La gestión del agua urbana debe ocupar un lugar central en la agenda pública y política. No solo porque el acceso a este recurso y al saneamiento es un derecho básico que debe garantizarse a los ciudadanos de manera equitativa, sino también porque las ciudades, la salud de la población, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental dependen en gran medida de una gestión eficiente y segura del ciclo urbano del agua. A todo esto se suma un escenario cada vez más exigente provocado por el cambio climático, con un aumento de las sequías, una mayor presión sobre los recursos hídricos y el cumplimiento de los ambiciosos compromisos europeos en materia de medioambiental.
España, con un modelo plural que combina gestión pública, privada y mixta, se enfrenta al reto de modernizar sus infraestructuras, adecuar el marco normativo y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. En este escenario de transformación, nace DAQUAS (Asociación Española del Agua Urbana), fruto de la fusión de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) y AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana), con el objetivo de unificar la voz del sector, fortalecer su interlocución institucional y situar al ciudadano en el eje de la estrategia hídrica nacional. La nueva entidad aglutina a más del 80 % de los operadores del ciclo urbano del agua en España y se posiciona como referente técnico, empresarial y social ante los grandes desafíos de la próxima década.
Al frente de esta nueva etapa se encuentra Jesús Maza, presidente de DAQUAS. Maza es también director de la Escuela Internacional de Servicios Públicos (EiSP) y cuenta con una sólida trayectoria en gestión de servicios públicos y liderazgo institucional. El presidente analiza en esta entrevista las claves de la sostenibilidad económica de la gestión del agua, el papel de la digitalización, la necesidad de armonizar la legislación y los mecanismos para atraer talento joven al sector. Su visión, centrada en la colaboración y el conocimiento compartido, refuerza el mensaje de que el agua urbana no solo es un recurso esencial, sino un pilar estratégico para el desarrollo del país.
España afronta un momento clave en materia de agua, con desafíos que van desde el cambio climático a exigencias normativas. Me gustaría saber, ¿cómo valora el momento actual del sector del agua urbana en nuestro país?
El eje central de nuestras actuaciones debe ser siempre el servicio al ciudadano a través de un servicio de calidad. En este sentido, España presenta una situación bastante positiva. El acceso al agua urbana se produce en condiciones y con garantías importantes. Siempre hay margen de mejora, por supuesto, pero hemos alcanzado un nivel de abastecimiento extraordinario. En cuanto al saneamiento, diría que va algo por detrás, aunque también presenta niveles de calidad bastante buenos.
Eso sí, hay que tener en cuenta dos factores. El primero son las crecientes exigencias de la Unión Europea, que obligan a seguir mejorando continuamente para alcanzar nuevos estándares. El segundo gran reto tiene que ver con el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras. Hay que recordar que en España contamos con más de 248.000 kilómetros de redes de abastecimiento y una cifra muy similar en redes de alcantarillado. Estas instalaciones deben renovarse, porque la obsolescencia de las redes genera problemas de calidad tanto en abastecimiento como en saneamiento.
Por tanto, desde el punto de vista del ciudadano, la situación es bastante buena, pero necesitamos invertir para que siga siéndolo. Desde la perspectiva empresarial, soy optimista. La competitividad de las empresas españolas del agua a nivel internacional es muy alta. Creo sinceramente que somos líderes mundiales en la gestión del agua urbana, en desalación y en depuración. De hecho, estamos entre los países punteros a la hora de competir por contratos internacionales, y eso habla muy bien del sector.
En esta línea, ¿cuáles son los riesgos y retos más urgentes, tanto desde el punto de vista técnico como institucional?
Los riesgos y retos empiezan, en primer lugar, por la necesaria adaptación a la normativa europea. La UE está lanzando una serie de directivas muy interesantes y, en general, positivas. Pero, presentan una carencia importante: no se contempla la enorme diversidad territorial existente. La trasposición de estas directivas debe hacerse teniendo en cuenta este aspecto, y debe permitir que los territorios puedan adaptarse sin dificultades excesivas. Otro de los riesgos más evidentes tiene que ver con los plazos difícilmente alcanzables que se piden desde Europa. Esto representa un riesgo considerable, ya que puede generar consecuencias complejas, tanto para las propias empresas como para la gestión global de esos fondos.
