Galicia pide excluir las plantas de valorización energética del mercado europeo de derechos de emisión
La Xunta solicita al Gobierno central que defienda ante la UE la singularidad de las instalaciones de valorización energética, al considerar que prestan un servicio público esencial y que la medida podría incrementar el vertido de residuos
- 82 lecturas
La Xunta de Galicia ha solicitado al Gobierno central que defienda ante las instituciones europeas la exclusión de las plantas de valorización energética de residuos del nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la Unión Europea. La petición se produce ante la posibilidad de que estas instalaciones tengan que adquirir derechos de emisión por el CO2 generado en sus procesos, una medida que, según el Ejecutivo gallego, tendría importantes consecuencias económicas y ambientales para el sector.
En una carta remitida a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, expresa la preocupación de la Xunta por el impacto que tendría esta ampliación del mercado de carbono sobre las instalaciones dedicadas a la recuperación energética de residuos.
“La incorporación de plantas de recuperación de energía al RCDE no contribuirá, ni a corto ni a medio plazo, a aumentar los niveles de reciclaje ni a mejorar la protección del medio ambiente”, señala la conselleira en la carta remitida al Ministerio.
La Xunta calcula que la aplicación del RCDE supondría un sobrecoste anual de 14 millones de euros para Sogama.
14 millones de euros anuales de impacto para Sogama
Según las estimaciones de la Xunta, la aplicación del nuevo régimen supondría un coste adicional de alrededor de 14 millones de euros anuales para Sogama, la empresa pública que gestiona el modelo mayoritario de tratamiento de residuos en Galicia y que presta servicio a 304 municipios, el 97% del total gallego.
La Administración autonómica advierte de que este incremento de costes podría trasladarse a las tasas que pagan los ayuntamientos e incluso comprometer la viabilidad económica de la planta.
Además, recuerda que Sogama ha destinado más de 118 millones de euros en la última década a actuaciones de mejora ambiental, eficiencia y modernización de sus instalaciones, inversiones que podrían verse limitadas si parte de esos recursos tuvieran que dirigirse a la compra de derechos de emisión.
La Xunta defiende el carácter esencial del servicio
En su argumentación, la Xunta sostiene que las plantas de valorización energética desempeñan un servicio público esencial, ya que están obligadas a tratar todos los residuos que reciben, independientemente de su composición o contenido de carbono.
Sogama presta servicio a 304 municipios gallegos, el 97% del total de Galicia.
También subraya que actualmente no existe una alternativa tecnológica inmediata para el tratamiento de la fracción no reciclable de los residuos urbanos, por lo que considera que penalizar económicamente esta actividad podría generar efectos contrarios a los objetivos ambientales europeos.
Riesgo de incremento del vertido
La conselleira alerta además de que la aplicación del RCDE a este tipo de instalaciones podría provocar un desvío de residuos hacia vertedero, al convertirse esta opción en una alternativa económicamente más competitiva.
En este sentido, la Xunta recuerda que la valorización energética ha contribuido durante años a reducir el depósito de residuos en vertedero y advierte de que la medida podría dificultar el cumplimiento de los objetivos europeos, que fijan un máximo del 10% de residuos destinados a vertedero en 2035.
Debate europeo en junio
La carta enviada al Ministerio va acompañada de un informe ejecutivo respaldado por asociaciones europeas que representan más de la mitad de los residuos urbanos generados en la Unión Europea y que también defienden excluir al sector de la valorización energética del nuevo RCDE.
El asunto será abordado en Bruselas el próximo mes de junio. Por ello, la Xunta reclama que la posición española ante las instituciones comunitarias tenga en cuenta la singularidad de estas instalaciones y el impacto económico y social que supondría extender el mercado de derechos de emisión al sector de la recuperación energética de residuos.
