Entrevista

"La seguridad hídrica es una prioridad estructural para el futuro de Cataluña"

Entrevista a Concha Zorrilla, directora de transición hídrica de la Generalitat de Cataluña

La gestión del agua en Cataluña ha entrado en una nueva era. Tras superar la sequía más intensa de los últimos dos siglos, el Govern ha acelerado la transformación estructural de su modelo hídrico para garantizar el suministro, reforzar la resiliencia ante el cambio climático y avanzar hacia un uso más eficiente, regenerativo y justo de los recursos. En este contexto, la Dirección General de Transición Hídrica juega un papel estratégico en el diseño y despliegue de las políticas que deben preparar al territorio para un futuro de mayor escasez e incertidumbre.

Al frente de esta dirección se encuentra Concha Zorrilla, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con más de tres décadas de experiencia en el ámbito del medio ambiente, tanto desde el sector público como desde la empresa privada. Con un perfil técnico sólido y una visión transversal —especialmente en las áreas de residuos, agua y cambio climático— ha ocupado cargos de responsabilidad en múltiples entidades. También ha sido presidenta del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña (2018–2022) y es miembro activo de su comisión de Cambio Climático y Economía Circular.

En esta entrevista, la Directora General de Transición Hídrica de la Generalitat de Cataluña analiza los aprendizajes que deja la última sequía y desgrana la estrategia que está desplegando la Generalitat para reforzar la seguridad hídrica de Cataluña: un modelo basado en la desalinización, la reutilización, la mejora de infraestructuras, la digitalización, la corresponsabilidad social y una gobernanza más colaborativa. Todo ello con una visión a largo plazo que sitúa el agua como un eje central de la sostenibilidad ambiental, la cohesión territorial y la competitividad económica, explica Zorrilla.

 

Cataluña ha vivido una de las sequías más prolongadas y severas de las últimas décadas. ¿Qué diagnóstico hace la Generalitat sobre las causas estructurales de esta situación, y qué lecciones extrae de la gestión de esta emergencia?

La sequía que hemos vivido entre finales de 2020 y marzo de 2025 ha sido la más grave registrada en 200 años. Durante este periodo hemos registrado 56 meses con lluvias por debajo de la media, algo que se ha traducido en una reducción de 720 hm3 de las aportaciones a los embalses de las cuencas internas.

Ante este escenario, la aplicación de restricciones al consumo —especialmente en el ámbito agrícola, industrial y en los usos ambientales—, junto con el aumento de la producción de las plantas desalinizadoras y de las estaciones de regeneración de agua, han sido determinantes. Estas medidas permitieron evitar, por ejemplo, que en mayo de 2023 los embalses de las cuencas internas quedaran completamente secos, lo que habría implicado afrontar 430 días sin recurso hídrico disponible, con consecuencias muy difíciles de gestionar.

La principal lección que extraemos de esta sequía, cuyas causas estructurales se deben al cambio climático, es que la disponibilidad de agua se debe desvincular de la lluvia. Por esta razón, estamos trabajando en incrementar los recursos para que en futuros episodios de sequía se pueda superar la situación con la menor limitación en los consumos y el menor efecto sobre la sociedad. A pesar de que la sequía se ha podido dar por superada en la práctica totalidad de las cuencas internas, estamos llevando a cabo una revisión del Plan de sequía, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y aplicación. A corto plazo, se prevén cambios puntuales centrados en reducir las restricciones para usos agrícolas, siempre y cuando se lleven a cabo actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia de las infraestructuras para el riego agrícola.

 

¿Qué entendéis desde la Dirección General de Transición Hídrica por “seguridad hídrica”, y cómo se está traduciendo ese concepto en políticas concretas? ¿Cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo para reforzar la garantía de abastecimiento y la sostenibilidad del recurso?

La seguridad hídrica es garantizar todas las demandas de agua —tanto urbanas, como agrícolas y las ambientales— sin depender de la lluvia, con infraestructuras que produzcan recurso sin tener en cuenta la climatología. El cambio climático está acentuando los extremos de nuestro clima, con sequías cada vez más largas y persistentes y episodios de tormentas intensas con mucha aportación de agua en poco tiempo.

Nuestro objetivo es hacer posible que, en un plazo de cinco años, se pueda garantizar el 70% de la demanda con recursos no convencionales como la desalinización, la regeneración, la recuperación de pozos (teniendo en cuenta que el 40% de la demanda se garantiza con las aguas subterráneas) y el mayor aprovechamiento de los recursos del río Besòs. Se prevé que en 2025 dispongamos de hasta 280 hm3 de nuevos recursos. Esto, sin embargo, no se traduce en un incremento de la oferta y la demanda, sino en poder suplir el agua que no caerá de las lluvias.

