pequeños municipios continúa siendo uno de los principales retos del sector por su gran número y grado de dispersión. ¿Cómo valoran desde el Ministerio esta situación y cuáles serán los ejes de acción para dar solución a esta problemática?
La contaminación procedente de pequeñas poblaciones (menos de 2.000 h-e) era una de las cuestiones pendientes de la Directiva de 1991 y uno de los motivos que llevaron a la Comisión a proponer su revisión en 2019. La nueva DTARU amplía el ámbito de aplicación a aglomeraciones de 1.000 h-e o más, exigiendo sistemas colectores y, al menos, tratamiento secundario para el año 2035.
En España, estimamos que pasaremos de unas 2.000 aglomeraciones cubiertas por la Directiva anterior a unas 3.500 con la nueva normativa. Si bien la mayoría ya dispone de sistemas de colecta, muchas requerirán nuevas instalaciones o la modernización de las existentes.
Estas pequeñas poblaciones, a menudo, carecen no solo de recursos económicos, sino también técnicos para diseñar, construir y operar las instalaciones necesarias. Además, el nuevo método para calcular la carga contaminante —basado en la semana de máxima carga del año— añade complejidad, ya que puede coincidir con festividades o campañas agrícolas, multiplicando los valores habituales. La solución no es sencilla, pero modelos de gestión supramunicipal podrían facilitar la operatividad, junto con combinaciones tecnológicas —extensivas e intensivas— que se adapten a los picos de carga.
"Se plantea un nuevo modelo de EDAR concebido como biofactoría capaz de valorizar residuos y lograr autosuficiencia energética"
En el plano normativo, la nueva Directiva TARU traerá consigo la obligación de ejecutar importantes transformaciones en la gestión de las aguas residuales. ¿Cuáles son, a su juicio, sus puntos fuertes y cómo contribuirá a impulsar un modelo hídrico más sostenible y resiliente en España?
La nueva DTARU pone en el centro de la política de saneamiento y depuración a las masas de agua receptoras, sin perder de vista la protección de la salud humana bajo el enfoque One Health. Se plantea un nuevo modelo de EDAR, concebido como biofactoría capaz de valorizar residuos y lograr autosuficiencia energética.
El objetivo final es construir un modelo hídrico más resiliente, en el que las ciudades puedan adaptarse mejor al cambio climático. Para ello, se promueve la gestión integrada de aguas pluviales, el uso de soluciones basadas en la naturaleza y sistemas de drenaje sostenible.
La normativa también apuesta a por mejorar la gobernanza e incrementar la transparencia, dando un papel más activo a los ciudadanos, que estarán mejor informados sobre los costes e impactos del servicio.
Las empresas también asumirán una responsabilidad clave, especialmente aquellas incluidas en el esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor —productos cosméticos y medicamentos de uso humano—, que deberán financiar el tratamiento de microcontaminantes. A la vez, se incentivará la búsqueda de compuestos más biodegradables. La suma de estos elementos conducirá a un modelo hídrico más sostenible y alineado con la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. Desde el MITERD ya trabajamos en un borrador normativo que permita su transposición efectiva.
"La normativa apuesta por mejorar la gobernanza e incrementar la transparencia, dando un papel más activo a los ciudadanos"
Ante este nuevo escenario normativo, se hace necesario conocer cómo se abordará su implementación a nivel nacional. ¿Qué planes de actuación e instrumentos de financiación se contemplan para dar respuesta a las exigencias técnicas y ambientales establecidas por la nueva Directiva TARU? ¿Cuáles son los principales retos sobre la mesa?
La DTARU establece en su artículo 23 la obligación de que los Estados miembros elaboren un Programa Nacional de Ejecución antes del 1 de enero de 2028. Este documento deberá incluir un diagnóstico del grado de cumplimiento, la planificación de las inversiones necesarias y la identificación de fuentes de financiación pública que puedan complementar las tarifas de usuario cuando sea necesario.
"Es imprescindible contar con una selección tecnológica adecuada que combine eficiencia, rendimiento ambiental y costes razonables"
La elaboración de este programa, en colaboración con todas las autoridades competentes, será clave para acceder a la financiación europea destinada a la implementación de la Directiva. La implicación de las administraciones públicas será fundamental, y el fomento de la colaboración público-privada puede ser una herramienta valiosa para afrontar estos desafíos. La Comisión Europea ha aprobado recientemente la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. Para asegurar una financiación adecuada, se incrementarán los fondos de la política de cohesión para el agua y se establecerá una hoja de ruta para los créditos de naturaleza. El Banco Europeo de Inversiones, en coordinación con la Comisión, lanzará además un nuevo Programa para el Agua y un Mecanismo de Asesoramiento sobre Agua Sostenible, con más de 15.000 millones de euros disponibles entre 2025 y 2027.
