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Los Ingenieros de Caminos proponen invertir 103.800 millones en infraestructuras del agua hasta 2035

La institución incluye entre sus 85 propuestas para la Estrategia Nacional de Infraestructuras 2027-2031 un programa de inversión hidráulica, la renovación de redes, una Ley de Presas y una mayor coordinación frente a sequías e inundaciones

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos propone movilizar 103.800 millones de euros entre 2026 y 2035 para infraestructuras del agua, triplicar con carácter urgente el presupuesto anual del ministerio competente y elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Estas medidas forman parte de su propuesta de Estrategia Nacional de Infraestructuras 2027-2031, un documento con 85 actuaciones que la institución ha trasladado a los principales partidos políticos ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

La propuesta contempla un Plan Estratégico de Inversión en Infraestructuras a diez años, dotado con 413.000 millones de euros para el conjunto de sectores. De esta cantidad, 285.000 millones se destinarían a nuevas infraestructuras y actuaciones de adaptación, mientras que los 128.000 millones restantes se reservarían para conservación y mantenimiento.

En el ámbito hidráulico, el Colegio sitúa entre sus prioridades la mejora de la disponibilidad de recursos, la renovación de las redes existentes, la seguridad de las presas y la planificación de actuaciones para reducir los riesgos asociados a sequías e inundaciones.

 

Un programa de 103.800 millones para las infraestructuras hidráulicas

La principal propuesta económica para el sector del agua es la ejecución de un programa de inversiones de 103.800 millones de euros durante el periodo 2026-2035. La institución considera necesario acompañar esta planificación de un incremento urgente de los recursos presupuestarios, para lo que solicita triplicar la dotación anual del ministerio responsable de las políticas de agua.

El documento también plantea la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que permita coordinar las actuaciones dirigidas a afrontar los episodios de sequía e inundación, mejorar la disponibilidad de recursos hídricos y abordar la renovación de las infraestructuras de distribución.

La propuesta se enmarca en la necesidad de establecer una planificación a largo plazo, con prioridades definidas, responsables identificados, financiación asignada y calendarios de ejecución. El Colegio defiende, además, que las inversiones estén acompañadas de un balance público anual que permita evaluar su grado de ejecución y los resultados obtenidos.

 


El Colegio plantea invertir 103.800 millones de euros en infraestructuras hidráulicas entre 2026 y 2035 y triplicar con carácter urgente el presupuesto anual del ministerio competente en agua.

 

Seguridad de presas, conservación y adaptación a fenómenos extremos

La conservación de las infraestructuras existentes constituye otro de los ejes de la estrategia. El Colegio advierte de la necesidad de corregir el déficit de mantenimiento para evitar que el deterioro de las instalaciones se traduzca en fallos del servicio y mayores costes de reparación.

En el caso de las infraestructuras hidráulicas, propone programar inspecciones, mantenimiento preventivo y renovaciones atendiendo a la vida útil y las condiciones de utilización de cada instalación. Entre los ámbitos que requieren especial atención identifica las presas, los cauces y las infraestructuras urbanas afectadas por episodios meteorológicos extremos, como la DANA.

En materia de seguridad de presas, la institución reclama la aprobación de una Ley de Presas, acompañada de mecanismos de financiación específicos para garantizar su conservación y seguridad.

Estas actuaciones se integrarían en una política de inversión sostenida, orientada tanto a preservar el patrimonio hidráulico existente como a mejorar su capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos.

 

Financiación estable y mayor capacidad técnica de las administraciones

Más allá de las inversiones previstas, la propuesta del Colegio incorpora medidas transversales que afectan a la planificación, contratación y gestión de las infraestructuras públicas, incluidas las hidráulicas.

Entre ellas figura la aprobación de una Ley de Ordenación de la Calidad y Sostenibilidad de las Infraestructuras, concebida para establecer criterios aplicables a todo su ciclo de vida. También propone reformar la Ley de Contratos del Sector Público para simplificar procedimientos, eliminar requisitos desproporcionados y otorgar mayor peso a la calidad técnica en los contratos de ingeniería y consultoría.

En materia de financiación, la institución plantea evaluar las concesiones y otras fórmulas de colaboración público-privada como posibles instrumentos para desarrollar las inversiones previstas.

Asimismo, defiende reforzar los equipos técnicos de las administraciones públicas, mejorar las condiciones del empleo público especializado y garantizar el relevo generacional, cuestiones que considera necesarias para asegurar una adecuada planificación, ejecución y conservación de las infraestructuras.

La propuesta de Estrategia Nacional de Infraestructuras 2027-2031 ha sido remitida a los cuatro principales partidos nacionales que concurren a las elecciones del 29 de noviembre, con el objetivo de trasladar estas prioridades a la agenda de infraestructuras del próximo Gobierno.

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