La seguridad hídrica también está enfocada a mejorar el estado de las infraestructuras de transporte de agua, tanto en lo relacionado con las redes de suministro urbano, como en los regadíos. Sobre este último punto, se está trabajando con el Departamento de Agricultura de la Generalitat con el objetivo de modernizar los regadíos y estar mejor preparados para futuros episodios de sequía.

En el marco de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, presentada a principios de junio por la Comisión Europea, desde Cataluña se trasladaron previamente una serie de consideraciones a tener en cuenta, como la ampliación de los recursos financieros, una normativa sanitaria sobre reutilización que asegure el control sanitario, disponer de una figura específica de financiación para la ejecución de las actuaciones de reutilización potable indirecta y de desalinización de agua marina, así como requerir, bajo el principio establecido por la DMA de “quien contamina paga”, mecanismos para que aquellos sectores y/o ámbitos donde todavía se está lejos de recuperar los costes de los servicios del agua lo hagan efectivamente. Desde Cataluña existe la voluntad de posicionarnos como un territorio piloto para demostrar nuestros avances en la eficiencia del agua para usos urbanos, la gestión integrada de la reutilización, la recarga de acuíferos y la desalinización, así como el Plan de sequía y la mejora de los ecosistemas acuáticos.

 

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¿Considera que los actuales marcos de planificación hidrológica permiten afrontar los nuevos desafíos climáticos, demográficos y territoriales de Cataluña? ¿Se están impulsando cambios estructurales en la forma de planificar, gestionar o priorizar el uso del agua?

La Directiva marco del Agua establece la revisión de la planificación hidrológica cada seis años. Este periodo es el adecuado para afrontar los nuevos desafíos. La revisión de los planes hidrológicos se divide en dos partes: la planificación hidrológica, que establece una serie de objetivos a lograr en un periodo de 6 años; y el Programa de medidas, que determina las actuaciones e inversiones a acometer en el periodo de planificación. Existe la posibilidad de incluir modificaciones en el Programa de medidas, con el fin de conseguir los objetivos fijados.

La planificación hidrológica vigente, así como la estrategia para la seguridad hídrica del Govern, están orientadas a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático en el vector agua, potenciando actuaciones como la desalinización y la regeneración. Por lo tanto, la hoja de ruta se centra en garantizar las demandas y reducir los riesgos de inundación. En lo que respecta al plan de gestión para el periodo 2028-2033, nos encontramos todavía en una fase inicial, pero deberá definir nuevas actuaciones en materia de desalinización, como la nueva planta prevista para la Costa Brava norte (2032); actuaciones en el ámbito de la regeneración, como la Estación de Regeneración de Agua del Besòs (2029); y medidas para la mejora de la calidad de nuestros ecosistemas acuáticos, como la inversión de 669 millones de euros para la mejora del saneamiento.

La nueva planificación, por tanto, deberá dar un paso adelante más, con un equilibrio entre las diferentes esferas del ciclo integral del agua —abastecimiento, saneamiento y buen estado del medio hídrico—, teniendo en cuenta las demandas agrícolas. Más allá de la planificación que fija la DMA, también hemos de desarrollar programas destinados a una finalidad concreta, como hacer frente a los nuevos requerimientos normativos en materia de saneamiento o la adecuación de los cauces, por citar un par de ejemplos. Quiero destacar también que estamos elaborando una estrategia de aguas regeneradas para su reutilización, con horizonte 2040, que prevé utilizar 245 hm3/año de reutilización directa, a los cuales se añadirían 186 hm3 de reutilización directa.

 

¿Qué papel jugarán la desalación, la reutilización, la mejora del rendimiento de redes o la infiltración de acuíferos en el modelo hídrico catalán del futuro? ¿Se están planteando estos recursos como estructurales o de contingencia?

Sin lugar a duda, estas dos medidas jugarán un papel muy relevante. En la sequía de los últimos cinco años, la desalinización y la regeneración han aportado más de 300 hm3 de nuevo recurso en el sistema Ter-Llobregat, que abastece a cerca de seis millones de personas. Se prevé que, en los próximos cinco años, dupliquemos la actual capacidad de estas tecnologías, con un beneficio en gran parte de las cuencas internas.

