Andalucía sitúa la economía circular en el centro de la renovación de su legislación ambiental

La Junta de Andalucía continúa desarrollando el proceso de renovación de su legislación ambiental iniciado en 2019, una actualización que tiene en la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) uno de sus principales pilares y que se completa con nuevas regulaciones sobre gestión ambiental, política forestal y agentes medioambientales.

El conjunto de normas persigue adaptar el marco autonómico a los retos actuales en materia de sostenibilidad, incorporar los avances acumulados en la normativa europea y estatal y reforzar la protección del patrimonio natural. La revisión aborda de forma simultánea el uso eficiente de los recursos, la transformación de los modelos productivos y la necesidad de una administración más ágil, transparente y cercana.

La economía circular, uno de los ejes del nuevo marco

Aprobada en 2023, la LECA establece las bases para avanzar desde un modelo lineal, basado en usar y desechar, hacia otro que prioriza la prevención, la reutilización y el reciclaje, con el objetivo de reducir la generación de residuos y su impacto ambiental.

La norma incorpora criterios de sostenibilidad en ámbitos como la edificación, la planificación urbana y la contratación pública, e incluye referencias a la eficiencia en el uso del agua y la energía, el análisis del ciclo de vida de los productos y la valorización de los residuos como recursos productivos. También refuerza la corresponsabilidad de administraciones, empresas y ciudadanía.

Más allá del enfoque general, la ley despliega instrumentos con efectos directos sobre la actividad económica y la gestión pública. Entre ellos figuran la adaptación de las ordenanzas municipales en materia de residuos, el impulso al consumo de proximidad —especialmente en la contratación pública— y la regulación de la reutilización de bienes no vendidos para evitar que se conviertan en residuos.

También incorpora medidas para reducir el desperdicio alimentario y prevé bonificaciones fiscales para actividades vinculadas a la reparación, la reutilización, el compostaje de biorresiduos o la prevención de basuras marinas.

La LECA introduce medidas sobre reutilización, desperdicio alimentario, compostaje de biorresiduos y prevención de basuras marinas, además de mecanismos para facilitar proyectos de economía circular.

La norma permite además declarar determinados proyectos de economía circular como inversiones de interés estratégico, con el objetivo de reducir requisitos y plazos administrativos y favorecer la implantación de iniciativas innovadoras en el territorio.

La LEGAM reorganiza la gestión ambiental

La vertiente circular de esta renovación conecta con la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), aprobada en 2026. Esta norma sustituye a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007, que había quedado fragmentada tras sucesivas reformas parciales, y reúne en un único texto el marco general de protección ambiental.

Entre sus principales novedades se encuentra la reorganización de los instrumentos de prevención y control ambiental y la creación de nuevas figuras que sustituyen esquemas anteriores más complejos.

La LEGAM fija plazos máximos de seis meses para las autorizaciones ambientales integradas y unificadas, cinco meses para las autorizaciones unificadas simplificadas y tres meses para las nuevas licencias ambientales municipales. Determinados procedimientos basados en declaraciones responsables producirán efectos inmediatos.

La ley también clarifica el reparto de competencias entre administraciones. La Junta de Andalucía asumirá directamente la tramitación y resolución de las actuaciones de mayor complejidad ambiental, mientras que los ayuntamientos podrán centrarse en procedimientos más ágiles y proporcionados.

Según la información difundida por la Junta, este modelo descarga a las entidades locales de la tramitación de 49 categorías de actuaciones, que pasarán a resolverse por la Administración autonómica, y simplifica otras 33 mediante declaraciones responsables de efectos inmediatos. El nuevo esquema busca mejorar la coordinación interadministrativa, eliminar duplicidades y reducir la carga administrativa de los municipios.

La LEGAM fija nuevos plazos de resolución y traslada a la Junta 49 categorías de actuaciones, mientras simplifica otras 33 mediante declaraciones responsables.

La norma refuerza además la participación pública y la transparencia mediante nuevos registros y órganos consultivos, amplía los instrumentos de corresponsabilidad público-privada y actualiza el régimen de inspección y sanción.

Entre las nuevas figuras incorpora la prestación ambiental sustitutoria, que permite vincular las sanciones a actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental.

Actualización del marco forestal

La modernización legislativa se extiende igualmente a la política forestal mediante la Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que sustituye a la normativa vigente desde 1992.

La nueva regulación actualiza el marco jurídico forestal y lo adapta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos de las últimas décadas, en línea con los objetivos del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030.

La gestión forestal sostenible se sitúa como eje central de la norma, que incorpora la bioeconomía, la innovación y la digitalización como herramientas para compatibilizar la conservación, el aprovechamiento responsable y el desarrollo rural.

La LEMA introduce instrumentos de planificación más flexibles, fomenta la certificación forestal y simplifica trámites mediante declaraciones responsables. También refuerza la protección de los montes públicos y privados, crea figuras para incentivar la conservación en terrenos privados y recupera el Fondo de Mejoras para reinvertir en la mejora y conservación del patrimonio forestal.

Asimismo, reconoce expresamente el papel de los montes en la lucha contra el cambio climático y sienta las bases para el reconocimiento de servicios ambientales como la captura de carbono o la regulación hídrica.

Un marco propio para los agentes medioambientales

El paquete normativo se completa con la Ley de Agentes Medioambientales, aprobada en 2025, que dota por primera vez a este colectivo de una regulación propia y adaptada a las funciones que desempeña en la protección del patrimonio natural andaluz.

La norma organiza el cuerpo en cuatro categorías profesionales —Superior, Ejecutiva, Técnica y Operativa—, con funciones definidas y una estructura jerarquizada orientada a mejorar la planificación de los servicios, la especialización y la coordinación de las actuaciones sobre el territorio.

La ley refuerza además la formación inicial y continua mediante itinerarios permanentes y áreas de especialización en calidad ambiental, medio natural y biodiversidad, aguas, costas y prevención e investigación de incendios forestales.

También consolida la condición de los agentes como autoridad, policía administrativa especial y policía judicial genérica, reforzando su protección jurídica incluso fuera de servicio cuando actúan por razón de su cargo.

Con este conjunto de normas, Andalucía actualiza ámbitos que hasta ahora avanzaban a distinto ritmo. La economía circular ordena las medidas relacionadas con producción, consumo y reducción de residuos; la LEGAM reorganiza la tramitación ambiental y el reparto de competencias; la LEMA adapta la gestión forestal al marco actual; y la Ley de Agentes Medioambientales refuerza la estructura y funciones del servicio público encargado de proteger el territorio.