La nueva Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas abre un nuevo escenario para la depuración en Europa. Además de reforzar la eliminación de microcontaminantes mediante el tratamiento cuaternario, la norma incorpora por primera vez una responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el ámbito de las aguas residuales, trasladando a los fabricantes de medicamentos de uso humano, cosméticos y productos de higiene personal la financiación de al menos el 80 % de estos tratamientos.
La transposición de la directiva al ordenamiento español, prevista antes de julio de 2027, será determinante para definir cómo se calculan las contribuciones, qué sustancias estarán sujetas al sistema y qué garantías permitirán aplicar el principio de "quien contamina paga" de forma proporcionada, transparente y basada en evidencia científica.
Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de reducir la presencia de microcontaminantes en las aguas residuales, el principal debate gira en torno al reparto de los costes del tratamiento cuaternario. La Directiva señala inicialmente a los sectores farmacéutico y cosmético como responsables de financiar la mayor parte de estas actuaciones, pero deja abiertas cuestiones esenciales que deberán concretarse durante la transposición nacional.
El reportaje de RETEMA recoge la visión de Farmaindustria, AESEG, Lilly España, Stanpa y expertos jurídicos, que coinciden en respaldar los objetivos ambientales de la norma, aunque reclaman que las futuras obligaciones económicas respondan a criterios objetivos sobre la contribución real de cada sector a la microcontaminación y garanticen un reparto equilibrado de las responsabilidades.
Más allá de los objetivos fijados por Bruselas, será la futura legislación española la que determine aspectos como las sustancias afectadas, las instalaciones obligadas a incorporar tratamiento cuaternario, los criterios para calcular las aportaciones económicas o el sistema de gestión de los fondos recaudados. La seguridad jurídica, la trazabilidad de los recursos y la gobernanza del modelo aparecen como algunos de los principales retos identificados por los sectores implicados.
El análisis también pone de relieve que una misma obligación puede tener impactos muy distintos según el tipo de producto. Mientras la industria farmacéutica advierte del posible efecto sobre medicamentos esenciales y genéricos sujetos a precios regulados, el sector cosmético defiende un modelo que incentive el ecodiseño y la reformulación de productos, incorporando a todos los sectores que contribuyan de forma demostrable a la presencia de microcontaminantes.
La nueva RAP no solo pretende financiar el tratamiento cuaternario. El reportaje destaca la importancia de actuar también antes de que los microcontaminantes lleguen a las estaciones depuradoras, impulsando medidas de prevención en origen, innovación industrial y mejora del diseño de productos cuando sea posible. Al mismo tiempo, las entidades consultadas consideran imprescindible que el sistema se apoye en datos científicos, auditorías independientes y mecanismos de seguimiento que garanticen que los recursos recaudados se destinan realmente a mejorar la depuración.
El objetivo final pasa por construir un modelo capaz de combinar protección ambiental, viabilidad económica y seguridad jurídica en una de las transformaciones regulatorias más relevantes para el ciclo urbano del agua en los últimos años.
Este artículo resume algunas de las principales claves de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) introducida por la nueva Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Si quieres profundizar en el debate sobre la financiación del tratamiento cuaternario, la eliminación de microcontaminantes, la transposición española de la norma y la visión de Farmaindustria, AESEG, Lilly España, Stanpa y Cuatrecasas, consulta el reportaje completo publicado en RETEMA.
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