El sector ambiental exige seguridad jurídica y rigor técnico ante el aumento de las causas penales

La creciente judicialización penal de incidentes medioambientales está generando preocupación en el sector industrial y en el ámbito de la gestión de residuos. Esta situación fue analizada en profundidad durante una sesión celebrada en la oficina de Uría Menéndez en Madrid, donde expertos en derecho penal ambiental y representantes del sector examinaron el aumento de causas penales, la falta de filtros en la apertura de diligencias y el impacto reputacional que estos procesos generan sobre empresas y profesionales. En esta jornada participaron Luis Palomino, secretario general de ASEGRE, y los abogados de Uría Menéndez Jon Salinas, Jesús Sedano e Ismael Clemente.

La nueva directiva europea endurece el escenario regulatorio

A este contexto se suma la próxima transposición de la nueva Directiva europea sobre delitos medioambientales, que prevé un endurecimiento de las penas y una ampliación del catálogo de conductas sancionables. El sector advierte de que este marco puede incrementar aún más el número de procedimientos penales si no se acompaña de criterios técnicos claros, una delimitación precisa entre responsabilidad administrativa y penal y un uso verdaderamente proporcionado del derecho penal como último recurso.

Incertidumbre jurídica, presión mediática y largas investigaciones

Entre las principales preocupaciones del sector se analizó la indefinición entre la responsabilidad administrativa y la penal, así como la ausencia de criterios técnicos homogéneos para evaluar riesgos y daños ambientales. También se subrayó el riesgo reputacional asociado a filtraciones mediáticas, que puede afectar de forma intensa a empresas y directivos incluso en fases muy iniciales del procedimiento. La complejidad para los directivos investigados constituye otro de los focos de inquietud, ya que estos procesos pueden prolongarse durante años y, en muchos casos, finalizan con el archivo de las diligencias tras haber generado un importante desgaste personal, operativo y reputacional.

Más especialización, recursos y compliance

En el análisis de soluciones, se destacó la necesidad de una mayor especialización dentro de los órganos judiciales y cuerpos policiales, junto con un aumento de recursos para la administración ambiental que permita evaluar de forma solvente los riesgos y daños. Los participantes incidieron en la importancia de una mayor claridad normativa y de un uso proporcionado del derecho penal, de modo que este se utilice como un auténtico último recurso y no como herramienta ordinaria de gestión de conflictos ambientales. Asimismo, se subrayó la relevancia de que las empresas del sector cuenten con programas de compliance, protocolos de gestión de crisis y una revisión de seguros específicos, con el objetivo de minimizar riesgos y responder con rigor técnico y jurídico ante cualquier investigación.

El papel estratégico de la gestión de residuos

En su intervención, Luis Palomino, de asegre, asociación que representa a los gestores de residuos industriales, subrayó que el sector de la gestión de residuos mantiene un firme compromiso con la protección del medio ambiente, la transparencia y el cumplimiento normativo, destacando que estas empresas desempeñan un papel estratégico para la economía circular y la transición ecológica en España. También defendió la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria para garantizar un entorno en el que la prevención, la inversión tecnológica y el rigor técnico sean efectivamente reconocidos. Asimismo, llamó a evitar un uso desproporcionado del derecho penal para que no se genere incertidumbre operativa ni se frenen proyectos industriales vinculados a la sostenibilidad, que resultan clave para avanzar hacia un modelo económico más circular y bajo en emisiones.