El Real Decreto sobre residuos textiles amenaza a 11.000 pymes y 21.000 empleos, según CEPYME
Un informe advierte que los costes del sistema podrían triplicarse hasta 2030 sin aportar mejoras ambientales significativas
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El Proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado, actualmente en fase de alegaciones, ha encendido las alarmas en el sector. La norma busca regular la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en este ámbito, pero según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), su diseño actual podría tener un fuerte impacto económico y social, poniendo en riesgo la supervivencia de miles de compañías.
En su informe Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles, la organización empresarial concluye que el texto, en lugar de impulsar la economía circular, traslada costes económicos y administrativos al tejido productivo sin aportar beneficios ambientales reales.
Costes que se disparan
El estudio calcula que el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) podría triplicarse en apenas cinco años, pasando de 48,5 millones de euros en la actualidad a más de 134 millones en 2030. Esto elevaría la tarifa media de 250 a más de 400 euros por tonelada gestionada, sin mejoras significativas en términos de sostenibilidad.
“Se trata de una carga difícilmente asumible para un sector ya tensionado por la competencia internacional y el descenso del consumo”, advierte el documento.
Riesgo de desaparición de pymes y empleos
El incremento de los costes tendría, además, un efecto devastador sobre el empleo y el tejido productivo:
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Más de 11.000 pymes podrían desaparecer.
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Se perderían 21.000 empleos directos (un 15 % del total sectorial).
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A ello se sumarían otros 17.000 puestos indirectos, con un impacto especialmente acusado en el comercio minorista, donde predominan las micro y pequeñas empresas.
Un debate abierto
El informe de CEPYME combina datos actuales, proyecciones hasta 2030 y comparativas europeas, con el objetivo de contribuir a un diálogo constructivo que permita lograr una regulación más equilibrada. La organización defiende que el futuro marco debe alinearse con los objetivos europeos de circularidad, pero también ser viable para las miles de pymes que componen la cadena de valor del textil y el calzado en España.
En palabras de la patronal, “es necesario un sistema que fomente la innovación, la reutilización y el empleo local, sin estrangular económicamente a quienes deben sostenerlo”.