Por último, el tercer gran punto crítico es la cuestión de la financiación. La legislación europea habla mucho de obligaciones, pero no aborda suficientemente cómo se van a financiar esas obligaciones. Por ejemplo, la Directiva Marco del Agua establece que el precio del agua debe cubrir los costes que genera su gestión. No obstante, en la práctica, esto no se cumple: el agua sigue siendo un recurso fuertemente subvencionado, y su precio está por debajo de lo que realmente cuesta producirla, transportarla y depurarla.
Desde el ámbito institucional, urge avanzar hacia una legislación del agua más uniforme. Actualmente, la normativa en este ámbito se ha construido a base de parches, muchas veces con un enfoque cortoplacista y sin una visión de conjunto. Esa falta de homogeneidad genera inseguridad jurídica. Y cuando no hay seguridad jurídica, el sector lo nota: las empresas se retraen, el capital se frena y se pierde la confianza para invertir. Es un aspecto clave que debemos abordar si queremos un sector sólido y con proyección.
"La legislación europea habla mucho de obligaciones, pero no aborda suficientemente cómo se van a financiar esas obligaciones".
¿Considera que el marco de planificación hidrológica actual (planes de cuenca, normativas europeas y nacionales, estrategias regionales) está alineada con las necesidades reales del ciclo urbano del agua y los escenarios futuros de disponibilidad hídrica?
En general, creo que la actitud de la administración, en todos los niveles, es positiva, aunque lo cierto es que la ejecución de esa actitud no siempre da los resultados requeridos. Hay que tener en cuenta que aquí se mezclan dos elementos. El agua urbana representa solo entre el 15 % y el 20 % del consumo total de agua. El resto corresponde, en gran medida, al uso agrícola, que tiene muchísimo más peso en las políticas hidrológicas que el ciclo urbano del agua. Sin embargo, paradójicamente, los efectos de una sequía sobre la población son mucho más graves, y las cuencas que abastecen al ámbito urbano requieren una atención especial.
La legislación actual en torno al agua contempla la existencia de las confederaciones hidrográficas, pero no concede al agua urbana la importancia que realmente debería tener. No siempre se legisla teniendo en cuenta la garantía de la sostenibilidad del ciclo integral del agua urbana, que debería ser una prioridad estratégica. Ahora empieza a haber ciertos avances, por ejemplo, en materia de reutilización de agua y en desalación. Pero en reutilización aún queda mucho por hacer.
"No siempre se legisla teniendo en cuenta la garantía de la sostenibilidad del ciclo integral del agua urbana, que debería ser una prioridad estratégica. Es necesario establecer algún tipo de pacto por este servicio, porque su gestión afecta directamente a la vida de las personas y a la sostenibilidad de nuestras ciudades".
Además, existe una gran dispersión normativa entre territorios. Tenemos zonas como Murcia, donde la reutilización es una práctica habitual desde hace años, y otras como Andalucía, donde la implantación de estos modelos sigue enfrentando numerosos obstáculos administrativos. Es necesario establecer algún tipo de acuerdo o pacto por el agua urbana, porque su gestión afecta directamente a la vida de las personas y a la sostenibilidad de nuestras ciudades.
¿Cómo debería abordarse la gestión del agua en entornos urbanos que enfrentan desafíos crecientes como el estrés hídrico, el envejecimiento de infraestructuras y el crecimiento poblacional?
Lo primero que habría que hacer es sacar el tema del debate político, es decir, de la confrontación política, y meterlo en la agenda política. El precio del agua no puede seguir siendo una herramienta electoral. Los problemas del agua urbana —las inversiones necesarias, los retos tecnológicos, los desafíos estructurales— no se pueden resolver a base de subvenciones puntuales ni de impuestos extraordinarios. Esas son medidas coyunturales, que pueden servir durante uno, dos o tres años, pero no solucionan el problema a largo plazo. El coste del agua para el ciudadano debe ser asumible, por supuesto, pero también debe garantizar la sostenibilidad del sistema.
En España ya hemos logrado el acceso universal al agua potable. Mientras que en el mundo hay más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua segura, en España el 100 % de la población puede acceder a este recurso. Es un logro importantísimo. Sin embargo, en tema de depuración seguimos sin un debate serio y estructural, como sí lo tenemos, por ejemplo, sobre la energía.
