BIOCIRC publica una guía técnica para aclarar cómo funcionan las plantas de biogás y biometano en España

La Asociación Española de Biocircularidad (BIOCIRC) ha publicado el informe técnico “Plantas de biogás y biometano en España: garantías ambientales, control administrativo y respuesta rigurosa a la desinformación”, un documento que busca ofrecer claridad y rigor en un contexto de creciente preocupación social por la implantación de nuevas instalaciones. Según la entidad, parte de esta inquietud responde a informaciones incompletas o descontextualizadas que están generando dudas en numerosos municipios.

BIOCIRC subraya que las plantas de biogás y biometano son esenciales para avanzar hacia modelos de gestión sostenible de residuos, reducir emisiones difusas de metano y dinamizar economías rurales, por lo que resulta imprescindible que administraciones y ciudadanía dispongan de información fiable y verificable.

Una guía basada en evidencia técnica y criterios normativos

El documento explica con detalle y de manera accesible:

• Cómo funciona la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que regula estas instalaciones.

• Qué controles ambientales se aplican para evitar olores, emisiones y vertidos.

• Qué competencias tiene la Administración para inspeccionar, sancionar o incluso paralizar una planta.

• Cuáles son los riesgos ambientales reales asociados a estas instalaciones, diferenciándolos de percepciones infundadas.

• El papel que desempeñan en la sostenibilidad agraria, agroindustrial y municipal, incluyendo la valorización de residuos y la producción de energía renovable.

El informe recuerda que España aplica uno de los marcos normativos más estrictos de Europa y que cualquier planta nueva debe incorporar Mejores Técnicas Disponibles (MTD) desde su diseño.

Riesgos de no desarrollar nuevas plantas: un problema que no desaparece

BIOCIRC advierte de que la ausencia de instalaciones de biogás y biometano no evita los impactos derivados de la gestión de residuos orgánicos, sino que los agrava. Entre los efectos ya visibles, la asociación enumera:

• Emisiones difusas de metano procedentes de residuos no tratados.

• Riesgos de contaminación de acuíferos.

• Quemas agrícolas y acumulaciones incontroladas.

• Aumento del transporte de residuos a larga distancia.

• Pérdida de oportunidades agronómicas y energéticas.

• Menor dinamización económica y empleo en zonas rurales.

Recuerdan que estos proyectos requieren más de cuatro años de tramitación y cumplen requisitos ambientales muy estrictos, por lo que su paralización solo perpetúa problemas ya existentes.

La guía está disponible para ayuntamientos, administraciones autonómicas, asociaciones vecinales, empresas y profesionales del sector primario. Su objetivo es ayudar a tomar decisiones informadas, basadas en criterios técnicos y no en percepciones erróneas.