A medida que el agua se convierte en un recurso cada vez más escaso y valioso, la necesidad de modernizar y mantener las infraestructuras hídricas en España se vuelve más urgente. La gestión del ciclo urbano del agua enfrenta múltiples desafíos ambientales, económicos y regulatorios, que requieren atención inmediata.
Para resolverlos, es esencial analizar la situación actual del sector y explorar las oportunidades que pueden surgir en áreas clave, como la economía circular, la digitalización y la excelencia operativa. Un reciente informe de PwC España, titulado “Estimación del déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua en España”, pone de manifiesto el alarmante déficit de inversión en el sector, subrayando la urgencia de abordar esta problemática. En este reportaje, evaluamos la situación actual del sector y las implicaciones de esta falta de inversión, profundizando en los retos y oportunidades que enfrenta, así como en las estrategias necesarias para asegurar un futuro sostenible en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos.
El mencionado informe, publicado el pasado mes de mayo de 2024, revela que el ciclo urbano del agua en España enfrenta una problemática creciente relacionada con la falta de inversión, lo que pone en riesgo no solo la capacidad de mantener infraestructuras clave, sino también el suministro de agua a largo plazo. Desde la crisis económica de 2008, la inversión en este sector ha experimentado una disminución sostenida, lo que ha causado un deterioro significativo en las redes de abastecimiento y saneamiento. Este déficit de inversión, sumado a la necesidad de cumplir con nuevas normativas y mejorar la eficiencia operativa, representa un reto estructural considerable para el futuro hídrico de España.
En 2018, se estimó que el 26% de las redes de abastecimiento y el 44% de las redes de alcantarillado tenían más de 40 años de antigüedad.
La inversión en el ciclo urbano del agua, que incluye la captación, distribución, tratamiento y saneamiento de aguas, ha disminuido drásticamente en la última década. Entre 2003 y 2010, las cifras de inversión alcanzaron un promedio anual de 3.730 millones de euros, permitiendo el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para satisfacer las demandas de la población. Sin embargo, desde 2017 hasta 2022, esta cifra se ha reducido a apenas 1.200 millones de euros anuales, lo que representa una caída del 68%. Este descenso ha afectado de manera directa la capacidad de las infraestructuras hídricas para satisfacer las necesidades actuales y futuras del país.
El envejecimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento es uno de los resultados más evidentes de esta falta de inversión. En 2018, se estimaba que el 26% de las redes de abastecimiento y el 44% de las redes de alcantarillado tenían más de 40 años de antigüedad, lo que las acerca peligrosamente al final de su vida útil, que se sitúa entre los 58 y 66 años, según estimaciones del sector. La falta de renovación de estas infraestructuras genera un mayor riesgo de averías, ineficiencias y pérdidas de agua, además de costos operativos más altos para las administraciones locales y las empresas gestoras del agua.
El déficit de inversión en el ciclo urbano del agua en España no solo es un problema interno, sino que es aún más preocupante cuando se compara con otros países europeos. Al analizar la inversión en términos normalizados, se hace evidente que España invierte significativamente menos que otros países europeos comparables. Esto se observa tanto al considerar la inversión per cápita, como el porcentaje del PIB, la superficie del país o la población.
En términos per cápita, por ejemplo, durante el quinquenio 2017-2022, la inversión española en este sector fue de tan solo 24 euros por habitante, una cifra significativamente inferior a la de países como Holanda, que invierte casi 180 euros por habitante, o Alemania y Francia, que destinan 91 y 89 euros, respectivamente. Además, este déficit en inversión no es nuevo; históricamente, España ha estado entre los países con menor inversión en el ciclo del agua, junto con Italia, manteniendo la distancia con la media europea a pesar de la contracción en las inversiones en otros países desde 2008.
Estas cifras ponen de manifiesto la brecha que existe entre España y las economías avanzadas de Europa, donde la inversión en infraestructuras hídricas es un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia del suministro de agua. Para igualar la media europea, España necesitaría cuadruplicar su inversión actual, lo que supone un desafío financiero considerable.
Sin embargo, este esfuerzo es necesario no solo para modernizar las infraestructuras y adaptarlas a las nuevas normativas europeas, sino también para garantizar la seguridad hídrica en un país que enfrenta crecientes episodios de sequía y un aumento de la demanda debido a factores como el crecimiento demográfico y el turismo.
Para igualar la media europea, España necesitaría cuadruplicar su inversión actual.
Uno de los indicadores más relevantes que reflejan la falta de inversión en el ciclo del agua en España es el índice de agua no registrada (ANR), que mide el volumen de agua que se pierde en el proceso de distribución debido a fugas, errores en la medición o fraudes. En 2020, el ANR en España se situaba en un 23%, muy por encima de países como Alemania y Holanda, donde el ANR es del 6% y 5%, respectivamente. Esto significa que casi una cuarta parte del agua que se extrae y trata en España no llega a los usuarios finales, lo que representa una pérdida tanto económica como de recursos.
