Los regantes exigen un plan urgente de inversión en presas tras el aumento récord de reservas

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha solicitado al Gobierno una inversión anual de 100 millones de euros destinada al mantenimiento y modernización de presas e infraestructuras hidráulicas, tras denunciar que las intensas lluvias recientes han evidenciado problemas estructurales que están provocando desembalses y pérdidas de agua en distintas cuencas.

En apenas una semana, los embalses españoles han incrementado sus reservas en un 10%, la mayor subida registrada desde 1988. Sin embargo, según los regantes, parte de este volumen se está liberando por limitaciones de capacidad y por el estado de conservación de determinadas infraestructuras.

Déficits estructurales y falta de capacidad de regulación

Fenacore sostiene que el desembalse de agua responde, en algunos casos, a la falta de capacidad de almacenamiento y regulación, lo que impide retener recursos en años húmedos para garantizar el suministro en periodos secos. En este contexto, la federación insiste en la necesidad de impulsar la construcción de 27 nuevos embalses, ya contemplados en anteriores ciclos de planificación hidrológica.

Las Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha han señalado el caso de la presa de La Vega del Jabalón (Ciudad Real), que está liberando agua como medida preventiva ante el aumento de aportaciones. La decisión ha sido adoptada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para proteger la infraestructura y a las poblaciones situadas aguas abajo. El embalse, con una capacidad total de 34 hectómetros cúbicos, almacena actualmente 18 hm³.

Sobre esta infraestructura existen informes del CEDEX que apuntan a que no cumple plenamente las garantías exigidas por el Real Decreto 264/2021 en materia de seguridad de presas, lo que justificaría mantener abiertas las compuertas por precaución.

Incidencias en la cuenca del Segura

En la cuenca del Segura, la más árida del país, varias comunidades de regantes denuncian también pérdidas de agua vinculadas al mal estado de canales y embalses y a la insuficiente capacidad de regulación.

Citan como ejemplo el embalse del Cenajo, el mayor de la cuenca, que se sitúa en torno al 25% de su capacidad mientras se están produciendo desembalses hacia el Mediterráneo. Asimismo, el canal que abastece al embalse de La Pedrera opera al 50% debido al deterioro de una tubería.

Otras infraestructuras estratégicas, como el Sifón de Orihuela y el túnel Talave-Cenajo, funcionan de forma limitada por reparaciones actualmente en ejecución, aunque, según los regantes, estas actuaciones estaban pendientes desde hace años.

Sensores y seguridad de presas

Fenacore recuerda que el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) reconoció en un informe publicado el pasado diciembre que los sensores destinados a auscultar la seguridad de las presas habían sido descuidados durante años.

De acuerdo con los datos oficiales, un tercio de las presas estatales requiere refuerzos estructurales urgentes, mientras que el 65% necesita renovar o sustituir sus sistemas de vigilancia y control.

Para la federación, esta situación refleja la necesidad de reforzar el mantenimiento preventivo y la modernización tecnológica de las infraestructuras hidráulicas, tanto para garantizar la seguridad como para optimizar la gestión del recurso.

Impacto en el regadío y el abastecimiento

Desde Fenacore consideran que el agua desembalsada por el deterioro o la falta de capacidad de las infraestructuras supone una pérdida que afecta directamente a los regantes, al sector agrícola y al abastecimiento de poblaciones.

A su juicio, en un contexto de creciente variabilidad climática, resulta prioritario mejorar la capacidad de almacenamiento, regulación y control para aprovechar los episodios húmedos y reforzar la resiliencia frente a futuras sequías. En este sentido, insisten en que la inversión en mantenimiento y en nuevas infraestructuras no solo responde a criterios de eficiencia hidráulica, sino también a la estabilidad económica y ambiental de las explotaciones agrarias y de los territorios dependientes del regadío.