Los municipios se preparan para la mayor reforma del saneamiento urbano en más de 30 años con la nueva Directiva TARU

Los municipios españoles se encuentran a las puertas de la mayor transformación normativa en materia de saneamiento urbano de las últimas tres décadas. Esta fue la principal conclusión de la jornada “¿Cómo afectará la nueva Directiva TARU a los municipios?”, organizada por la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) en Sevilla, con la colaboración de ASA-Andalucía, EMASESA y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

El encuentro reunió a alcaldes, operadores y responsables técnicos en un momento clave, en el que las entidades locales se sitúan en el epicentro de la adaptación al nuevo marco europeo.

El acto fue inaugurado por Jesús Maza, presidente de DAQUAS; José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP; Manuel Romero, consejero delegado de EMASESA; y Juan José Denis, director gerente de EMASA. Todos coincidieron en destacar la magnitud del reto que supone la Directiva 2024/3019.

Maza advirtió que "los plazos son ambiciosos y las obligaciones, muy superiores a las actuales; no podemos permitirnos retrasos", mientras que Bellido subrayó que la aplicación de la normativa "exige un esfuerzo conjunto para garantizar que incluso los municipios más pequeños puedan cumplir con un marco europeo mucho más exigente".

Una directiva más exigente y con nuevas obligaciones

La contextualización técnica corrió a cargo de Carmen Hernández, responsable de Asuntos Técnicos de DAQUAS, quien explicó que la Directiva TARU amplía su ámbito de aplicación a todas las aglomeraciones de más de 1.000 habitantes-equivalentes y fija la obligatoriedad de:

• Tratamientos secundarios para 2035,

• Tratamientos terciarios para 2039,

• Tratamientos cuaternarios para 2045.

Además, introduce nuevas exigencias como la neutralidad energética de las depuradoras y la vigilancia epidemiológica bajo el enfoque One Health.

"Estamos ante un cambio estructural que obliga a revisar cómo se planifica, cómo se invierte y cómo se gestiona el saneamiento urbano", señaló Hernández.

Un reto de inversión, gobernanza y capacidades locales

A partir de esta exposición, la jornada se centró en el análisis económico y operativo. Hernández detalló que la adaptación al nuevo marco normativo implicará inversiones superiores a 24.689 millones de euros en los próximos 20 años. Esta cifra se incrementará al considerar los costes asociados al Real Decreto 3/2023 y a la digitalización de redes y sistemas de control, advirtiendo de que "el verdadero reto no es solo tecnológico, sino financiero y de gobernanza".

La adaptación al nuevo marco normativo implicará inversiones superiores a 24.689 millones de euros en los próximos 20 años.

Estos desafíos vertebraron la primera mesa redonda, dedicada a gobernanza, pequeñas poblaciones y responsabilidad ampliada del productor (RAP). Responsables de EMASESA, la Junta de Andalucía y operadores andaluces coincidieron en que los municipios pequeños afrontan una triple dificultad: redes envejecidas, falta de recursos técnicos y financiación insuficiente para cumplir con las nuevas obligaciones.

Se subrayó que la cooperación supramunicipal y la aplicación efectiva del principio “quien contamina, paga” serán determinantes para garantizar que la transición se produzca sin dejar atrás a las zonas rurales.

La primera mesa redonda estuvo dedicada a gobernanza, pequeñas poblaciones y responsabilidad ampliada del productor (RAP).

Digitalización, PIGSS y salto a tratamientos terciarios y cuaternarios

La segunda mesa se centró en los esfuerzos técnicos necesarios para cumplir con la Directiva. En ella participaron responsables de ingeniería, explotación e innovación de distintos operadores andaluces. Los ponentes coincidieron en que la modernización del alcantarillado, la implantación de los Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS) y el salto a tratamientos terciarios y cuaternarios requieren tecnología, pero también talento, formación y estabilidad regulatoria.

La segunda mesa se centró en los esfuerzos técnicos necesarios para cumplir con la Directiva.

La digitalización se situó en el centro de la transformación: sensores, monitorización en tiempo real y sistemas inteligentes de control se identificaron como herramientas clave para mejorar la eficiencia operativa, anticipar episodios de carga contaminante y optimizar la gestión de infraestructuras envejecidas, muchas de ellas con más de 40 años de servicio.

Los expertos insistieron en que, sin una revisión estructural de las tarifas del agua, será difícil garantizar la sostenibilidad económica del nuevo modelo de saneamiento.

Anticiparse al cambio: cooperación y acompañamiento a los municipios

El encuentro concluyó con un mensaje unánime: no hay tiempo que perder. Los municipios deberán anticiparse, planificar, implicarse y cooperar para hacer frente a un marco europeo más exigente, pero también más orientado a proporcionar un saneamiento urbano más seguro, moderno y resiliente.

DAQUAS reafirmó su compromiso de acompañar a las entidades locales en esta transición, promoviendo el diálogo técnico, el intercambio de experiencias y una gobernanza del agua que permita afrontar con éxito los retos ambientales y climáticos de los próximos años.