Por un lado, pasaremos a tener una capacidad para desalinizar 170 hm3 (actualmente es de 80), mientras que regeneraremos unos 120 hm3 anuales (actualmente, la producción máxima ha sido de 80). La regeneración, además de permitir disponer de agua para varios usos, también servirá para la recarga de acuíferos. Esta experiencia, que está resultando exitosa en el acuífero del delta del Llobregat —mediante el uso de agua regenerada para frenar la intrusión salina—, también se está analizando en zonas de la Costa Brava, el tramo final del río Tordera, la Costa Dorada, entre otras.

La mejora de las redes de suministro, tanto urbanas como de regadío, es uno de los principales ejes de la estrategia del agua de la Generalitat. A raíz de los 130 millones distribuidos en más de 800 ayudas a los ayuntamientos, se prevé que se puedan optimizar hasta 20 hm³ al año, una vez estén finalizadas todas estas actuaciones. En el ámbito del regadío, y de forma conjunta con el Departamento de Agricultura, estamos trabajando en una mejora de la eficiencia de las conducciones de riego. Precisamente, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se ha planteado la posibilidad de que el recurso ahorrado a través de la modernización de regadíos pueda destinarse a otros usos, como las demandas urbanas u otras necesidades de tipo ambiental.

No debemos obviar tampoco la importancia de los acuíferos, que garantizan cerca del 40 % de las demandas en Cataluña. Se cuantifica que, a nivel de toda la comunidad, los acuíferos pueden llegar a almacenar más de 900 hm³ de agua, una cantidad que casi equivale a la demanda anual total de las cuencas internas. El papel de las aguas subterráneas es vital durante los episodios de sequía. Por esta razón, en los últimos años se han impulsado ayudas para recuperar captaciones, y también se están potenciando medidas para garantizar su buen estado cualitativo y cuantitativo.

 

¿Qué volumen de inversión pública se está movilizando —o prevé movilizarse— para reforzar la resiliencia del sistema hídrico catalán? ¿Qué papel juegan los fondos europeos y los presupuestos propios, y cómo se están priorizando las actuaciones?

Se prevé una inversión de 2.000 millones de euros en los próximos 5 años. En relación con los fondos europeos, se ha trasladado una petición a la Unión Europea para que las actuaciones en materia de desalinización y regeneración puedan financiarse con fondos FEDER, con el fin de que Europa asuma la hoja de ruta hídrica de los países del arco mediterráneo. Esta solicitud, inicialmente, ha sido acogida con buenos ojos por las autoridades europeas, que estudiarán la manera de articular esta posible financiación.

En Cataluña, además, se está registrando una elevada demanda de ayudas para mejorar la digitalización del ciclo del agua, canalizadas a través de los fondos del PERTE. Entre 2022 y 2024 se han presentado proyectos —sin contar los vinculados al ámbito agrícola— por un valor cercano a los 311 millones de euros, de los cuales se han adjudicado aproximadamente 50 millones (a la espera de la resolución de la tercera convocatoria de 2024).

En lo que respecta a los fondos s propios, tanto la Agencia Catalana del Agua (ACA) como Aigües Ter Llobregat (ATL) cuentan con recursos que constituyen el sustento principal para garantizar las actividades e inversiones de estas dos empresas públicas. La ACA se financia primordialmente con lo que percibe del canon del agua —impuesto incluido en la factura del agua y que supone entre un 10 % y un 40 % de la factura—; mientras que ATL, lo hace a través de la tarifa en alta que pagan los ayuntamientos para abastecerse de los recursos procedentes del sistema Ter-Llobregat.

 

"Estamos elaborando una estrategia de aguas regeneradas para su reutilización con horizonte 2040, que prevé utilizar 245 hm³/año de reutilización directa, a los cuales se añadirían 186 hm³ de reutilización indirecta"

 

¿Qué rol está jugando la digitalización en el proceso de modernización del sistema hídrico catalán? ¿Hay ejemplos destacables que podamos remarcar?

La innovación es vital para el avance de la sociedad. Es por esta razón que la Generalitat de Catalunya está trabajando en la mejora y modernización de infraestructuras que están en servicio. La Agencia Catalana del Agua (ACA) está llevando a cabo varias iniciativas para hacer más eficientes sus infraestructuras, y está desarrollando un plan para que en 10 años el el acuífero del delta del Llobregat —mediante el uso de agua regenerada para frenar la intrusión salina—, también se está analizando en zonas de la Costa Brava, el tramo final del río Tordera, la Costa Dorada, entre otras.