Esta alta tasa de pérdidas de agua es un reflejo directo del estado de las infraestructuras, muchas de las cuales necesitan reparaciones urgentes. La falta de inversión en la renovación y mantenimiento de las redes de distribución ha llevado a un aumento de las fugas y averías, lo que a su vez incrementa los costos operativos y afecta la calidad del servicio. Si no se toman medidas inmediatas para reducir el ANR, la presión sobre los recursos hídricos de España, ya de por sí considerable debido a la escasez y la sobreexplotación de los acuíferos, aumentará de forma insostenible.
La inversión promedio en el ciclo urbano del agua cayó del 3.730 millones de euros (2003-2010) a 1.200 millones de euros anuales (2017-2022), representando una caída del 68%.
El déficit de inversión en el ciclo urbano del agua en España no es una cuestión de cálculo aislado, sino que se aborda mediante diversas metodologías que desglosan la necesidad de inversión en distintas áreas del sector. Para lograr una planificación efectiva, se identifican tres frentes críticos en los que la inversión es prioritaria: la creación de nuevas infraestructuras, la renovación de las actuales y el cumplimiento de las normativas más recientes.
En cuanto a las nuevas infraestructuras, los Planes Hidrológicos de Cuenca del tercer ciclo, que abarcan el período 2022-2027, se establecen como la principal herramienta de planificación. Estos planes estiman una necesidad de inversión total de 41.800 millones de euros. No obstante, aplicando criterios de priorización, esta cifra se ajusta a 37.500 millones, de los cuales 3.300 millones se destinarán al ciclo urbano del agua, con una inversión anual en nuevas infraestructuras estimada en aproximadamente 2.600 millones de euros.
Para la renovación de infraestructuras existentes, el costo anual asciende a 2.598 millones de euros, según un informe de la UNED de 2019. Este valor ha experimentado un aumento del 17% en comparación con estimaciones anteriores debido a la inflación y al creciente envejecimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento.
Por último, el cumplimiento de nuevas normativas impuestas por la Unión Europea, en especial la Directiva 91/271/CEE, añade un componente adicional de inversión. Esta normativa establece requisitos más estrictos en el tratamiento y depuración del agua, lo cual implica adaptar las infraestructuras actuales mediante el tratamiento terciario, cuaternario y la neutralidad energética. Las inversiones adicionales para cumplir con estos estándares ascienden a 450 millones de euros anuales, con costos totales estimados de 2.870 millones para el tratamiento terciario y 6.540 millones para el cuaternario.
Se estima que el ciclo urbano del agua necesita 6.200 millones de euros anuales durante la próxima década, con un déficit estructural de 5.000 millones de euros al año.
En total, se estima que el ciclo urbano del agua en España necesita una inversión anual de 6.200 millones de euros durante la próxima década, para expandir, renovar y mejorar la infraestructura y cumplir con los objetivos regulatorios del sector. Considerando que las inversiones históricas han alcanzado un total de 1.200 millones de euros, existe un déficit estructural de aproximadamente 5.000 millones de euros al año. Este déficit representa uno de los principales obstáculos para la modernización del sector y la mejora de la calidad del servicio.
El déficit de inversión en el ciclo urbano del agua no afecta de manera uniforme a todas las regiones de España. Las comunidades autónomas del arco mediterráneo, como Andalucía, Cataluña y Valencia, son las que más sufren esta falta de inversión debido a su mayor vulnerabilidad a la sequía y la sobreexplotación de los recursos hídricos. En estas regiones, la demanda de agua es más alta debido a factores como el crecimiento urbano, el turismo y la agricultura intensiva, lo que hace que el impacto del déficit de inversión sea aún más pronunciado.
Por tanto, aunque las comunidades citadas reciben inversiones superiores a la media nacional (66 millones anuales), también sus necesidades de inversión son mucho más elevadas. En concreto, Andalucía estima una necesidad de 1.190 millones anuales; seguida de Cataluña, con 797 millones; y Valencia, con 654 millones. Estas regiones representan casi la mitad del déficit total en términos porcentuales, lo que destaca la necesidad de una inversión mayor en estas áreas.
El ciclo urbano del agua en España enfrenta una serie de retos interrelacionados que exigen un enfoque integrado y coordinado. Entre estos desafíos, los medioambientales son especialmente críticos, debido al cambio climático, que ha elevado las temperaturas, incrementado la escasez hídrica y deteriorado los ecosistemas. La presión sobre los recursos hídricos es intensa, particularmente en regiones del arco mediterráneo, donde sequías recurrentes han comprometido el suministro de agua.
A esta problemática se suman otros muchos factores económicos, que han contribuido al mencionado estancamiento de las inversiones. España invierte significativamente menos que otros países comparables en el mantenimiento y mejora de su infraestructura hídrica, lo que resulta en un déficit de inversión que asciende a miles de millones de euros anuales. Este bajo nivel de inversión se ve agravado por un entorno macroeconómico complejo, donde la elevada deuda pública y el aumento del gasto social limitan las capacidades de inversión de las administraciones públicas. A pesar de la disponibilidad de capital privado, la falta de un marco adecuado para facilitar la colaboración público-privada representa una oportunidad desaprovechada que podría aliviar la situación del sector.
