La industria farmacéutica y cosmética pide una transposición “prudente” de la Directiva sobre aguas residuales urbanas

Las principales asociaciones españolas de los sectores farmacéutico y cosmético han hecho público un comunicado conjunto en el que expresan su apoyo a los objetivos ambientales de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al tiempo que solicitan una transposición a la legislación española “proporcionada, equilibrada y jurídicamente segura”. La petición se produce tras el cierre de la consulta pública previa del anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para incorporar esta normativa al ordenamiento nacional.

Las organizaciones firmantes, Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa, defienden que la modernización de las estaciones depuradoras para combatir la microcontaminación responde a un objetivo plenamente alineado con sus compromisos en materia de sostenibilidad, protección ambiental y salud pública. Sin embargo, consideran que el diseño actual del régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP) plantea importantes problemas de carácter jurídico, metodológico y económico.

Cuestionan la aplicación del principio de “quien contamina paga”

El principal punto de discrepancia se centra en el sistema de financiación previsto para el tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas. Las asociaciones sostienen que la Directiva atribuye de forma desproporcionada la responsabilidad económica a los sectores farmacéutico y cosmético sobre la base de una metodología que, a su juicio, carece de suficiente respaldo científico.

Las asociaciones cifran el coste potencial del nuevo régimen entre 2.680 y 6.920 millones de euros en un horizonte de 20 años, según el análisis técnico y jurídico elaborado por PwC.

Según el comunicado, el esquema de la RAP “se basa en la premisa errónea de que los sectores de medicamentos de uso humano y los cosméticos contribuyen de forma mayoritaria a la carga tóxica de las aguas residuales urbanas”. Además, señalan que existen limitaciones metodológicas, ausencia de datos completos sobre las contribuciones reales de los distintos sectores y dificultades para establecer una relación causal suficiente entre determinados productos y la presencia de microcontaminantes.

Las asociaciones consideran que estas carencias vulneran el principio europeo de “quien contamina paga”, así como los principios de proporcionalidad y no discriminación, al excluir de la financiación a otros sectores que también podrían contribuir a la contaminación de las aguas.

El debate europeo sigue abierto

El comunicado recuerda que el debate jurídico sobre este régimen continúa abierto en el ámbito comunitario. Entre otros aspectos, cita el recurso presentado por Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión prejudicial planteada en mayo de 2026 por el Tribunal Superior de Irlanda sobre la validez del sistema de responsabilidad ampliada del productor.

Asimismo, las asociaciones destacan que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 18 de junio una moción en la que solicita a la Comisión Europea la elaboración, antes de que finalice 2026, de un nuevo estudio independiente para identificar las sustancias microcontaminantes presentes en las aguas residuales urbanas, revisar los costes asociados al tratamiento cuaternario y verificar la correcta atribución de responsabilidades conforme al principio de “quien contamina paga”.

Reclaman ampliar la responsabilidad a otros sectores

Las entidades consideran que la transposición española debería aprovechar el margen que ofrece la propia Directiva para extender el régimen de responsabilidad ampliada del productor a otros sectores potencialmente implicados, evitando que el peso económico recaiga exclusivamente sobre las industrias farmacéutica y cosmética.

También solicitan aplazar la aplicación efectiva de la RAP hasta que se aclaren diversos aspectos aún pendientes, como los criterios de exención de determinadas sustancias, la delimitación de las zonas de riesgo y el desarrollo del futuro Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).

Las asociaciones defienden que las aportaciones económicas de los productores solo deberían exigirse cuando el tratamiento cuaternario esté realmente operativo y sus costes hayan sido verificados y auditados.

Tratamiento cuaternario: experiencia limitada en España

Otro de los argumentos expuestos hace referencia al grado de implantación del tratamiento cuaternario en España. Según las asociaciones, mientras los tratamientos primario y secundario están ampliamente implantados y el terciario tiene un desarrollo parcial, el tratamiento cuaternario continúa limitado a proyectos piloto y a un número reducido de instalaciones.

En este contexto, sostienen que las contribuciones económicas de los productores deberían vincularse exclusivamente a infraestructuras en funcionamiento, con costes medibles, auditados y asociados únicamente al tratamiento cuaternario, excluyendo otras actuaciones como las destinadas a la reutilización del agua.

Asimismo, reclaman que la transposición española limite la aportación de los productores al 80 % de los costes elegibles, porcentaje mínimo establecido por la Directiva, y que el resto sea financiado mediante recursos públicos, teniendo en cuenta la naturaleza pública del saneamiento, el origen multifuente de los microcontaminantes y el interés general asociado a la protección del agua y de la salud pública.

Las asociaciones concluyen solicitando que España adopte un modelo de transposición flexible y revisable, que pueda adaptarse a futuras resoluciones judiciales, nuevos estudios científicos o modificaciones del marco regulatorio europeo.