Cataluña aprueba sus primeros presupuestos de carbono con un límite de 161,6 millones de toneladas de CO₂

Los presupuestos de carbono 2026-2030 fijan por primera vez un límite máximo de emisiones de gases de efecto invernadero y objetivos sectoriales con evaluación anual
05-12-2025
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Cataluña ha dado este jueves un paso histórico en su política climática con la aprobación en el Parlament de los primeros presupuestos de carbono de su historia. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, destacó que este instrumento “convierte la transición ecológica en política pública efectiva y verificable”, y no en una suma de “gestos simbólicos” sin impacto real.

Paneque subrayó que se dispone de “talento científico, capacidad innovadora, un tejido productivo dinámico y una sociedad civil comprometida”, y que estos activos permiten avanzar hacia “una transición sólida y socialmente justa”.

 

Un límite vinculante de emisiones para el periodo 2026-2030

Los presupuestos de carbono 2026-2030 establecen por primera vez un límite máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Cataluña: durante el quinquenio, el total no podrá superar las 161,6 millones de toneladas de CO₂ equivalente.

El documento se alinea con los objetivos de la Unión Europea y concreta la parte proporcional del esfuerzo de reducción que asume Cataluña, tal y como establece la Ley de Cambio Climático. La consellera insistió en que la transición ecológica “no es un retoque superficial, sino un cambio estructural”, y destacó que esta herramienta permite conocer el volumen máximo de emisiones admisible en un periodo concreto, sector por sector, obligando a corregir desviaciones si se producen.

 

La consellera insistió en que la transición ecológica “no es un retoque superficial, sino un cambio estructural”, y destacó que esta herramienta permite conocer el volumen máximo de emisiones admisible en un periodo concreto

 

Paneque vinculó directamente descarbonización y progreso, defendiendo que, si se gestiona correctamente, esta transformación permitirá a Cataluña “ganar en generación de empleo de calidad, en reindustrialización con criterios verdes, en atracción de talento e innovación, en nuevas oportunidades para los territorios rurales y en una mejora general de la calidad de vida”.

 

Objetivos sectoriales y nueva gobernanza climática

Los presupuestos de carbono incorporan objetivos específicos por sectores clave:

  • Energía,

  • Industria,

  • Residencial y servicios,

  • Agricultura y ganadería,

  • Transporte,

  • Residuos.

Estos objetivos se han definido, según la consellera, con criterios de “realismo, ambición y necesidad de protección del tejido socioeconómico”, de forma que la senda de reducción de emisiones sea compatible con la actividad económica y la cohesión social.

La implementación del instrumento se apoyará en una nueva arquitectura de gobernanza climática. El Comité de Expertos sobre el Cambio Climático realizará una evaluación anual del grado de cumplimiento, mientras que el Parlament ejercerá el control democrático de los avances y posibles desviaciones.

 

Para Paneque, este esquema “garantiza que la transición no dependa de voluntades coyunturales, sino de un mecanismo de gobernanza estable y exigente”.

 

Cataluña, en el grupo pionero de regiones con presupuestos de carbono

La aprobación de los presupuestos de carbono marca el inicio de una nueva etapa en la planificación climática de Cataluña. Por primera vez, el país dispone de una planificación de carbono vinculante, con mecanismos de seguimiento y corrección y con objetivos sectoriales claramente definidos.

Con este paso, Cataluña se sitúa entre el primer grupo de Estados, regiones y ciudades del mundo que adoptan un mecanismo de planificación y seguimiento de emisiones de GEI para integrar los objetivos de la legislación climática en las políticas sectoriales y encaminarse hacia la neutralidad climática y las emisiones netas cero.

La consellera Paneque recalcó que estos presupuestos son una “herramienta”, llamada a orientar de forma coherente las decisiones en materia de energía, movilidad, uso del suelo, industria y gestión de residuos, y a asegurar que la transición ecológica se traduzca en resultados medibles, verificables y socialmente compartidos.

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