Nuevo paquete ómnibus para simplificar la legislación ambiental europea y reforzar la competitividad

La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas destinado a simplificar la legislación ambiental en ámbitos clave como las emisiones industriales, la economía circular, las evaluaciones ambientales y los datos geoespaciales. Estos cambios buscan reducir la carga administrativa para las empresas manteniendo los ambiciosos objetivos de la Unión Europea en materia de protección del medio ambiente y de la salud humana.

Las nuevas disposiciones permitirán agilizar los procesos de obtención de permisos para todo tipo de proyectos, con especial atención a los sectores estratégicos, entre ellos los proyectos digitales estratégicos, las iniciativas vinculadas a materias primas críticas y la vivienda asequible, facilitando de este modo la transición hacia una economía limpia y digital en la UE. De este enfoque se desprende que simplificar la normativa y reducir las cargas administrativas resulta esencial tanto para alcanzar los objetivos ambientales como para reforzar la competitividad de la Unión.

Alineación con la Brújula de Competitividad 

A partir de la propuesta, se estima que las empresas podrán ahorrar alrededor de 1 000 millones de euros al año, lo que eleva el ahorro administrativo anual derivado de las medidas ómnibus y de otras iniciativas de simplificación ya presentadas por la Comisión hasta casi 11 000 millones de euros.

Esta cuantía aproxima al cumplimiento del objetivo general de 37 500 millones de euros en ahorros anuales de costes administrativos fijado para el final del mandato de la Comisión en 2029. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio, alineado con la Brújula de Competitividad de la UE, que persigue reducir la burocracia, reforzar la competitividad y la resiliencia de la Unión y, al mismo tiempo, impulsar un crecimiento verde.

Simplificación de amplio alcance

Dentro de este paquete de simplificación se incluyen seis propuestas legislativas que introducen cambios normativos específicos. Las medidas propuestas reflejan las aportaciones recibidas de las partes interesadas a través de una convocatoria de información anunciada el 22 de julio de 2025, que obtuvo más de 190 000 respuestas.

Además, la Comisión Europea ha anunciado que continuará su trabajo de simplificación de la legislación existente más allá del paquete actual, apoyándose en las sugerencias recogidas en la convocatoria de pruebas.

Evaluaciones ambientales más ágiles 

En materia de evaluaciones ambientales, los promotores de proyectos se beneficiarán de procedimientos simplificados y acelerados, incluyendo ventanillas únicas, una mayor digitalización y tramitaciones más ágiles. Estas mejoras están diseñadas para acelerar la puesta en marcha de proyectos clave para la economía de la Unión.

La propuesta incorpora asimismo un conjunto de herramientas con medidas adicionales de aceleración dirigidas a sectores estratégicos y a proyectos que contribuyan a la descarbonización o a la eficiencia en el uso de los recursos, como la vivienda asequible.

Normas de emisiones industriales simplificadas 

En el ámbito de las emisiones industriales, las empresas tendrán mayor flexibilidad en el marco de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) para la aplicación de los sistemas de gestión ambiental (SGA). Entre las mejoras se contempla la eliminación del requisito de incluir planes de transformación, la concesión de más tiempo a los operadores para elaborar sus SGA y la supresión de la obligación de realizar auditorías independientes sobre dichos sistemas.

En paralelo, se prevé que agricultores y acuicultores queden exentos de determinadas obligaciones de información, reduciendo así la carga administrativa. También se simplificará el alcance de las actividades agrícolas y se minimizarán las duplicidades en las explotaciones ecológicas.

Sustitución de la base de datos SCIP 

Respecto a las sustancias peligrosas en productos, se ha identificado que el coste asociado a la base de datos SCIP (Sustancias de Preocupación en Productos) resulta desproporcionadamente elevado. Por este motivo, sus funciones serán reemplazadas por soluciones digitales más eficaces, como el Pasaporte Digital de Productos y la implementación del paquete «Una Sustancia, Una Evaluación».

En consecuencia, la Comisión propone modificar la Directiva Marco sobre Residuos para derogar la base de datos SCIP, simplificando así las obligaciones de información para las empresas.

