Una mirada a los retos del sector del agua urbana para 2023

Dada la tremenda volatilidad actual de los elementos de contorno que condicionan nuestra sociedad, a veces cuesta orientar esfuerzos hacia unos programas o acciones que no sabemos si realmente servirán para algo o serán meros escenarios hipotéticos, carentes de utilidad práctica. Pero en el sector del ámbito urbano es imprescindible planificar a largo plazo, porque en caso contrario no resolveremos crisis como la de las sequías.

Sin embargo, para 2023 tenemos cuatro retos básicos de corto plazo, que eclipsan a cualquier otro, dos de ellos heredados de las circunstancias producidas el pasado año:

1. Sostenibilidad económica

La crisis de los precios energéticos y las materias primas está generando unas tensiones muy potentes en los actores económicos, sean públicos, mixtos o privados. El sector no ha repercutido en las tarifas estos evidentes y justificados incrementos de costes. Quizá sea el único sector en el que no se ha trasladado el incremento de costes a tarifas, pero tampoco se han habilitado auxilios o subvenciones imprescindibles para recuperar costes, principio europeo establecido en la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, el MITECO sí lo ha hecho respecto al agua desalada.

Por tanto, el problema y la capacidad de resiliencia se ha cargado exclusivamente en los hombros de los operadores de servicios. Estos gestores están manteniendo la calidad de prestación de unos servicios esenciales y vitales −muy apreciados, pero poco visibilizados en la percepción del ciudadano− en claras condiciones de desequilibrio económico y riesgo en la prestación, por la potencialidad de entrar en concurso de acreedores, causa disolutoria de una empresa, bancarrota o como queramos llamarlo.

Todo ello, sin llegar a una situación irreversible o caótica, aunque es obvio es que está afectando al capítulo de inversiones. La ralentización, demora o traslado al medio y largo plazo de las inversiones programadas, son acciones comunes en muchas empresas y entidades para asegurar la caja, el circulante o, en definitiva, el equilibrio económico y la atención a los compromisos mercantiles. Y esto no es bueno para los servicios y es contrario a los retos de largo plazo que venimos diagnosticando.

Estamos trasladando a las administraciones la necesidad de que sean conscientes y consecuentes con la situación, y que comprendan el carácter “impredecible” y sobrevenido de estos altos incrementos de costes.

La mayor parte de nuestros reguladores son entidades locales. Recordemos que este año hay elecciones municipales y algunas autonómicas. Lo cómodo, fácil y populista es no tomar decisiones, pero eso es contrario a los intereses del bien común que debería prevalecer. Nuestra sociedad es madura y avanzada y nuestras autoridades deberían hacer frente a su responsabilidad pensando en la eficiencia social, en la solidaridad geográfica e intergeneracional. Hay mucho trabajo por hacer.

El problema de la crisis de los precios energéticos y las materias primas se ha cargado exclusivamente en los hombros de los operadores de servicios, los cuales están manteniendo la calidad de prestación de unos servicios esenciales y vitales en claras condiciones de desequilibrio económico y riesgo en la prestación.

2. PERTE de digitalización del ciclo del agua

Iniciado en 2022, el próximo 10 de febrero es la fecha tope para presentar proyectos a la primera convocatoria, de carácter competitivo. Siempre he estado convencido de las capacidades técnicas y de nuestra responsabilidad sectorial, a través de los actores líderes, como promotores de la propuesta que probablemente ayudó al Gobierno a plantear este PERTE. Me consta que se está haciendo mucho y buen trabajo para atender los extraordinariamente exigentes requerimientos de esta primera convocatoria. Seguro que se proponen magníficos proyectos, emblemáticos, tractores, ejemplares y útiles.

Otro tema será, y aquí enlazo con el punto anterior, cómo atender estas inversiones de colaboración público-privada, que no son menores, y que no necesariamente estaban programadas y van a suponer sobreesfuerzos económicos en dicha situación de crisis.

Además, habrá que enfocar las futuras convocatorias planteadas en el PERTE que se tienen que desarrollar en este año.

Por otro lado, ahora se solapan, a corto plazo, dos temas de gobernanza europea de largo recorrido:

3. La transposición de la Directiva de aguas de consumo humano

El 11 de enero se publicó el RD que transpone la mencionada norma, cuyo cumplimiento supone un reto de mucha trascendencia para el sector. Yo diría que propone una revolución.

Pero afectará sustancialmente a los costes del servicio de abastecimiento, como bien explicó el informe económico anejo al borrador de transposición, redactado por el Ministerio de Sanidad, a quien queremos agradecer la sensibilidad y búsqueda de la eficacia, demostrada en las múltiples aportaciones que ha realizado el sector profesional para perfeccionar, simplificar y acomodarlo a una práctica realista.

Dichos costes no han sido explicados a la ciudadanía, pero me atrevo a decir que tampoco a los ayuntamientos, que son los organismos competentes de este servicio

4. La Directiva de aguas residuales

Esta Directiva se encuentra en fase de borrador, que será trabajado por todos los actores, por el Parlamento y el Consejo Europeo, los diferentes estados y los sectores profesionales. Por nuestra parte, deberemos aportar nuestra experiencia y conocimiento.

La Directiva es muy ambiciosa y exigente y supondrá unos importantes sobrecostes del servicio de saneamiento.

Por último, entre los retos del sector del agua urbana para 2023, debemos recordar que tenemos un fuerte déficit de inversión, la necesidad de “recuperar” costes, que aconsejamos una armonización legislativa, así como la figura de un cuerpo regulador, el fomento de la innovación y la utilidad de un pacto social o político por el agua.