Imagen: Daniel García
El renovado marco amplía el foco regulatorio y refuerza la eliminación de contaminantes emergentes. ¿Qué impacto directo se espera que tenga esta normativa en la gestión de estos compuestos en las EDAR?
La DTARU impone la inclusión del tratamiento cuaternario en todas las EDAR que traten cargas de 150.000 h-e o más antes de 2045. Este tratamiento deberá lograr, al menos, una eliminación del 80 % de ciertas sustancias indicadoras representativas de los microcontaminantes orgánicos. Además, las aglomeraciones entre 10.000 y 150.000 h-e cuyos vertidos afecten a zonas especialmente vulnerables —determinadas previamente— también deberán incorporar este tipo de tratamiento.
Para lograrlo, se requerirán tecnologías avanzadas como carbón activo (granular o en polvo), ozonización y filtración por arena, lo que redundará en una calidad de efluente muy elevada. Sin embargo, estos procesos conllevan un elevado consumo energético, mayores emisiones de gases de efecto invernadero y una operación más compleja. Por ello, será imprescindible una selección tecnológica adecuada que combine eficiencia, rendimiento ambiental y costes razonables. Al menos el 80 % de los costes del tratamiento cuaternario estará financiado por el sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor.
"El PERTE ha impulsado la digitalización del ciclo integral del agua, mejorando su gestión, eficiencia, reducción de pérdidas y cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica y la normativa europea"
El proceso de digitalización de la gestión de agua está siendo uno de los grandes vectores de transformación en la actualidad. ¿Qué balance hace el MITERD de su impacto y cómo estiman que está contribuyendo a la modernización del sector?
Aunque la gestión del PERTE no forma parte directa de las competencias de mi área, desde el MITERD valoramos su impacto muy positivamente. Durante este tiempo, el PERTE ha impulsado la digitalización del ciclo integral del agua, mejorando su gestión, eficiencia, reducción de pérdidas y cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica y la normativa europea.
En su primera convocatoria se concedieron ayudas por 200 millones de euros para 30 proyectos que beneficiaron a 1.676 municipios en 16 comunidades autónomas. Los beneficiarios fueron administraciones públicas y operadores de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Las actuaciones financiadas incluyen desde contadores inteligentes y control en tiempo real de EDAR hasta plataformas digitales para una gestión integrada del recurso. La segunda convocatoria incluyó tres líneas: planificación, eficiencia y digitalización de la información. En la primera destaca la elaboración de los Planes Integrales de Gestión del Saneamiento (PIGS), adelantándose a lo exigido por la DTARU respecto a los desbordamientos de aguas pluviales.
Este mismo mes se ha publicado en el BOE la ampliación del plazo para la tercera convocatoria del PERTE, dotada con 50 millones de euros (ampliables a 100) para proyectos con un ámbito de actuación mínimo de 20.000 habitantes. Además, se han lanzado dos convocatorias adicionales por valor de 200 millones de euros, destinadas a digitalizar comunidades de usuarios de agua para regadío.
"El ciclo integral del agua enfrenta retos decisivos que deben traducirse en una transformación sostenible, resiliente y eficiente"
Para cerrar, y con la mirada puesta en los próximos años, ¿cuáles están siendo las líneas de trabajo prioritarias de la Dirección General del Agua para avanzar hacia una transformación sostenible, resiliente y eficiente del ciclo integral del agua en España?
El ciclo integral del agua enfrenta retos decisivos que deben traducirse en una transformación sostenible, resiliente y eficiente. A los desafíos derivados de la implementación de la DTARU se suman otros, como la Directiva de aguas de consumo humano o la mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones.
Desde la Dirección General del Agua se están impulsando todas las herramientas contempladas en las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, aprobadas en 2022. La planificación hidrológica es una prioridad, integrando estos retos en el cuarto ciclo en elaboración, junto con los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación y los planes de gestión de sequías, que promueven planes de emergencia en sistemas urbanos.
También destacan el PERTE de digitalización del ciclo del agua y los estudios de adaptación al cambio climático en cada demarcación hidrográfica.
Entre las líneas clave se encuentran la renovación de infraestructuras, la reducción de pérdidas, la eficiencia, la reutilización de aguas regeneradas, la valorización de residuos y la atención específica a las pequeñas poblaciones. Estas prioridades se ven reforzadas por la reciente Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.
Por último, es esencial mejorar la coordinación administrativa. Una de nuestras prioridades es fortalecer la cooperación entre las administraciones estatal, autonómica y municipal para implementar eficazmente todas estas políticas.
