La Comisión Europea insta a España a que finalice la revisión de los planes hidrológicos
Bulgaria, Chipre, España, Malta y Portugal van con retraso en la revisión, adopción y notificación de los terceros planes hidrológicos de cuenca y de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación
- 1026 lecturas
La Comisión ha instado a ocho Estados miembros, entre los que se encuentra España, a que finalicen la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca, de conformidad con la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE) o de sus planes de gestión del riesgo de inundación, de conformidad con la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). Ambas Directivas exigen a los Estados miembros que revisen, actualicen y notifiquen estos planes cada seis años. Los planes hidrológicos de cuenca incluyen un programa de medidas para garantizar el buen estado de todas las masas de agua. Los planes de gestión del riesgo de inundación están elaborados a partir de mapas que muestran las consecuencias adversas potenciales asociadas a los escenarios de inundación.
En febrero de 2023, la Comisión envió cartas de emplazamiento en las que instaba a estos Estados miembros a cumplir sus obligaciones y a finalizar la revisión de sus planes hidrológicos. Sin embargo, los Estados miembros afectados siguen incumpliendo las obligaciones que les incumben en virtud de una o de ambas Directivas. Bulgaria, Chipre, España, Malta y Portugal van con retraso en la revisión, adopción y notificación de los terceros planes hidrológicos de cuenca y de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación; Irlanda y Eslovenia van con retraso en la revisión, adopción y notificación de los terceros planes hidrológicos de cuenca; Eslovaquia va con retraso en la revisión, adopción y notificación de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación.
La legislación de la UE sobre el agua debe aplicarse plenamente para alcanzar las ambiciones de la UE en materia de economía circular, biodiversidad, contaminación cero y cambio climático. Por tanto, la Comisión va a enviar un dictamen motivado a estos nueve Estados miembros, que disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión puede optar por llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
