
La Guardia Civil desmantela una red que exportó ilegalmente 41.000 toneladas de residuos plásticos
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la gestión ilegal de residuos plásticos a escala internacional. Bajo el nombre de operación “Finoplast”, los agentes han detenido a cinco personas e investigado a otras quince por el tráfico ilegal de más de 41.000 toneladas de residuos con destino a terceros países.
La investigación, que ha contado con el apoyo de organismos nacionales, autonómicos y europeos, ha puesto al descubierto una compleja red de importación, almacenamiento, transporte y exportación clandestina de materiales contaminantes.
Un vertedero ilegal en El Bierzo destapa la trama
La operación arrancó a finales de 2022 con la localización de un vertedero ilegal en una antigua ladrillera de El Bierzo, en León, donde se almacenaban miles de toneladas de plásticos sin autorización ambiental. La investigación llevada a cabo por el Equipo de Seprona de la Guardia Civil de León reveló que los residuos procedían principalmente del sector agrícola en Francia y Portugal, y eran transportados por camiones de gran tonelaje aprovechando viajes de retorno.
Estos residuos eran depositados en varias instalaciones ilegales, además del vertedero de El Bierzo: una en La Bañeza (León) y otra en Alberic (Valencia). Según la documentación analizada, más de 18.800 toneladas fueron trasladadas ilegalmente desde el extranjero a España.
Exportación ilegal a terceros países
Una parte de los residuos era abandonada en estas instalaciones clandestinas, mientras que otra parte se exportaba fraudulentamente a países de Asia, África, Europa y América Latina, camuflándolos como materia prima o falsificando la documentación ambiental. Las toneladas trasladadas ilegalmente al extranjero ascienden a 22.785, con destinos que incluyen India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos.
Los investigadores detectaron también vínculos entre los responsables de la trama y empresas de gestión de residuos de Almería, donde operaban de forma sistemática ocultando residuos contaminantes en contenedores. Para evadir controles, empleaban una técnica conocida como “tapadera”, consistente en colocar balas de plástico limpio al frente de los contenedores para disimular el contenido ilegal en caso de inspección superficial.
Análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona han confirmado la presencia de sustancias tóxicas en 15 de las 16 muestras recogidas en instalaciones de la Comunidad Valenciana.
Coordinación internacional y prisión provisional
El operativo ha incluido registros en empresas y viviendas, la inspección de instalaciones y la localización de miles de toneladas de residuos, en colaboración con las autoridades medioambientales de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Para el análisis y medición de los vertidos, se utilizó tecnología del programa europeo Copernicus, especializada en la observación ambiental. Además, la investigación patrimonial de los implicados ha sido asumida por la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, que ha contactado con organismos de países como Alemania, Suiza o Reino Unido.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha decretado prisión provisional para el principal cabecilla de la trama. En total, se han emitido 21 órdenes europeas de investigación, con la colaboración de Eurojust, Europol, la Gendarmería Nacional Francesa y la Policía Judiciaria Portuguesa.
La investigación ha contado con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica, autoridades autonómicas y otras unidades de la Guardia Civil como el Servicio de Información, el Servicio Cinológico, Unidades de Seguridad Ciudadana y los equipos de SEPRONA de León, Valencia, Almería y Tenerife.