AESEG alerta: la Directiva de aguas residuales pone en riesgo el acceso a medicamentos esenciales
El posicionamiento conjunto señala que el nuevo modelo de financiación del tratamiento cuaternario puede provocar desabastecimientos, encarecimiento de terapias y tensiones en el sistema sanitario
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La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y seis sociedades científicas han presentado un posicionamiento conjunto en el que advierten del impacto que la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (TARU) puede tener en el acceso a medicamentos esenciales y en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), ante el riesgo de desabastecimientos y lagunas terapéuticas.
El documento, elaborado junto a SEFAC, SEFAP, SEFH, SEMERGEN, SEMFyC y SEMG, alerta de que la aplicación del gravamen previsto para financiar el tratamiento cuaternario de las aguas residuales puede generar consecuencias directas en la práctica clínica y en la continuidad asistencial.
Un gravamen con impacto directo en los genéricos
El posicionamiento identifica a los medicamentos genéricos como el segmento más vulnerable. Con precios regulados y sometidos a una presión descendente constante, estos fármacos han visto incrementados sus costes de producción por factores como la inflación, la energía o los requisitos regulatorios.
En este contexto, el nuevo gravamen resulta, según el documento, inasumible para la mayoría de los genéricos, al no poder trasladarse al precio final. Esta situación podría derivar en la retirada de medicamentos del mercado, la aparición de lagunas terapéuticas y un desplazamiento hacia alternativas más costosas.
El informe de AESEG advierte de que fármacos como la metformina o la amoxicilina podrían dejar de ser viables económicamente, con riesgo de desabastecimiento y aumento del gasto público
El análisis presentado por la asociación ya apuntaba a estos efectos en octubre, subrayando que el impacto no es teórico, sino clínicamente relevante y con implicaciones directas para pacientes y profesionales sanitarios.
Un decálogo para compatibilizar salud y sostenibilidad ambiental
Ante este escenario, AESEG y las sociedades científicas han consensuado un decálogo de consideraciones que reclama una aplicación equilibrada de la Directiva. Entre los principales puntos, destacan:
- La necesidad de abordar la sostenibilidad desde un enfoque One Health, integrando salud humana, animal y ambiental
- El reconocimiento de los medicamentos como bienes esenciales cuyo valor social debe protegerse
- La activación de las salvaguardas previstas en la Directiva para evitar impactos desproporcionados
- La advertencia de que una menor disponibilidad de genéricos reduce la sostenibilidad del sistema sanitario
Las entidades reclaman activar mecanismos correctores en la Responsabilidad Ampliada del Productor para evitar impactos sobre medicamentos con precios regulados
En este sentido, la secretaria general de AESEG, Elena Casaus, instó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a incorporar un coeficiente corrector en la futura normativa española que tenga en cuenta el carácter esencial de determinados medicamentos. Según recordó, esta posibilidad está contemplada en la propia Directiva.
Debate abierto en Europa y riesgo de incoherencia regulatoria
La preocupación trasciende el ámbito nacional. El Parlamento Europeo votará el próximo 30 de abril una moción para evaluar una pausa técnica en la aplicación de los aspectos de la Directiva que afectan al sector farmacéutico, ante el riesgo para el suministro de tratamientos esenciales.
Este debate se produce en paralelo al desarrollo del Reglamento de Medicamentos Críticos, previsto para julio de 2026, cuyo objetivo es garantizar el suministro de más de 270 medicamentos esenciales, en su mayoría genéricos.
Según AESEG, esta situación evidencia una falta de coherencia política, al coexistir iniciativas orientadas a reforzar el suministro con otras que pueden debilitar al sector productor.
La asociación insiste en que la protección ambiental y el acceso a medicamentos no son objetivos incompatibles, pero requieren proporcionalidad, coherencia regulatoria y aplicación efectiva de salvaguardas para evitar impactos sobre la disponibilidad de tratamientos esenciales.