Es necesario hablar abiertamente del precio del agua. Este debe contemplar también las inversiones, no solo los gastos de operación. Si únicamente calculamos lo que cuesta producir el agua sin incluir la inversión necesaria, no estamos cubriendo ni siquiera lo mínimo para garantizar el futuro del sistema. Con el actual régimen de tarifas, las infraestructuras de agua se renovarían cada cuatrocientos años, lo cual es completamente insostenible. Por tanto, es urgente que abordemos este tema con visión a largo plazo y lejos del debate político si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema.
¿Qué elementos considera imprescindibles para construir una hoja de ruta sólida que garantice el agua en el corto, medio y largo plazo desde el ámbito urbano?
En primer lugar, necesitamos una legislación del agua uniforme, que garantice la equidad entre todos los ciudadanos, independientemente del territorio. Al mismo tiempo, la prestación del servicio debe darse en las mejores condiciones posibles, ya sea bajo gestión pública, privada o mixta. También debe garantizarse la inversión, porque Europa nos está exigiendo niveles de depuración muy altos, como la implantación del sistema cuaternario, que aún no está en marcha en muchas depuradoras españolas. Por tanto, hay que avanzar hacia una estructura de tarifas adecuada y transparente.
Sobre esto último, debo señalar que las tarifas del agua resultan confusas. Se mezclan conceptos del ciclo integral con tasas de residuos, basuras u otros servicios, y eso impide al ciudadano entender qué está pagando exactamente. Por tanto, creo que una hoja de ruta sólida debe contemplar tres cosas esenciales: una tarifa que garantice la inversión y sea transparente y comprensible, una legislación uniforme que proporcione seguridad jurídica y condiciones equitativas. Y, por supuesto, que todo esto se haga desde una visión de largo plazo, alejada de debates partidistas, con una estructura estable que dé confianza a las administraciones, a las empresas y a los ciudadanos.
Como comentábamos, uno de los factores clave para hacer frente a todos estos retos es la inversión. ¿Estamos destinando suficientes recursos para adaptar nuestras infraestructuras y servicios de agua a los nuevos desafíos ambientales y normativos? ¿En qué áreas se localizan las principales carencias?
Actualmente, los recursos que se están destinando a inversión proceden fundamentalmente de fondos europeos, que han aportado una financiación importante. Gracias a ello, se están ejecutando inversiones relevantes en distintas partes del ciclo del agua. Ahora bien, creo que habría que revisar los plazos establecidos por el Ministerio, porque muchos proyectos no van a llegar a tiempo, y eso es algo que debe tenerse en cuenta. El agua requiere una inversión continua y estructural: en mantenimiento, modernización y adaptación. Cuando se acabe esta fuente temporal de financiación europea, habrá que ver qué sucede si no hemos activado mecanismos más estables.
Por tanto, hay dos principales carencias. La primera es la depuración, especialmente en pequeñas poblaciones. Las depuradoras de menor escala son las que presentan mayores retrasos en cuanto a adaptación a las exigencias europeas. El segundo gran déficit está en la distribución. Ahora mismo, solo un 0,2 % del agua se reutiliza, cuando debería estar en torno al 2 %, es decir, diez veces más, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales. A pesar de ello, España se sitúa entre los países con mayor calidad del agua del mundo, lo cual es un gran mérito. Pero si queremos mantener esa posición, debemos actuar en esos dos ejes: depuración y reutilización.
"Las tarifas actuales del agua no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del servicio. Estamos pagando muy por debajo de lo que realmente cuesta el agua y la solución es actualizar las tarifas con ajustes que son perfectamente asumibles".
El precio del agua es uno de los grandes focos de debate dentro del sector: ¿Son las tarifas actuales del agua suficientes para garantizar la sostenibilidad económica del servicio y acometer las inversiones necesarias? ¿Qué mecanismos propondría para avanzar hacia un modelo tarifario más sostenible?
Las tarifas actuales del agua no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del servicio. En 2023, el precio medio del agua en España era de 1,96 €, es decir, un 0,8 % del gasto total de los hogares y no cubre ni la mitad del coste real, especialmente si consideramos las inversiones necesarias. Por tanto, estamos pagando muy por debajo de lo que realmente cuesta el agua y la solución es actualizar las tarifas, aunque esto genere un rechazo político. No hablamos de subidas desproporcionadas: pasar de 1,96 a 2 o 2,5 € sería una variación mínima, con facturas mensuales que, como mucho, serían de 8 o 9 euros, lo cual es perfectamente asumible.