La mejora de las redes de suministro, tanto urbanas como de regadío, es uno de los principales ejes de la estrategia del agua de la Generalitat. A raíz de los 130 millones distribuidos en más de 800 ayudas a los ayuntamientos, se prevé que se puedan optimizar hasta 20 hm³ al año, una vez estén finalizadas todas estas actuaciones. En el ámbito del regadío, y de forma conjunta con el Departamento de Agricultura, estamos trabajando en una mejora de la eficiencia de las conducciones de riego. Precisamente, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), se ha planteado la posibilidad de que el recurso ahorrado a través de la modernización de regadíos pueda destinarse a otros usos, como las demandas urbanas u otras necesidades de tipo ambiental. No debemos obviar tampoco la importancia de los acuíferos, que garantizan cerca del 40 % de las demandas en Cataluña. Se cuantifica que, a nivel de toda la comunidad, los acuíferos pueden llegar a almacenar más de 900 hm³ de agua, una cantidad que casi equivale a la demanda anual total de las cuencas internas. El papel de las aguas subterráneas es vital durante los episodios de sequía. Por esta razón, en los últimos años se han impulsado ayudas para recuperar captaciones, y también se están potenciando medidas para garantizar su buen estado cualitativo y cuantitativo.

 

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¿Qué volumen de inversión pública se está movilizando —o prevé movilizarse— para reforzar la resiliencia del sistema hídrico catalán? ¿Qué papel juegan los fondos europeos y los presupuestos propios, y cómo se están priorizando las actuaciones?

Se prevé una inversión de 2.000 millones de euros en los próximos 5 años. En relación con los fondos europeos, se ha trasladado una petición a la Unión Europea para que las actuaciones en materia de desalinización y regeneración puedan financiarse con fondos FEDER, con el fin de que Europa asuma la hoja de ruta hídrica de los países del arco mediterráneo. Esta solicitud, inicialmente, ha sido acogida con buenos ojos por las autoridades europeas, que estudiarán la manera de articular esta posible financiación. En Cataluña, además, se está registrando una elevada demanda de ayudas para mejorar la digitalización del ciclo del agua, canalizadas a través de los fondos del PERTE. Entre 2022 y 2024 se han presentado proyectos —sin contar los vinculados al ámbito agrícola— por un valor cercano a los 311 millones de euros, de los cuales se han adjudicado aproximadamente 50 millones (a la espera de la resolución de la tercera convocatoria de 2024).

En lo que respecta a los fondos propios, tanto la Agencia Catalana del Agua (ACA) como Aigües Ter Llobregat (ATL) cuentan con recursos que constituyen el sustento principal para garantizar las actividades e inversiones de estas dos empresas públicas. La ACA se financia primordialmente con lo que percibe del canon del agua —impuesto incluido en la factura del agua y que supone entre un 10 % y un 40 % de la factura—; mientras que ATL, lo hace a través de la tarifa en alta que pagan los ayuntamientos para abastecerse de los recursos procedentes del sistema Ter-Llobregat.

 

¿Qué rol está jugando la digitalización en el proceso de modernización del sistema hídrico catalán? ¿Hay ejemplos destacables que podamos remarcar?

La innovación es vital para el avance de la sociedad. Es por esta razón que la Generalitat de Catalunya está trabajando en la mejora y modernización de infraestructuras que están en servicio. La Agencia Catalana del Agua (ACA) está llevando a cabo varias iniciativas para hacer más eficientes sus infraestructuras, y está desarrollando un plan para que en 10 años el 80% de la demanda energética de las depuradoras se pueda satisfacer con energías renovables. Esto será posible con la instalación de placas fotovoltaicas, el incremento de producción de biogás y mejoras en la eficiencia de las plantas. Asimismo, a través de las ayudas destinadas a la mejora de las redes de suministro municipales, que además de reparar y modernizar las conducciones, también están fomentando actuaciones orientadas a su digitalización.

La Generalitat de Cataluña, mediante la ACA, mantiene un claro compromiso con el impulso de la innovación en la gestión del agua. Entre 2016 y 2021 se destinaron 1,3 millones de euros en subvenciones a proyectos centrados en la mejora de la calidad del agua, la gestión de ríos temporales y el desarrollo de sistemas de alerta rápida frente a fenómenos meteorológicos extremos. En el actual ciclo de planificación (2022-2027), la Agencia prevé aumentar esta cifra. En este sentido, está pendiente de resolución una nueva línea de ayudas en materia de I+D+i, con una dotación de 1,6 millones de euros.