RAP con requisitos menos gravosos

En lo relativo a la responsabilidad ampliada del productor (RAP), la legislación vigente sobre baterías, envases, aparatos eléctricos y electrónicos, plásticos de un solo uso y residuos obliga en la actualidad a que las empresas con sede en la Unión Europea designen un representante autorizado en cada Estado miembro donde no estén establecidas y comercialicen productos, con el fin de cumplir sus obligaciones de RAP. Esta exigencia se suspenderá temporalmente para los productores europeos mientras se lleva a cabo la racionalización de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en el marco de la futura Ley de Economía Circular, lo que permitirá reducir los costes de operación en la UE.

Datos geoespaciales de alto valor 

En cuanto a los datos geoespaciales, los requisitos técnicos actualmente aplicables en virtud de la Directiva INSPIRE se armonizarán plenamente con la legislación horizontal que regula los datos geoespaciales de alto valor del sector público. Esta armonización disminuirá los costes de cumplimiento para las autoridades públicas y facilitará el acceso a conjuntos de datos geoespaciales de alto valor a todos los usuarios, tanto públicos como privados, favoreciendo la toma de decisiones basada en información precisa y accesible.

Simplificación continua y orientado al futuro

De cara a los próximos años, la Comisión se compromete a seguir explotando el potencial de simplificación normativa, sometiendo la legislación de la Unión a pruebas de resistencia, reforzando su aplicación efectiva y mejorando la calidad regulatoria. El proceso de revisión se prolongará en el tiempo, con un foco especial en las pruebas de resistencia, la elaboración de orientaciones y la mejora continua de la legislación vigente.

Entre los ejemplos destacados, se prevé la publicación próximamente de una guía específica para garantizar una transición fluida y oportuna desde el Reglamento sobre envases y residuos de envases, aportando mayor claridad y una aplicación armonizada de las cuestiones identificadas en la convocatoria de pruebas. Asimismo, la Directiva Marco del Agua será revisada y modificada en 2026, tal y como se anunció en el Plan de Acción RESourceEU.

Con la próxima revisión de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, la Comisión tratará de mejorar la coherencia con el acervo de la UE en materia de agua dulce. En el marco de la Estrategia de Resiliencia Hídrica, se desarrollarán además una serie de Diálogos Estructurales sobre el Agua que podrían identificar problemas adicionales y conducir a nuevas mejoras. Por último, la Ley de Economía Circular, prevista también para 2026, introducirá normas más sencillas y armonizadas y reducirá los costes para las actividades circulares transfronterizas.

Tramitación institucional: próximos pasos

En el plano institucional, la propuesta legislativa será ahora remitida al Parlamento Europeo y al Consejo para su discusión y eventual adopción, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

Como contexto general, el paquete Ómnibus Ambiental constituye la octava propuesta ómnibus presentada por la Comisión. La institución ha fijado una hoja de ruta para simplificar las normas de la UE y reforzar la competitividad y prosperidad de la economía europea, con un objetivo explícito de realizar un esfuerzo de simplificación sin precedentes: lograr una reducción de al menos el 25 % de las cargas administrativas y de al menos el 35 % en el caso de las pymes de aquí a finales de 2029. En 2024, una encuesta Flash Eurobarómetro (n.º 549) dirigida a pymes mostró que las intenciones de ecologizar sus operaciones mediante la eficiencia de recursos, el uso de energías renovables y otras medidas se han visto afectadas por la complejidad de la legislación.

Empresas de todas las dimensiones han señalado la complejidad de los procedimientos administrativos o legales y la carga derivada de la elaboración de informes ambientales. La interacción con las partes interesadas en los últimos meses ha aportado información valiosa sobre las dificultades prácticas y los obstáculos que encuentran para cumplir la legislación, así como sobre las posibles vías para reducir la carga administrativa y de presentación de información sin comprometer los objetivos de fondo. De forma paralela, los agentes consultados han subrayado la necesidad de acelerar y agilizar los procesos de permisos, un aspecto en el que el nuevo paquete ómnibus pretende avanzar de forma destacada.