Creo además que el ciudadano español ha sido ejemplar en su comportamiento: ha reducido el consumo doméstico de unos 170 litros por persona al día hace 15 o 20 años, a poco más de 100 litros en la actualidad. El problema no está en el consumo, sino en la estructura tarifaria y en la falta de voluntad política para tocar ese tema. Si no actualizamos las tarifas, dependeremos siempre de que Europa nos subvencione, o de que una comunidad autónoma imponga, de forma puntual, una tasa de depuración para poder ejecutar inversiones. Hay que tener en cuenta que tratar el agua en España es más caro que en otros países del entorno, debido al estrés hídrico recurrente. En países con mucho menos estrés hídrico, el precio del agua está en torno a los 4 o 5 €/m³, pero aquí, en periodos de sequía, con los embalses bajos, el agua contiene mayor turbidez, lo que encarece notablemente su potabilización.
En definitiva, el agua es un servicio público municipal y debe cubrir su coste mediante tasas, sin excluir a nadie. Y esto es muy importante: todas las compañías de agua en España —públicas y privadas— disponen de mecanismos sociales para garantizar el acceso al agua, independientemente de la capacidad económica del usuario.
¿Qué modelos de financiación o colaboración considera más efectivos para asegurar la renovación y modernización de las infraestructuras urbanas del agua?
Tenemos que trabajar en mecanismos de financiación más estables y estructurados. Desde la asociación estamos manteniendo conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para canalizar, a través de él, préstamos y líneas de financiación a largo plazo, que incluyan periodos de carencia adecuados y permitan afrontar inversiones importantes en infraestructura, adaptando el calendario de pagos al ritmo real de ejecución. La idea es que las operaciones no sean financiadas únicamente por el ICO, sino que puedan estructurarse también junto a entidades financieras privadas, en un modelo mixto que permita repartir riesgos y ampliar capacidades. Para que este modelo funcione creo que deben cumplirse dos condiciones: Tipos de interés competitivos y plazos realistas. El ciclo del agua no se ajusta a los plazos políticos o electorales, sino a horizontes mucho más largos. Las inversiones en agua tienen un retorno mínimo a 25 o 30 años, y los planes de amortización deben estructurarse en consecuencia.
Además, es fundamental que la financiación sea flexible y adaptable al proceso de inversión. Es decir, que se liberen fondos a medida que se vayan ejecutando las obras, y que exista una carencia suficiente en el pago del principal hasta que las infraestructuras estén operativas y empiecen a generar retorno. Si logramos combinar esas tres condiciones —plazos largos, precios justos y flexibilidad adaptada al proyecto—, estaremos ante un modelo eficaz para modernizar el sistema.
En cuanto al aspecto normativo, ¿está España cumpliendo los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua en lo que respecta al ciclo urbano? ¿Qué aspectos deberían reforzarse?
España está en vías de cumplirlos, aunque hay que matizar. Los objetivos han cambiado recientemente, especialmente con las últimas actualizaciones de las directivas europeas, por lo que el escenario actual es distinto al que se planteó inicialmente. Desde el punto de vista del abastecimiento, creo que los cumplimos sobradamente. Sin embargo, en lo relativo a depuración aún queda trabajo por hacer, y en ese ámbito está ahora mismo la principal prioridad. Una de las cuestiones que más nos afecta es que la Directiva Marco del Agua no ha abordado directamente la renovación de redes, al menos no con la intensidad que sería deseable.
Tenemos carencias importantes en eficiencia, y eso está directamente ligado al estado de las infraestructuras. Para mejorar esa eficiencia, evidentemente, tenemos que renovar redes, y ahí se concentra buena parte del reto actual. El problema es que, aunque hay plazos marcados para adaptarse, dificultamos su cumplimiento por el alto nivel de obsolescencia de las instalaciones. Además, la normativa europea evoluciona constantemente, y seguirán apareciendo nuevas exigencias, por lo que es hablamos de un trabajo continuo. Cada nueva directiva o modificación regulatoria nos obligará a mejorar y seguir invirtiendo para cumplir con los estándares europeos.
¿Qué prioridades debería tener España en los próximos años para consolidar una agenda hídrica urbana adaptada al cambio climático y alineada con los objetivos ambientales europeos?
