La economía circular se ha consolidado en la última década como uno de los ejes vertebradores de la política ambiental, industrial y económica de la Unión Europea. A través de un entramado normativo, estratégico y financiero sin precedentes —materializado en los Planes de Acción de Economía Circular de 2015 y 2020, el Pacto Verde Europeo y la reciente oleada regulatoria en ámbitos como el ecodiseño, los envases o la reparación—, la UE ha fijado como objetivo desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos finitos y de la generación de residuos, avanzando hacia un modelo de ciclo cerrado, más eficiente, competitivo y climáticamente neutro en 2050.
Sin embargo, los principales indicadores muestran que esta ambición política aún no se traduce en una transformación estructural del metabolismo económico europeo. El último informe sobre el Estado del Medio Ambiente en Europa de la Agencia Europea de Medio Ambiente confirma que la UE solo avanza parcialmente hacia sus objetivos ambientales y de sostenibilidad para 2030. De los cuatro indicadores identificados como prioritarios y totalmente incumplidos, dos están directamente relacionados con la economía circular: la duplicación del uso de materiales circulares y la reducción significativa de la huella de consumo.
España reproduce en gran medida este diagnóstico. Pese a los avances en eficiencia y al refuerzo del marco normativo y estratégico, el país sigue afrontando desafíos estructurales relevantes, especialmente en la gestión de residuos y en los patrones de consumo. La persistencia de un modelo productivo y de consumo intensivo en materiales continúa limitando la capacidad de avanzar hacia sistemas circulares más ambiciosos. Este desfase entre el despliegue de políticas públicas y los resultados efectivos constituye el punto de partida del V Informe sobre la Situación y Evolución de la Economía Circular en España (2025), elaborado por la Fundación Cotec en colaboración con la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS).
Para Luis M. Jiménez Herrero, presidente de ASYPS y director del informe, este diagnóstico obliga a evitar lecturas complacientes. A su juicio, aunque España avanza en la buena dirección y se alinea con el marco estratégico europeo, aún está lejos de cumplir varios de los objetivos de circularidad fijados por la UE. El riesgo principal, advierte, es confundir el despliegue normativo con un cambio real en sistemas de producción y consumo que siguen siendo mayoritariamente lineales.
España cuenta, no obstante, con fortalezas relevantes para acelerar esta transición: un marco estratégico avanzado, capacidades técnicas e industriales consolidadas y un tejido empresarial con potencial innovador. Pero este potencial solo se materializará si se refuerzan de forma decidida las fases superiores del ciclo de vida —prevención, diseño e innovación— y si se avanza hacia modelos de gobernanza capaces de sostener una transformación sistémica. El objetivo último, subraya Jiménez Herrero, es que los productos, los servicios y los modelos de negocio circulares se conviertan en la norma, avanzando de manera efectiva en el desacoplamiento del crecimiento económico respecto del uso de recursos y de los impactos ambientales asociados.
En paralelo, la economía circular ha ganado peso en el debate público. La Encuesta de Percepción Social de la Innovación de Cotec muestra que el porcentaje de población que afirma saber qué es la economía circular ha pasado del 11,4 % en 2017 al 59,9 % en 2023. Sin embargo, esta mayor familiaridad convive con una comprensión aún parcial de su alcance. El informe insiste en que la economía circular no se limita al reciclaje, sino que implica un cambio sistémico que abarca el diseño de productos, los procesos productivos, los modelos de negocio y los patrones de consumo. Desde este marco, el análisis se centra en los indicadores que permiten evaluar su evolución real en España.
El análisis comparado confirma uno de los rasgos más característicos de la transición circular en Europa: la coexistencia de mejoras sostenidas en la eficiencia en el uso de los recursos con niveles de consumo que siguen siendo ambientalmente insostenibles. Los datos de Eurostat y del INE sitúan a España en una posición intermedia dentro de la UE, con avances desiguales según las dimensiones analizadas.
Desde una perspectiva macroeconómica, los resultados son relativamente positivos. España ha mejorado de forma sostenida su productividad de los recursos, medida como la relación entre el PIB y el consumo interno de materiales. En 2023 alcanzó los 3,53 euros por kilogramo, por encima de la media de la UE-27 (2,99 €/kg) y entre los diez Estados miembros más eficientes. Esta evolución refleja un uso más eficiente de los materiales y cierto desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo material, aunque el informe advierte de que este indicador no capta por sí solo las transformaciones estructurales del sistema productivo ni garantiza una reducción proporcional de las presiones ambientales.
Una tendencia similar se observa en la productividad asociada a las emisiones de gases de efecto invernadero. España muestra una trayectoria de descarbonización progresiva, con una reducción de las emisiones ligadas a la producción, pero no con la intensidad necesaria para cumplir el objetivo europeo de reducción del 55 % en 2030.
También mejora la productividad en relación con la generación de residuos. En 2022, España se situó por encima de la media europea en este indicador, lo que apunta a una mayor eficiencia económica. Sin embargo, la generación de residuos municipales sigue estrechamente vinculada al crecimiento económico, lo que refuerza el papel del consumo final como principal foco de presión ambiental.
Para Jiménez Herrero, estos avances son necesarios pero insuficientes. El desafío central sigue siendo reducir de forma significativa el uso de materiales y la generación de residuos, condición imprescindible para avanzar hacia una economía compatible con los límites planetarios, especialmente en los sistemas urbanos. Aunque España ha incrementado su capacidad de producir utilizando menos materiales y generando menos emisiones y residuos industriales que en 2010, este desacoplamiento sigue siendo relativo y no se produce con la rapidez necesaria.
