El sector del gran consumo advierte del impacto de la inseguridad regulatoria en la transición sostenible

El sector del gran consumo ha reclamado mayor colaboración público-privada y seguridad jurídica para avanzar en sostenibilidad sin comprometer la competitividad empresarial. Este ha sido uno de los mensajes centrales del 8º Congreso de Desarrollo Sostenible, organizado por AECOC y FIAB en Madrid, que ha reunido a cerca de 250 profesionales de la industria y la distribución para analizar los principales retos regulatorios, ambientales y económicos que afronta el sector.

Durante la apertura del encuentro, Ignacio Silva, presidente de FIAB y miembro del Consejo Directivo de AECOC, señaló que la transición hacia modelos más sostenibles implica un cambio profundo en los modelos de negocio, lo que exige la implicación directa de los órganos de decisión de las compañías. En este contexto, subrayó también la necesidad de garantizar seguridad jurídica para que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de países europeos.

Marco regulatorio y competitividad empresarial

La necesidad de compatibilizar sostenibilidad y competitividad centró una de las primeras intervenciones del congreso, protagonizada por el director general de AECOC, José María Bonmatí, y el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo. Ambos coincidieron en que avanzar hacia los objetivos ambientales requiere un marco regulatorio claro y una colaboración efectiva entre administraciones y empresas.

Bonmatí subrayó que el compromiso empresarial con la sostenibilidad es firme, aunque el actual contexto obliga a demostrarlo con resultados tangibles. “Las empresas estamos comprometidas con la sostenibilidad, pero ahora tenemos que demostrar con hechos que ese compromiso es real”, afirmó.

Entre los principales retos señalados por el director general de AECOC figura el exceso de regulación y la inseguridad jurídica que afrontan las compañías. En este sentido, reclamó unidad de mercado, claridad normativa y una interlocución efectiva con la administración basada en la escucha activa.

El reto de los envases y el SDDR

En materia de envases y residuos, Bonmatí recordó la dimensión del desafío: en España se ponen en el mercado alrededor de 20.000 millones de envases. Según sus palabras, alcanzar el objetivo de recuperar el 90% de estos envases implica transformar en profundidad los sistemas de recogida y reutilización.

El directivo advirtió además de que algunos plazos regulatorios, especialmente en relación con el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), pueden resultar poco realistas. “Está bien regular los objetivos, pero no que nos digan cómo alcanzarlos. Las empresas debemos decidir cómo llegar a ellos”, señaló, al tiempo que alertó de que imponer metodologías concretas puede generar ineficiencias y pérdida de competitividad.

Otro de los aspectos abordados fue la creciente complejidad normativa en materia de etiquetado de productos. Bonmatí defendió la necesidad de avanzar hacia etiquetado digital, una solución que permitiría ofrecer más información al consumidor sin comprometer la operativa de las empresas.

Una visión amplia de la sostenibilidad

Por su parte, Mauricio García de Quevedo situó el debate en una visión más amplia de la sostenibilidad, que debe integrar las dimensiones ambiental, económica y social.

“La sostenibilidad es una prioridad para toda la sociedad y las empresas la tenemos interiorizada”, afirmó, añadiendo que su desarrollo no puede desligarse del contexto geopolítico ni de la disponibilidad tecnológica. En su opinión, más que acelerar la regulación, es fundamental reforzar la cooperación público-privada: “No se trata de hacer una carrera, se trata de ir juntos”.

Los SDDR permiten alcanzar tasas de devolución superiores al 90% y garantizan la obtención de material reciclable de alta calidad apto para uso alimentario.

El director general de FIAB también alertó sobre el impacto que determinadas normativas pueden tener en el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que representan el 95% del sector agroalimentario. En relación con el reglamento europeo sobre deforestación, defendió la importancia de combatirla, pero advirtió de que una aplicación excesivamente rígida y burocrática podría dificultar su cumplimiento.

Sostenibilidad y contexto geopolítico

La exministra de Agricultura y Medio Ambiente Isabel García Tejerina, actualmente Senior Advisor en EY, señaló que las tensiones geopolíticas han reforzado el papel de la sostenibilidad como factor estratégico para las empresas.

Según explicó, la sostenibilidad debe generar valor a largo plazo y convertirse en un elemento de competitividad, integrándose de forma transversal en la actividad empresarial. En este sentido, defendió la necesidad de equilibrar regulación y competitividad, avanzando en la descarbonización sin perjudicar el crecimiento económico y apostando por medidas como la simplificación normativa y la reducción de la carga fiscal.

Los sistemas de depósito y retorno ganan peso en Europa

El papel de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) en la economía circular fue otro de los ejes del congreso. Durante su intervención, Marián Áč, presidente de la Asociación Europea de Sistemas de Depósito (EDRSA), explicó que estos sistemas permiten mejorar la calidad del reciclaje y cerrar el ciclo de los materiales.

Según se expuso, los SDDR permiten alcanzar tasas de devolución superiores al 90% y garantizan la obtención de material reciclable de alta calidad apto para uso alimentario, reduciendo así la dependencia de materias primas vírgenes.

Entre los ejemplos europeos citados destaca Dinamarca, donde el sistema funciona desde 2002 y logra que el 93% de botellas y latas regresen al circuito. También Eslovaquia, que tras implantar su sistema en 2022 ha alcanzado ya un 92% de retorno en su segundo año, además de reducir la basura dispersa y mejorar la calidad del material recogido.

El presidente de EDRSA señaló que el éxito de estos sistemas depende de varios factores, entre ellos un marco legislativo claro, cooperación entre productores, comercios y autoridades, un periodo suficiente de preparación para el operador y equipos técnicos especializados que garanticen una implantación eficiente.