Más de 130 organizaciones piden al Gobierno garantizar el cumplimiento de la Ley de Residuos antes de reformarla

La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, que agrupan a más de 130 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y de la economía social, han presentado sus aportaciones a la consulta pública previa para la modificación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Las entidades consideran necesaria la adaptación de la normativa a las nuevas obligaciones europeas, pero advierten de que cualquier reforma será insuficiente si no se garantiza el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.

Las organizaciones sostienen que el principal problema ya no reside únicamente en el contenido de la Ley de Residuos, sino en la falta de desarrollo reglamentario, mecanismos de control y un régimen sancionador eficaz.

Según las entidades, cuatro años después de la aprobación de la ley persisten numerosas medidas pendientes de desarrollo y una aplicación desigual por parte de las administraciones. En este sentido, consideran que avanzar hacia una economía circular exige pasar "de legislar sobre la economía circular a hacerla realidad".

"Podemos seguir aprobando leyes y adaptándonos sobre el papel a las obligaciones europeas, pero una ley que no se desarrolla, no se controla y no se hace cumplir no reduce ni un solo residuo. España necesita pasar de legislar sobre la economía circular a hacerla realidad", señalan las organizaciones.

El bloqueo del Sistema de Depósito, como ejemplo de la falta de aplicación

Uno de los principales ejemplos que citan las organizaciones es el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases de bebidas, cuya entrada en funcionamiento está prevista legalmente para el 22 de noviembre de 2026.

Sin embargo, denuncian que el procedimiento de autorización de las cuatro entidades candidatas a gestionar el sistema permanece paralizado en la Comunidad de Madrid, sin que exista un calendario conocido para resolver los expedientes. La situación, recuerdan, ya fue denunciada públicamente el pasado mes de julio.

Para la Alianza Residuo Cero, este caso evidencia que la existencia de obligaciones legales y plazos concretos resulta insuficiente cuando los procedimientos administrativos permanecen bloqueados.

Prevención, reutilización y reducción del desperdicio alimentario

Entre las alegaciones presentadas, las entidades reclaman que la reforma sitúe la prevención de residuos como prioridad de la política pública, en línea con la jerarquía europea de residuos.

En este contexto, recuerdan que siguen pendientes medidas como el desarrollo de la obligación de venta sin envase de frutas y verduras o la publicación de la lista de productos perecederos excluidos de dicha obligación.

Asimismo, consideran insuficiente el desarrollo de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y reclaman herramientas que permitan cuantificar el desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria para diseñar políticas públicas más eficaces.

Las organizaciones también defienden un mayor impulso a la reutilización, proponiendo que el futuro SDDR incorpore el vidrio y favorezca la implantación de envases reutilizables, además de extender estos sistemas al comercio electrónico y al canal take-away.

Las entidades proponen que la fiscalidad incentive la prevención y la reutilización, incluyendo una reducción del IVA para los productos de segunda mano y reparados y un uso finalista del impuesto sobre los plásticos.

Sustancias peligrosas y fiscalidad ambiental

Otro de los bloques de propuestas se centra en reforzar el control sobre la presencia de sustancias peligrosas en materiales destinados al reciclaje y la reutilización. Las organizaciones consideran necesario establecer mecanismos más claros de vigilancia para evitar que contaminantes orgánicos persistentes o determinadas sustancias químicas continúen circulando en los ciclos de materiales.

En materia fiscal, plantean revisar los instrumentos económicos para favorecer las opciones prioritarias de la jerarquía de residuos. Entre otras medidas, proponen destinar la recaudación del impuesto sobre los plásticos a actuaciones de prevención y preparación para la reutilización, incrementar los costes asociados al vertido y la incineración y reducir el IVA de los productos reutilizados y reparados.

Refuerzo de la inspección y nuevas medidas de prevención

Las alegaciones incluyen además la petición de reforzar los sistemas de inspección, seguimiento y trazabilidad, así como desarrollar un régimen sancionador efectivo que garantice el cumplimiento de la legislación.

En paralelo, las organizaciones solicitan nuevas medidas de prevención, como la prohibición de la destrucción de productos nuevos devueltos cuando puedan reutilizarse, restricciones a determinados productos de un solo uso, entre ellos los vapeadores desechables, y la regulación del césped artificial como fuente de microplásticos.

Para la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, el objetivo común de todas estas propuestas es que la futura reforma de la Ley de Residuos no se limite a incorporar nuevas obligaciones, sino que garantice la aplicación efectiva de las ya existentes.