OCU denuncia el incumplimiento de la normativa sobre la tasa de residuos en numerosos ayuntamientos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elevado a la Comisión Europea una denuncia formal por el incumplimiento de la normativa europea sobre la tasa de basuras en España. La entidad solicita que se investigue si la transposición de la Directiva 2018/851 a la legislación nacional se ha realizado correctamente y si los ayuntamientos están aplicando de forma justa el principio de “quien contamina, paga”.

OCU recuerda que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa de gestión de residuos que refleje el coste real del servicio. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma dista mucho de ser homogéneo y, en muchos casos, se está vulnerando su espíritu.

Tasas fijas y modelos injustos

La organización ha detectado que numerosos ayuntamientos aplican tarifas fijas a todos los contribuyentes, sin tener en cuenta la cantidad de residuos generados ni la calidad de la separación de los mismos. Este modelo, denuncia OCU, no cumple el principio de equidad ni incentiva las buenas prácticas de reciclaje.

Otros municipios, como Madrid, calculan la tasa combinando factores como el valor catastral de la vivienda, la generación de residuos por barrios o la eficiencia en la separación de basuras, un sistema que tampoco se ajusta al espíritu de la directiva europea.

La organización ha detectado que numerosos ayuntamientos aplican tarifas fijas a todos los contribuyentes, sin tener en cuenta la cantidad de residuos generados ni la calidad de la separación de los mismos.

Por ello, OCU ha solicitado a la Comisión Europea que analice la situación y adopte las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación de la normativa y la adaptación efectiva del principio “quien contamina, paga” en todos los municipios españoles.

Recurso contra la tasa de basuras

OCU recuerda que los ciudadanos pueden recurrir la tasa de basuras si consideran que no se ajusta a la legalidad o resulta injusta. El plazo para hacerlo es de un mes desde la notificación de la liquidación.

El recurso puede presentarse ante la Agencia Tributaria municipal o el Tribunal Económico-Administrativo local, adjuntando la liquidación y argumentando la falta de equidad o la ausencia de correlación entre el pago y la generación de residuos. Si la reclamación es desestimada, se puede acudir a la vía judicial mediante un Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, con asistencia letrada.

OCU recuerda que los ciudadanos pueden recurrir la tasa de basuras si consideran que no se ajusta a la legalidad o resulta injusta.

El objetivo para OCU es, por tanto, no solo cuestionar un recibo, sino defender un modelo de gestión de residuos más justo, transparente y sostenible, insistiendo en la necesidad de armonizar los criterios municipales para que el pago responda al impacto ambiental real de cada ciudadano.