La tasa de basuras sube un 31 % de media y sigue sin reflejar quién contamina más

Desde abril de 2025, todos los municipios españoles están obligados a contar con una tasa de recogida de residuos que refleje su coste real, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Sin embargo, la aplicación práctica del principio “quien contamina, paga” dista mucho de ser homogénea o justa. Así lo denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha analizado las ordenanzas fiscales de las capitales de provincia.

Grandes diferencias entre ciudades... y pocos incentivos al reciclaje

El estudio muestra que 17 capitales aplican aún una tasa fija, sin tener en cuenta el tamaño del hogar, el consumo de agua, el número de personas o los hábitos de reciclaje. En otras ciudades, los cálculos se basan en criterios dispares: valor catastral, consumo de agua, número de empadronados, tipo de calle... lo que provoca que el importe varíe de forma notable entre municipios para una misma vivienda tipo.

La media nacional se sitúa en 105 euros anuales, pero con enormes diferencias: en San Sebastián la tasa alcanza los 202 euros, mientras que en Soria apenas se pagan 28 euros. Ciudades como Castellón, Madrid o Murcia han duplicado el importe desde 2023, mientras que Málaga, Zamora o Soria siguen sin tener aún la tasa adaptada a la ley.

¿Y los comportamientos sostenibles? Ignorados en la mayoría de casos

La OCU recuerda que, si se quiere aplicar de forma justa el principio de “quien más contamina, más paga”, es necesario introducir incentivos reales a la reducción, separación y reciclaje. Sin embargo, pocas ciudades premian a los hogares que acuden a puntos limpios, hacen compostaje o separan correctamente los residuos. Entre las excepciones, Segovia, Oviedo o Las Palmas de Gran Canaria ofrecen reducciones parciales por buenas prácticas, aunque con escasa información pública sobre cómo acceder a ellas.

Además, los modelos de cálculo son arbitrarios y poco comprensibles para la ciudadanía. Por ejemplo, vincular la tasa al valor catastral o al tipo de calle puede no reflejar la cantidad real de residuos generados, y en muchos casos penaliza sin base sólida a determinados hogares.

Una subida generalizada... y aún poco justa

Según el análisis de OCU, la adaptación a la nueva normativa ha supuesto una subida media del 30,6 %, aunque algunas ciudades, como Alicante u Oviedo, han experimentado incrementos mucho mayores. Madrid, por ejemplo, ha pasado de no tener tasa a aplicar una de las más altas del país.

Por ello, la organización reclama una revisión del sistema actual, más centrado en equilibrar presupuestos municipales que en fomentar comportamientos sostenibles. Asimismo, insta a las autoridades a combatir el sobreembalaje, reducir los residuos en origen y asegurar la accesibilidad de servicios como el compostaje o los puntos limpios.

“Si realmente queremos avanzar hacia una economía circular, es esencial que las tasas no solo cubran costes, sino que recompensen al ciudadano que genera menos residuos y los gestiona mejor”, concluyen desde OCU.