El informe incorpora una lectura complementaria de dos métricas clave: la huella material y la huella de consumo. La primera refleja el consumo global de materiales asociado a una economía. En España, la huella material per cápita se ha reducido de 13,47 toneladas en 2010 a 7,98 toneladas en 2023, situándose claramente por debajo de la media europea. Esta evolución está vinculada a cambios en la estructura productiva y a mejoras en eficiencia.
No obstante, el informe advierte de que esta tendencia no puede darse por consolidada. Las proyecciones de la OCDE apuntan a un aumento de la demanda de materiales en la UE, lo que hace improbable una reducción significativa de la huella material sin políticas orientadas a la reducción absoluta del uso de recursos.
Más reveladora es la huella de consumo, uno de los indicadores totalmente incumplidos según la AEMA. Esta métrica evalúa los impactos ambientales asociados a todo el ciclo de vida de los bienes y servicios consumidos. En el caso español, los resultados son contundentes: el nivel de consumo equivale a 3,6 planetas, por encima de la media europea y muy lejos del objetivo de situar la actividad dentro de la capacidad regenerativa del planeta en 2030.
Este contraste evidencia, según Jiménez Herrero, los límites de una transición centrada exclusivamente en la eficiencia productiva. La economía circular solo desplegará todo su potencial si se articula de forma coherente con las políticas climáticas, de biodiversidad y de lucha contra la contaminación, y si se orienta explícitamente a reducir el impacto ambiental del consumo. Este diagnóstico desplaza el foco hacia la prevención y conecta directamente con la gestión de los residuos.
La gestión de los residuos es uno de los ámbitos donde los déficits estructurales del modelo español resultan más evidentes y uno de los principales factores de riesgo de incumplimiento de los objetivos europeos. Aunque España genera menos residuos totales per cápita que la media de la UE, los residuos municipales siguen siendo especialmente problemáticos. En 2022 se generaron 2.480 kg de residuos totales por habitante, con un repunte respecto a 2020, y los residuos municipales representaron alrededor del 21,5 % del total.
Por sectores, la construcción continúa siendo el principal generador de residuos, seguida por la minería, la industria manufacturera y los servicios. Las principales debilidades se concentran en los residuos municipales: España recicla en torno al 41 %, muy por debajo de los objetivos del 55 % en 2025 y del 60 % en 2030. Además, el vertido sigue siendo el método predominante, con 223 kg por habitante y año, el doble de la media europea, lo que ha motivado un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.
El informe identifica como causas una prevención insuficiente, sistemas de recogida selectiva poco eficientes, infraestructuras desigualmente distribuidas y un desarrollo incompleto de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Sin resolver estos problemas, insiste Jiménez Herrero, no es posible avanzar decididamente hacia modelos circulares avanzados.
La tasa de uso circular de los materiales, situada en el 8,5 %, refleja estas dificultades. España se encuentra por debajo de la media europea y muy lejos del objetivo del 23,4 % para 2030. Además, la contribución del reciclaje a la demanda de materias primas es muy desigual: mientras algunos metales tradicionales presentan tasas elevadas, en los materiales críticos asociados a tecnologías emergentes la aportación de materias primas secundarias es prácticamente inexistente, lo que limita el impacto real del reciclaje.
Estas limitaciones conectan la economía circular con uno de los grandes debates de la política industrial europea: la seguridad del suministro de materias primas. En un contexto geopolítico marcado por tensiones crecientes, la circularidad adquiere una dimensión estratégica al contribuir a reducir dependencias externas y reforzar la resiliencia económica.
España importa entre el 30 % y el 45 % de los materiales que consume, y la UE mantiene una fuerte dependencia exterior de minerales metálicos y materiales energéticos fósiles. La Ley Europea de Materias Primas Críticas fija objetivos concretos para 2030, como cubrir el 10 % del consumo mediante extracción interna y alcanzar un 15 % a través del reciclaje. El informe valora positivamente la hoja de ruta española y el impulso de la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aunque subraya que su eficacia dependerá de inversiones sostenidas, innovación tecnológica y marcos regulatorios estables.
En este ámbito, el desarrollo de la bioeconomía circular y sostenible se perfila como un componente relevante de la autonomía estratégica, siempre que se garantice el uso sostenible de los recursos biológicos y se eviten nuevas presiones ambientales.
"La transición circular no puede evaluarse solo desde el reciclaje: necesita indicadores sistémicos y metodologías integradas que permitan orientar de forma rigurosa las decisiones públicas y empresariales" - Luis M. Jiménez, presidente de ASYPS y director del V Informe de Economía Circular de Cotec.
De cara a 2030, el diagnóstico del informe es claro: ni España ni la UE están aún en una senda sólida hacia una economía circular de baja intensidad material y menor generación de residuos. Las tendencias actuales no muestran una reducción significativa del uso total de materiales ni de los impactos ambientales asociados al consumo, que siguen superando ampliamente los límites planetarios.
Este escenario se produce pese a la creciente ambición regulatoria. Para Jiménez Herrero, la clave reside en el cambio del modelo de consumo, intensificando las políticas de prevención y acelerando las mejoras productivas, pero asumiendo también la necesidad de reducir el consumo total de materiales y productos. Desde esta perspectiva, la economía circular debe entenderse no solo como un conjunto de soluciones técnicas, sino como un mecanismo operativo de transformación del sistema económico, capaz de impulsar nuevos escenarios de prosperidad y bienestar dentro de los límites del planeta.
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