Hay una prioridad fundamental que debemos asumir: la búsqueda activa de recursos hídricos alternativos. En España se depuran, aproximadamente, 5.000 hectómetros cúbicos de agua al año, pero solo reutilizamos en torno al 10 %. Por tanto, hay un margen inmenso de mejora, tanto en eficiencia como en sostenibilidad. Para ello, necesitamos la colaboración de todos los actores, tanto públicos como privados, y también una apuesta decidida por la inversión y la innovación.
Además, debemos avanzar hacia una armonización de la legislación del agua en todo el territorio nacional. No podemos permitirnos una normativa fragmentada que genere desigualdad o incertidumbre jurídica. Y sobre todo, no podemos perder de vista el núcleo del sistema hídrico urbano: el ciudadano. El ciudadano tiene que ser un aliado activo del sistema, y para eso es necesario que lo conozca, lo entienda y se sienta parte de él. Debemos explicarle qué hay detrás del agua que consume. Aquí los medios de comunicación pueden y deben jugar un papel clave. Comunicar bien, formar e informar son elementos esenciales para consolidar un modelo hídrico sostenible y participativo.
"Debemos explicarle al ciudadano qué hay detrás del agua que consume para que lo entienda y sea un aliado activo del sistema".
¿Qué papel considera que está jugando la innovación tecnológica y la digitalización en la mejora de la eficiencia y resiliencia del sistema hídrico?
Precisamente, hace poco estuvimos en una jornada en Córdoba organizada por Emacsa —la empresa municipal de aguas— junto con la Escuela del Agua. Allí abordamos el papel de la digitalización en el sector del agua, y en particular, las últimas inversiones realizadas con fondos europeos que han tenido como una de sus prioridades la transformación digital del ciclo urbano del agua. Ahora bien: la digitalización no es un fin en sí mismo. Su papel más importante debe ser contribuir a una mejor gestión del recurso, es decir, a la eficiencia y economización del agua.
Ahora mismo, estamos generando miles de millones de datos cada día. La sensorización y la digitalización de los procesos nos han permitido captarlo todo: consumos, presiones, fugas, calidad… Pero el gran reto es otro: dar sentido a esos datos. Necesitamos generar la inteligencia suficiente —tanto humana como artificial— para poder analizarlos, interpretarlos y convertirlos en decisiones operativas.
Del mismo modo, los sistemas de depuración, cada vez más digitalizados, nos están empezando a proporcionar información crítica para la mejora del proceso, tanto en eficiencia como en control ambiental. Y si hablamos de planificación, el uso de tecnologías como los sistemas georreferenciados o el modelado BIM nos va a permitir localizar incidencias con gran precisión, saber exactamente dónde están los problemas en la red y actuar con rapidez y eficacia.
"Uno de nuestros grandes retos es hacer del sector del agua un lugar ilusionante para las nuevas generaciones. Necesitamos que los jóvenes vean este sector como algo útil, importante y apasionante".
¿Qué papel espera que juegue DAQUAS en este proceso de transformación del modelo de gestión del agua?
DAQUAS ha dado un paso adelante muy importante, con la fusión de las dos asociaciones anteriores en una única entidad de carácter empresarial y que pone al ciudadano en el centro de su gestión. Nuestra vocación es convertirnos en una referencia, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de la gestión del ciclo urbano del agua. DAQUAS debe ser una herramienta al servicio de la administración pública, para que sepa que estamos aquí, disponibles para colaborar, aportar y trasladar las necesidades reales del sector.
Al mismo tiempo, debe estar al servicio de las empresas y entidades públicas que forman parte de nuestra asociación, creando un espacio común desde el que promover uno de los valores más relevantes del sector del agua: la colaboración y el intercambio de conocimiento. Actualmente, contamos con más de 10 comisiones de trabajo que cubren todo el ciclo del agua, desde la captación hasta la depuración. DAQUAS va a seguir en esa línea.
Seguiremos a disposición de nuestros asociados y de la sociedad en general, promoviendo esa transferencia de conocimiento entre empresas, y creando un entorno atractivo para nuevas generaciones. Porque ese es otro reto fundamental: hacer del sector del agua un lugar ilusionante y estimulante para los jóvenes, para que en los próximos años más personas quieran formarse y trabajar en este ámbito, porque les resulta útil, importante y apasionante.
