El agua es, cada vez más, un espejo de los desafíos que afrontan los municipios españoles: financiación insuficiente, infraestructuras envejecidas, exigencias normativas crecientes y el impacto tangible del cambio climático. En este escenario, las entidades locales —responsables directas de garantizar el abastecimiento y saneamiento a la ciudadanía— se enfrentan al reto de sostener un servicio esencial bajo una presión técnica, económica y climática sin precedentes.
Conrado Íscar, presidente de la Comisión de Políticas de Agua, Medio Ambiente y Economía Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presidente de la Diputación de Valladolid, analiza en esta entrevista la visión del municipalismo ante los retos del ciclo urbano del agua: desde la financiación y la recuperación de costes hasta la digitalización, la adaptación al cambio climático y la gobernanza compartida entre administraciones.
Para Íscar, avanzar hacia un modelo más sostenible y equitativo exige combinar planificación, inversión y pedagogía social: reconocer el agua como un bien estratégico y garantizar que todos los municipios —grandes o pequeños— dispongan de los medios para gestionarla con eficiencia, transparencia y visión de futuro.
La gestión del agua urbana se ha consolidado como uno de los grandes desafíos de las entidades locales, tanto por su complejidad técnica como por las exigencias normativas y ambientales. En este contexto, desde la FEMP, ¿cuál es la valoración general que hacen de la situación actual de los servicios de agua urbana en los municipios españoles? ¿Diría que existe una gestión homogénea en términos de eficiencia, cobertura y sostenibilidad?
La gestión del agua urbana se ha consolidado como uno de los grandes retos para el municipalismo, tanto por la creciente complejidad técnica y normativa como por la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles y resilientes. Desde la FEMP constatamos que España dispone de servicios de abastecimiento y saneamiento con altos niveles de calidad, cobertura y solvencia técnica, con profesionales muy cualificados.
Sin embargo, aún existe una gestión heterogénea entre territorios y, especialmente, entre grandes ciudades y municipios medianos y pequeños —que representan más del 80% del país— en aspectos clave como digitalización, capacidad inversora, mantenimiento de infraestructuras y adaptación al cambio climático. Nuestro objetivo debe ser avanzar hacia un modelo más equilibrado y cohesionado, donde la eficiencia, la sostenibilidad y la equidad estén garantizadas con independencia del tamaño del municipio.
"Nuestro objetivo debe ser avanzar hacia un modelo más equilibrado y cohesionado, donde la eficiencia, la sostenibilidad y la equidad estén garantizadas con independencia del tamaño del municipio"
Uno de los grandes retos señalados por el sector es la financiación y la recuperación de costes. ¿Qué dificultades encuentran los municipios a la hora de garantizar la sostenibilidad económica del servicio?
La sostenibilidad económica del ciclo urbano del agua continúa siendo uno de los principales desafíos. En numerosos municipios, los ingresos tarifarios no cubren los costes reales del servicio, particularmente cuando se incluyen las inversiones necesarias para renovar infraestructuras, cumplir con nuevas exigencias normativas y reforzar la resiliencia climática.
A ello se suma la limitada capacidad financiera y técnica de muchos municipios pequeños, que dificulta planificar a medio y largo plazo. La fragmentación del servicio, unida a tarifas históricamente contenidas, ha generado un déficit de inversión que debe abordarse con una planificación estable y multianual. Es imprescindible que este esfuerzo vaya acompañado de apoyo económico y técnico por parte de las administraciones estatal y autonómicas, evitando cargar en exclusiva sobre los ayuntamientos el cumplimiento de obligaciones crecientes.
En este contexto, ¿considera que el precio del agua refleja adecuadamente el valor real del recurso y las necesidades de mantenimiento y modernización de las infraestructuras? ¿Por qué resulta tan difícil para los gobiernos locales avanzar hacia tarifas que aseguren la recuperación de costes? ¿Existen todavía reticencias políticas o sociales que frenen este debate?
En términos generales, el precio del agua en España no refleja plenamente su valor como recurso estratégico y limitado, ni los costes reales de explotación, mantenimiento, renovación y modernización de las infraestructuras. Avanzar hacia tarifas que aseguren la recuperación de costes continúa siendo un reto para los gobiernos locales, en parte por reticencias sociales y políticas ante posibles incrementos.