También son significativos los obstáculos regulatorios. Las normativas en constante evolución exigen que las infraestructuras se adapten a nuevos estándares de calidad y sostenibilidad, lo que implica inversiones adicionales que muchas veces no están contempladas en los presupuestos actuales. Las directivas europeas, como la Directiva 91/271/CEE, establecen requisitos estrictos para el tratamiento de aguas residuales, complicando la capacidad de las entidades gestoras para cumplir con las expectativas sociales y medioambientales. Además, la estructura competencial en el sector del agua es compleja, con múltiples administraciones públicas que gestionan la materia.
Esta fragmentación dificulta la coordinación y ralentiza las inversiones necesarias. Además, la falta de transparencia y de información accesible sobre tarifas e inversiones impide una adecuada evaluación del estado del sector, limitando la capacidad de nuevos operadores para entrar al mercado. La incapacidad de recuperar completamente los costes a través de las tarifas también restringe el financiamiento necesario para mantener y expandir la infraestructura, incrementando así los costes operativos a largo plazo.
A pesar de estos obstáculos, cabe reseñar que también existen en el sector importantes oportunidades que pueden transformar el sector del agua en España. En primer lugar, la economía circular se presenta como una estrategia clave para una gestión sostenible de los recursos hídricos, con un enfoque en la reutilización de aguas. España ya es líder en este ámbito, aunque aún un gran potencial aún sin explotar. Por ejemplo, en Murcia, la tasa de reutilización alcanza el 91%, un modelo que podría ser replicado en otras regiones para aliviar la presión sobre los recursos. Además, la digitalización de las infraestructuras ofrece una oportunidad sin precedentes para mejorar la gestión y la eficiencia operativa.
La implementación de tecnologías avanzadas, como sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real, facilita la detección de fugas y optimiza el consumo de agua. Este enfoque no solo ayuda a reducir el índice de agua no registrada, sino que también permite una gestión más transparente y eficiente, aumentando la confianza de la ciudadanía en el sistema de abastecimiento. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ofrece un impulso adicional, destinando recursos significativos a la digitalización del ciclo de agua, lo que podría movilizar recursos tanto públicos como privados.
Finalmente, la búsqueda de la excelencia operativa es esencial para modernizar el ciclo urbano del agua. Adoptar mejores prácticas en la gestión de activos y priorizar la renovación de infraestructuras no solo puede mitigar el impacto del déficit de inversión, sino que también garantizará un suministro de agua más confiable y resiliente frente a los desafíos futuros.
Para afrontar el déficit histórico de inversión en el ciclo urbano del agua en España, el informe de PwC propone un conjunto de medidas que buscan revitalizar el sector. En primer lugar, se propone reformar el modelo de gobernanza para asegurar una gestión más eficiente. Esto incluye establecer un marco metodológico homogéneo para el cálculo de tarifas, fomentar una fiscalidad que no encarezca el coste operativo de las concesiones y elevar la Dirección General del Agua a la Secretaría General para aumentar la visibilidad del sector en la agenda política. Además, se sugiere activar la Conferencia Sectorial del Agua y crear una estructura reguladora específica para el agua, así como establecer el principio de separación de actividades para prevenir conflictos de interés.
Para abordar el déficit histórico de inversión en el ciclo urbano del agua en España, es crucial reformar el modelo de gobernanza, optimizar la financiación, mejorar la planificación de las inversiones y promover una operativa más eficiente.
Para mejorar la financiación, se debe asegurar la continuidad de los fondos europeos tras la finalización de los PERTE y revisar el mecanismo de remuneración a las inversiones en el sector agua, permitiendo cambios regulatorios que faciliten una mayor flexibilidad en la actualización de tarifas. La creación de un Fondo Nacional del Agua y la implementación de cuotas finalistas dentro de las tarifas para financiar actividades específicas también son medidas clave, al igual que garantizar que la totalidad de los cánones se dediquen a la mejora de la infraestructura
Por otro lado, es importante mejorar la planificación de las inversiones, apoyando a los municipios en la elaboración de sus planes de inversión y brindando soporte en el proceso de licitación mediante la elaboración de pliegos. Asimismo, se debe fomentar una operativa más eficiente a través de la creación de herramientas de gestión digital que abarquen aspectos técnicos, operativos, económicos y financieros, limitando las trabas a la subcontratación en empresas mixtas y agilizando los procedimientos de tramitación de expedientes. Finalmente, incentivar la agregación de municipios permitirá ganar economías de escala, lo que contribuirá a una gestión más eficiente del agua.
Para garantizar la efectiva implementación de estas medidas, es crucial establecer una hoja de ruta que defina prioridades, un horizonte temporal para la implementación y las entidades clave para su puesta en marcha. Implementar estas medidas no solo contribuirá a la sostenibilidad del ciclo urbano del agua en España, sino que también garantizará un suministro de agua más eficiente y resiliente ante los desafíos actuales y futuros.
Actualidad, reportajes, revista digital, podcasts y más.
