Gobernanza, talento y comunicación para la adaptación climática y digital del sector

Desde 2020, año tras año el sector del agua urbana no ha parado de pasar por situaciones en las que se ha visto afectado, o ha sido la base para lograr una solución. Empezó la COVID-19, en 2020, donde la higiene y el lavado de manos eran clave para la lucha contra el virus y su seguimiento a través de las aguas residuales. Siguió la borrasca Filomena, en 2021, que podría haber generado grandes inundaciones en caso de un deshielo acelerado. Continuó con la entrada en erupción del volcán de La Palma, en 2021, destrozando grandes superficies y requiriendo la instalación, en tiempo récord, de plantas desaladoras portátiles.

Seguimos con la sequía de Cataluña que obligó, en 2022, a impulsar la reutilización indirecta para aguas de consumo humano. Lo siguiente fue el desastre vivido en la DANA de Valencia, de 2024, con Paiporta como zona cero de la catástrofe, que movilizó a todo un país y a nuestro sector. Seguimos con los incendios de Zamora, de 2025, donde, lógicamente, el agua fue clave para combatirlos y, por último, al menos hasta el momento, las actuales borrascas Leonardo y Marta que está teniendo grandes afecciones en gran parte de la Península, con especial mención a Grazalema.

Todas estas situaciones, y muchas otras, normalmente van acompañadas de una declaración de emergencia para lograr paliar las consecuencias de estos desastres. Sin embargo, me pregunto si realmente esta respuesta reactiva es adecuada.

Desde que tengo conciencia, la comunidad científica lleva alertándonos de las consecuencias del cambio climático y su especial afección a nuestro país. Las políticas parece que van encaminadas a adaptarnos y a mitigarlo en la medida de lo posible, pero la realidad es que, en estos últimos años, estamos viviendo desastre tras desastre. No será suficiente con tener voluntad para el cambio y adecuar nuestros objetivos; deberemos cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra cultura y nuestras dinámicas.

Por supuesto, debemos comprender que el riesgo cero no existe. Sin embargo, nuestro objetivo debe ser el de reducir, en la medida de lo posible, el nivel de la catástrofe.

Históricamente, el sector del agua español ha sido pionero a nivel mundial en numerosos asuntos, principalmente por las características de necesidad del país, y, por ello, ahora debemos transformarnos y seguir manteniendo la reputación que nos precede. Es momento de transformarse para dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos, anticipándonos a los riesgos climáticos, tecnológicos y sociales que se avecinan. Todo ello acompañado de un marco legislativo que ya está empujando a este cambio.

Esto parece muy sencillo sobre papel, pero la realidad es que se trata de un cambio mucho más profundo. No será suficiente con tener voluntad para el cambio y adecuar nuestros objetivos; deberemos cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra cultura y nuestras dinámicas.

Sabemos que tenemos un problema. El sector del agua, y ahora sí me centro en el urbano, lleva años reclamando una mejora de gobernanza en un entorno donde el exceso de actores y el complejo entramado de competencias, unido a la falta de coordinación entre ellos, dificultan la búsqueda de sinergias e impiden lograr el mayor nivel de eficiencia.

Siendo conscientes de que, en este sector, en ocasiones es necesario tener en cuenta las condiciones de contorno de una situación local en concreto, resulta necesario establecer estándares y referencias claras para asegurar un adecuado servicio para todos los ciudadanos y lograr el menor coste con el mayor beneficio de las soluciones implementadas.

El trabajo en equipo y la colaboración como sector ―tanto público como privado― y como país, debe marcar el camino a seguir, cuya dirección debe pasar por entender la adaptación y transformación sectorial como una ventaja competitiva y estratégica de país. El papel de los municipios en todo este cambio será clave, ya que ellos tienen la competencia en el abastecimiento y saneamiento de agua. Pero no debemos olvidar la dispersión municipal española para no dejar a nadie atrás, ya que son precisamente los municipios de menor tamaño el eslabón más débil y decisivo. La solidaridad, la innovación y la agrupación en unidades de gestión supramunicipales de mayor tamaño serán la clave.

La normativa y estrategias europeas están marcando el camino hacia un sector más digitalizado. Sin embargo, el reto que afrontamos no es tecnológico; se trata de un reto organizativo principalmente enfocado en tres ámbitos. El primero de ellos enmarca a los jóvenes. La integración de los nativos digitales, con el conocimiento de un sector robusto y con altos estándares de calidad, es la clave para lograr la transformación digital y, para ello, el sector les debe resultar atractivo en términos de afrontar retos que estén a su altura; hacerles sentir que forman parte de estrategias que les motiven, permitir su desarrollo profesional y disponer de condiciones laborales que les convenzan. Además, en este sentido, la administración pública se encuentra en circunstancias más desfavorables debido a la falta de renovación de su personal.

Esto me lleva al siguiente reto, que es la comunicación como un factor estratégico pero invisible. Estratégico no solo para atraer talento, sino también para lograr que la percepción pública del agua se considere como un elemento transcendental a afrontar. Debemos comprender como sector que la ciudadanía no va a entender el sector del agua como lo hacemos nosotros; no va a conocer sus conceptos y elementos ―no podemos saber todos de todo― pero sí que deben conocer las necesidades del sector y el riesgo de la inacción.

El agua no puede ser un tema que nos preocupe cuando ocurre un desastre. Debe ser un pilar fundamental de la sociedad que se trate desde lo técnico y apoyado en lo político, no como un arma arrojadiza, sino como una forma de conciliación social. Los asuntos del agua son una responsabilidad compartida, donde la ciudadanía es uno de los actores clave y, por ello, debe lograrse un pacto social y político que consiga marcar una estrategia nacional a largo plazo.

Por último, cabe destacar uno de los retos más importantes, que podría llegar de la mano del pacto mencionado: la sostenibilidad económica de los servicios de agua urbana. Un sector que lleva años acumulando necesidades de inversión en renovación, y que ahora requiere de mayores inversiones a causa de la nueva legislación, cifra actualmente en más de 4.400 millones de euros anuales el déficit de inversión, situación que complica y agrava todo lo mencionado anteriormente.

Las soluciones están claras y llevan mencionándose desde hace muchos años. Los principios de la Directiva Marco del Agua de “recuperación de costes” y de “quien contamina paga” son el camino para revertir esta situación mediante la aplicación de las 3Ts: tasas, tarifas y transferencias. Sin embargo, volvemos al principio; para ello necesitamos mejorar la gobernanza y una dirección y estrategia política. La creación de un regulador, que inicialmente pudiera establecer unas directrices homogéneas en el ámbito económico, permitiría avanzar en el resto de los retos mencionados para, en un futuro y de forma escalonada, poder establecer objetivos nacionales basados en datos y conocimiento robusto.

En definitiva, la mejora de la gobernanza, la búsqueda y atracción de talento, y el impulso de la comunicación serán la clave para lograr la adaptación al cambio climático y la transformación digital del sector.