No obstante, es un debate ineludible: disponer de tarifas adecuadas no debe interpretarse como un aumento, sino como una inversión en equidad y sostenibilidad. Es necesario reforzar la pedagogía social, implicar a todos los grupos políticos y acompañar este proceso con apoyo de otras administraciones. Cuando se explica con claridad que sin inversión no hay calidad ni garantía de suministro futuro, la ciudadanía comprende la necesidad de modelos tarifarios más realistas y responsables.
El cambio climático plantea escenarios cada vez más extremos —sequías prolongadas, inundaciones recurrentes—. ¿Cómo se están preparando las entidades locales para mejorar su resiliencia ante estos fenómenos?
Los efectos del cambio climático ya se manifiestan en nuestros municipios: sequías más intensas y prolongadas, inundaciones recurrentes, mayor presión sobre los recursos hídricos y riesgos para infraestructuras críticas. Las entidades locales están actuando mediante planes de emergencia, mejoras de eficiencia y sectorización, sistemas de telecontrol, reducción de fugas y una apuesta creciente por la reutilización y la economía circular.
La FEMP ha reiterado que los gobiernos locales desempeñan un papel esencial en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación a sus efectos, subrayando la necesidad de integrar la gestión del agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la protección del medio ambiente en las políticas municipales. Desde esta visión, defendemos avanzar hacia una cultura de anticipación, reforzar la resiliencia local y disponer de financiación estable que permita consolidar estas actuaciones. La cooperación institucional y el intercambio de buenas prácticas serán claves para dotar a los municipios de herramientas eficaces ante fenómenos cada vez más extremos y frecuentes.
"Apostamos por una cultura de anticipación que refuerce la resiliencia local y se apoye en una financiación estable"
La nueva Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (TARU) introduce nuevas exigencias medioambientales y plazos ambiciosos. ¿Qué implicaciones tiene para los ayuntamientos y qué apoyo considera necesario desde otras administraciones?
La nueva Directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (TARU) plantea obligaciones más estrictas en depuración, control de contaminantes emergentes y eficiencia energética, además de reforzar la gobernanza y la transparencia. Su aplicación supondrá un esfuerzo significativo para los ayuntamientos, especialmente para los de menor tamaño, tanto en inversiones como en capacidades técnicas.
Resultará imprescindible el apoyo financiero y técnico del Estado y de las comunidades autónomas, y favorecer soluciones supramunicipales que permitan cumplir con los objetivos europeos. Desde la FEMP apostamos por un enfoque flexible que permita adaptar las exigencias a la realidad territorial, garantizando equidad y que ningún municipio quede atrás.
"La aplicación de la nueva Directiva TARU exigirá un gran esfuerzo a los municipios, por lo que será imprescindible el apoyo técnico y financiero de otras administraciones"
La digitalización del ciclo urbano del agua avanza con fuerza gracias al impulso de la financiación en programas como el PERTE de Digitalización. ¿Cómo valora este proceso desde el ámbito local y qué oportunidades abre para mejorar la gestión?
La digitalización está transformando profundamente la gestión del agua urbana. Programas como el PERTE de Digitalización han acelerado la implantación de herramientas para detectar fugas, optimizar consumos, mejorar la eficiencia energética, reforzar la transparencia informativa y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.
Desde el ámbito local valoramos muy positivamente este impulso, que está contribuyendo a cerrar brechas tecnológicas y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible. El reto ahora es consolidar estos avances, equipar al personal técnico municipal con formación adecuada y garantizar la continuidad de los sistemas más allá de los fondos europeos temporales.
"La colaboración públicoprivada, bien orientada y con una gobernanza sólida, puede ser una palanca clave para acelerar inversiones e incorporar innovación"
Más allá de la inversión en digitalización, la infraestructura hídrica requiere renovación y mejora. ¿Qué mecanismos o fórmulas de colaboración público-privada pueden ser clave para avanzar en esta modernización?
La modernización y renovación de infraestructuras es inaplazable si queremos asegurar calidad del servicio y resiliencia. Para avanzar será necesario combinar diferentes fórmulas de cooperación: gestión supramunicipal, consorcios, mancomunidades, asistencia provincial, inversión público-privada y modelos flexibles adaptados a cada realidad local.
