2021, un año de nuevas aplicaciones normativas y de amenazas fiscales

Por Luis Palomino, Secretario General de ASEGRE, Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales


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El año 2020 será recordado por ocasionar una pandemia sin precedentes en el último siglo y llena el futuro inmediato de incertidumbre. En el sector de la gestión de residuos industriales y peligrosos hemos vivido este periodo con gran intensidad porque hemos garantizado la actividad de otros sectores esenciales, como son el químico, el energético o el logístico. Y ahora afrontamos un 2021 lleno de grandes retos que también son producto de una serie de importantes hitos legislativos y fiscales que tendrán un gran impacto en nuestro sector. 

Desde nuestra asociación creemos que, al igual que la Comisión Europea, la salida de esta crisis pasa por impulsar el gran acuerdo medioambiental que supone el Green Deal y el Plan de Acción de Economía Circular que, previsiblemente, se aprobará en los próximos meses. Este plan incluirá un conjunto de iniciativas interrelacionadas en materia de política de producto, pautas de consumo y medidas para reducir la producción de residuos. Además, gracias a esta iniciativa, la Unión Europea podrá disponer de un mercado interior de materias primas secundarias de alta calidad y más eficiente. 

Afrontamos un 2021 lleno de grandes retos que también son producto de una serie de importantes hitos legislativos y fiscales que tendrán un gran impacto en nuestro sector.

A nivel nacional, el año 2020 ha traído la Estrategia Española de Economía Circular, el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y una nueva normativa de traslado de residuos. Finalmente, nos vamos dirigiendo hacia una gestión más profesionalizada en la que el productor compartirá la responsabilidad hasta el tratamiento final del residuo si se garantiza su trazabilidad, algo sobre lo que llevamos años trabajando. Y en cuanto al traslado de residuos, en 2021 deberá estar plenamente operativa la tramitación telemática. Para que funcione correctamente, es importante que exista un soporte técnico para resolución de incidencias, la disponibilidad del servicio y asegurar la actualización diaria de la base de datos de productores y gestores. También confiamos en que esta normativa de traslados reduzca las cargas administrativas y facilite datos reales de producción y gestión que permitan conocer mejor las características de esta actividad. Y para lograr los mejores tratamientos basados en las características de cada residuo, es muy importante aplicar la Guía sobre clasificación de residuos publicada por el Ministerio de Transición Ecológica el pasado año. 

Tampoco podemos olvidar que, durante 2021, continuará la tramitación de la ley de residuos, que incorporará toda la experiencia de los últimos 10 años así como las novedades legislativas de la UE. Asimismo, en 2021 tendrá una importante repercusión el Real Decreto, aprobado en julio de 2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y que refuerza los controles en todas estas actividades. En este sentido, queremos alertar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se han incluido unos ingresos de 861 millones de euros producto de un impuesto a la eliminación de residuos sobre el que no hemos sido consultados ni los gestores ni los productores. Si este impuesto no se aplica gradualmente, sumado a la negativa situación económica en la que estamos sumidos, se puede poner en peligro la viabilidad económica de nuestro sector y de muchas industrias productoras.

Antes de gravar el vertido necesitamos actuaciones que favorezcan opciones de valorización rigurosas que supongan una alternativa real al depósito en vertedero.

A modo de ejemplo, las cuantías que se plantean de 40 euros por tonelada para residuos no peligrosos serían catastróficas. Antes de lanzar una medida fiscal de estas características, habrían sido necesarias actuaciones que favorezcan opciones de valorización rigurosas que supongan una alternativa real al depósito en vertedero. Los productores de residuos tienen que saber que, con la aplicación del real decreto sobre vertederos y con estos impuestos que se plantean, el coste de vertido para residuos industriales no peligrosos sería más del doble que en 2020.

Sacar este impuesto no debería haber sido la prioridad, ya que solo muestra afán recaudatorio sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener para las industrias en 2021. Creemos que era más importante aplicar la normativa para luchar contra el vertido ilegal, los almacenamientos no autorizados y las valorizaciones fraudulentas y sin control. Las valorizaciones deben tener la misma calidad ambiental que los tratamientos de eliminación y no pueden ser una escapatoria al impuesto de vertido. De lo contrario se convertirán en el nuevo motivo de peregrinación de los residuos, con el agravante de que será más difícil de controlar su desplazamiento entre comunidades autónomas porque no se contempla la notificación previa en los traslados para la valorización de residuos no peligrosos. 

Desde ASEGRE trabajaremos durante 2021 para tratar de encauzar esta peligrosa situación y teniendo siempre como guía la aportación de valor a nuestros asociados, representándoles en todos los centros de decisión, incluyendo los europeos.


Artículo publicado en el número 227 Noviembre/Diciembre 2020

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