Políticas de residuos 2023/2027: una nueva oportunidad

Es necesario asegurar que se asignen los recursos adecuados, se establezcan mecanismos de supervisión y se promueva la cooperación entre todas las partes involucradas
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02-11-2023

En España perdimos los últimos diez años en materia de política de residuos, la ley  22/2011 que representaba una buena oportunidad para hacer pasos adelante, quedó en nada: la clave era desarrollar reglamentariamente todos aquellos puntos que la ley dejaba entrever y sobretodo que se garantizase su implementación efectiva.

La ley era ambiciosa, pero la mayoría de sus objetivos quedaron en papel mojado, por causas, que es importante no volver a repetir, para no perder más tiempo: no había realmente voluntad de hacer nada, por parte de la mayoría de los actores necesarios.

 

Un nuevo tiempo

Después de la aprobación de la nueva ley de residuos de 7/2022, con una gran carga de objetivos y mucha ambición derivada de la presión de la Unión Europea (y de los nuevos tiempos)  y el inicio de la nueva legislatura municipal de cuatro años, 2023/2027, para los 8.131 municipios españoles y para muchas regiones, es una buena oportunidad que no hay que perder para aplicar realmente una política de residuos en España.

Principales retos para no perder otros diez años:

Implementación efectiva: Garantizar que la ley se implemente de manera efectiva en todos los niveles, tanto a nivel estatal como regional y local. Esto implica asegurar que se asignen los recursos adecuados, se establezcan mecanismos de supervisión y se promueva la cooperación entre todas las partes involucradas. Eso es posible simplemente con VOLUNTAD POLITICA.

Aquí todo el mundo tiene que ejecutar sus competencias y responsabilidades: la función del Ministerio es la de coordinar y garantizar que se cumple la ley; sancionar aquellas regiones que no asuman sus responsabilidades y las regiones sancionar/penalizar aquellos municipios que no se impliquen en seguir una correcta política de residuos: cumplimiento de objetivos de recogida selectiva, disponer de una recogida de residuos orgánicos mínima “razonable”,  aplicación del coste real en la tasa de residuos, aplicación de la tasa justa etc.

Infraestructuras adecuadas: Asegurar que exista una infraestructura adecuada para la gestión de residuos en todo el país; la existente está obsoleta mayoritariamente, no sé si podemos decir que en España hay 97 “ecoparques” de tratamiento de la fracción resto… habría que verlos o la escasa presencia de instalaciones de tratamiento de residuos orgánicos…. Es obligatorio el “quinto contenedor” y no hay plantas.

Esto implica la necesidad de impulsar a nivel regional el desarrollo y la mejora de las instalaciones de reciclaje, centros de tratamiento de residuos e impulsar sistemas de recogida selectiva más efectivos, no hay que inventar nada: o puerta a puerta o contenedores cerrados, que den paso a medio mandato a la aplicación de la tasa justa. Es recomendable que quede claro: las regiones (o las Diputaciones) son las competentes en el tratamiento de los residuos y han de facilitar la creación y financiacion de una red de instalaciones (no asumir el coste dela operación eh!) y los municipios obligados a prestar el servicio de recogida selectiva (o delegarla a otro ente) y asumir los costes de recogida y tratamiento de sus residuos).

Cambio de mentalidad y hábitos: Destinar si o si recursos a la comunicación, educadores a pie de calle, se requiere de forma urgente promover un cambio de mentalidad en toda la sociedad y fomentar hábitos sostenibles de consumo y producción en todos los niveles. Esto implica concienciar a la población sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos, así como adoptar prácticas responsables en la gestión de los mismos.

Economía circular: Impulsar la transición hacia una economía circular REAL, donde los residuos se conviertan en recursos y se reduzca al mínimo la generación de residuos. Esto implica promover la innovación, la investigación y el desarrollo de tecnologías y procesos que permitan aprovechar al máximo los recursos y minimizar el impacto ambiental. También penalizando el vertido (el impuesto tiene que crecer con el tiempo para que sea efectivo, con vertederos a 20€/Tn olvidémonos de economía circular)

Control y prevención del fraude: Garantizar un control efectivo y una prevención adecuada del fraude en la gestión de residuos. Esto implica la necesidad de establecer mecanismos de supervisión y sanciones efectivas para aquellos que no cumplan con las disposiciones legales. Dotación de un cuerpo de inspectores suficiente y capacitado. Sin control no hay cumplimiento de la ley. Seamos prácticos y realistas.

 

Abordar estos desafíos requiere el compromiso y la colaboración de las autoridades, las empresas, los ciudadanos y otros actores involucrados en la gestión de residuos en España.

 

 

Y no hay excusas, hay dinero

Y para todo estoy hay recursos, dinero. No hay excusas para no hacer nada, ya no vale repetir que si la eterna falta de financiación autonómica o que si la reforma de las haciendas locales… desde el uno de enero de 2023 hay vigente el impuesto sobre vertido e incineración de residuos, hay disponibles centenares de millones de euros cada año.

Solo hace falta, de nuevo, VOLUNTAD POLITICA para declarar estos recursos finalistas a políticas de residuos y aplicarlo a dotarse de recursos humanos para asumir las nuevas cargas (técnicos, inspectores, letrados,…..), a dotarse de nuevas instalaciones de tratamiento, a dotarse de líneas a apoyo a los municipios para dotarse de un buen “plan local de prevención y gestión de residuos”, para hacer campañas de comunicación, para apoyar al sector privado de los gestores de residuos para mejorar sus instalaciones o investigar en nueva tecnología que facilite la recuperación y circularidad.

Les recomiendo que vean el sistema de reparto del canon de residuos existente en Cataluña, el 96% de lo que se recauda se devuelve vía inversiones y ayudas a municipios y sector privado. El reparto se consensua en tres mesas paritarias entre la Agencia de Residuos de Cataluña y las asociaciones municipalistas (impuesto de residuos municipales), con los gestores de residuos y su patronal (impuesto residuos industriales) y con el sector de la construcción (impuesto residuos construcción y demolición). Todo está inventado. Solo hace falta aplicarlo.

Abordar estos desafíos requiere el compromiso y la colaboración de las autoridades, las empresas, los ciudadanos y otros actores involucrados en la gestión de residuos en España. No hay tiempo que perder. ¡Y con VOLUNTAD POLITICA seguro que lo conseguiremos!