La colaboración público-privada, bien orientada y con una gobernanza sólida, puede ser una palanca relevante para acelerar inversiones, incorporar innovación y mejorar la eficiencia, manteniendo siempre el control público y la garantía del interés general. Lo esencial es dotar a los ayuntamientos de herramientas y seguridad jurídica para planificar a largo plazo.
"El reto ahora es consolidar los avances del PERTE y garantizar la continuidad de los sistemas una vez finalicen los fondos europeos"
¿Qué papel juega la coordinación interadministrativa —entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales— en el cumplimiento de los objetivos ambientales y en la aplicación de la normativa europea?
Una coordinación eficaz entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales es imprescindible para cumplir objetivos ambientales, aplicar normativa europea y optimizar el uso de fondos. Desde la FEMP trabajamos para reforzar la gobernanza multinivel, agilizar procedimientos, evitar solapamientos y asegurar que la voz del municipalismo esté presente en la toma de decisiones.
Una cooperación institucional fluida es condición necesaria para ejecutar inversiones, planificar con visión de cuenca y avanzar en adaptación climática. El agua requiere visión compartida, coherencia regulatoria y mecanismos de colaboración estables.
Desde su experiencia en la administración provincial de Valladolid, ¿cómo valora el papel de las entidades supramunicipales en el apoyo técnico y financiero a los municipios, especialmente los de menor tamaño, para garantizar una gestión eficiente del agua?
Las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares juegan un papel esencial como aliados técnicos y financieros de los municipios, especialmente de los pequeños y medianos. Desde la experiencia de la Diputación de Valladolid puedo afirmar que la asistencia técnica, la planificación conjunta, la gestión compartida y el acompañamiento cercano han permitido mejorar la eficiencia, profesionalización y equidad del servicio.
Estos modelos supramunicipales generan economías de escala, facilitan el acceso a tecnología y aseguran una calidad homogénea del servicio. Son herramientas imprescindibles para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión territorial en materia de agua.
"Las diputaciones, cabildos y consells insulares son aliados técnicos y financieros esenciales para garantizar igualdad de oportunidades y cohesión territorial en materia de agua"
Más allá de la gestión técnica, la gobernanza y la comunicación con la ciudadanía son cada vez más importantes. ¿Cómo se puede reforzar la conciencia social sobre el valor del agua y la necesidad de un uso responsable?
La gobernanza y la comunicación son hoy tan importantes como la ingeniería. Es esencial contar con una ciudadanía informada, corresponsable y consciente del valor del agua. Los ayuntamientos están trabajando en transparencia, sensibilización, participación y educación para promover hábitos responsables y comprensión de los costes reales del servicio.
Cualquier cambio tarifario, medida de eficiencia o inversión debe ir acompañado de un relato claro y pedagógico. Cuando se explica con transparencia, la ciudadanía entiende que el consumo responsable y la inversión en infraestructuras son imprescindibles para garantizar agua en cantidad y calidad, hoy y para futuras generaciones.
"Es esencial contar con una ciudadanía informada, corresponsable y consciente del valor del agua. Por tanto, cualquier cambio tarifario, medida de eficiencia o inversión debe ir acompañado de un relato claro y pedagógico"
Mirando hacia el futuro, a medio y largo plazo, ¿qué prioridades debería asumir la política de agua en España para garantizar un modelo de gestión más resiliente y sostenible desde lo local?
A medio y largo plazo, la política de agua en España debe centrarse en cinco prioridades estratégicas: reforzar la resiliencia frente al cambio climático; garantizar sostenibilidad económica del servicio; modernizar y digitalizar infraestructuras; potenciar la cooperación entre administraciones y territorios; y avanzar hacia modelos circulares, con reutilización y eficiencia energética como ejes.
Desde el ámbito local debemos liderar esta transformación, con apoyo institucional y financiero adecuado. El agua es un elemento clave para el bienestar social, la salud, la competitividad económica y la cohesión territorial. Actuar ahora es una responsabilidad con la ciudadanía actual y con las próximas generaciones.