Más allá de la inversión, desde la Agencia se ha participado y colaborado en proyectos innovadores como la reducción del consumo de agua en el turismo —fomentando la reutilización en la hotelería— la recarga de acuíferos con agua regenerada, y la necesidad de potenciar una mejora en la gestión forestal para incrementar la escorrentía hacia ríos y acuíferos.

 

¿Qué modelo de gobernanza se está impulsando desde la Generalitat para abordar la gestión del agua de forma coordinada, multiescala y transparente? ¿Se están reforzando los mecanismos de participación ciudadana y corresponsabilidad social?

El modelo de gestión del agua que se aplica en Cataluña está descentralizado y se acuerdan las medidas con el resto de las administraciones implicadas y el mundo local. Es indispensable que en el ámbito de la gestión del agua haya una estrecha coordinación entre las diferentes administraciones, con el fin de identificar las problemáticas y adoptar las medidas y soluciones cerca. Se trata de aplicar el principio de subsidiariedad que propugna la Directiva marco del agua. En este contexto, es vital la corresponsabilidad, tanto en lo relativo a una adecuada recuperación de costes, como en la mejor efectividad de las medidas a aplicar.

En lo que respecta a la opinión de la ciudadanía y los diferentes sectores, este mes de junio se ha iniciado el proceso de participación para la revisión de la planificación hidrológica, con el objetivo de recoger las aportaciones e ideas que estos tienen sobre la gestión del agua. El modelo se inspira en el de las asambleas ciudadanas, centrado en temáticas —más que en medidas concretas—, con el propósito de alcanzar objetivos comunes.

Más allá de estas actuaciones, desde el Govern de la Generalitat se trabaja conjuntamente con otros actores, como las cámaras de comercio en el ámbito empresarial y la intercolegial —que aglutina a profesionales de distintos sectores—, para conseguir una transición hídrica que llegue a todo el territorio e implique al conjunto de la sociedad.

 

"El modelo de participación catalán se inspira en el de las asambleas ciudadanas, abordando temáticas clave en lugar de medidas aisladas, con el propósito de avanzar hacia objetivos comunes"

 

¿Qué visión estratégica tiene la Generalitat para el futuro del agua en Cataluña, y cuál es la hoja de ruta definida para alcanzarla? ¿Qué papel debe ocupar el recurso hídrico en la agenda ambiental, social y económica del territorio?

El agua en Cataluña juega un papel primordial, tanto para garantizar las necesidades básicas como para el desarrollo de las actividades económicas. Por esta razón, el Govern de Cataluña adoptó, un mes después de constituirse la actual legislatura, un acuerdo para fijar las bases de la nueva estrategia del agua. La principal hoja de ruta contempla, entre 2025 y 2030, una serie de actuaciones orientadas a incrementar la garantía en 280 hm³. A corto plazo, sin embargo, se prevé que ya en este 2025 dispongamos de 31 hm³ de nuevo recurso, a través de diversas medidas destinadas a aumentar la disponibilidad.

En el contexto actual, marcado por el cambio climático, además de la escasez de agua es necesario tener en cuenta fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales, que pueden provocar grandes acumulaciones de agua en muy poco tiempo. En noviembre de 2024, la Generalitat aprobó un acuerdo de gobierno por el cual se adoptan una serie de medidas para mejorar el desarrollo de la protección civil local en Cataluña. Entre estas, destacan la ampliación de la cartografía de zonas inundables, la creación del Observatorio de Inundabilidad y el despliegue de una estrategia de comunicación para mejorar la percepción del riesgo, entre otras actuaciones.

La gestión del agua debe también afrontar retos en otras esferas, como el saneamiento de las aguas residuales. Actualmente, hay cerca de 570 depuradoras en servicio, que permiten sanear al 97,4 % de la población. El reto para los próximos años es aumentar esta cobertura, tanto mediante la construcción de nuevas depuradoras como con la modernización de las existentes. Este desarrollo de las actuaciones previstas debe dar respuesta a nuevos desafíos normativos, como la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (DTARU) y los Planes Integrales de Gestión de Sistemas de Saneamiento (PIGSS), entre otros. Desde el Govern de Cataluña se está analizando el impacto económico que estas nuevas exigencias pueden representar, así como las soluciones necesarias para garantizar su financiación.

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