Un estudio pionero revela la brecha entre preocupación social y acción ante la crisis hídrica en España

España afronta una presión creciente sobre sus recursos hídricos, intensificada por el cambio climático, que obliga a diseñar políticas sostenibles y socialmente aceptables para garantizar la seguridad hídrica a medio y largo plazo. Así lo pone de manifiesto el primer policy paper que analiza de forma exhaustiva las percepciones, actitudes y prioridades de la ciudadanía ante el agua, elaborado por el Real Instituto Elcano a partir de una encuesta realizada entre febrero y marzo de 2025 en Andalucía, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

El documento destaca que, aunque existe una preocupación generalizada por la situación del agua, esta no siempre se traduce en comportamientos responsables o en disposición a apoyar medidas de gestión más ambiciosas.

La investigación, basada en la teoría de la acción razonada y del comportamiento planificado, profundiza en aspectos clave como el grado de conocimiento de la ciudadanía, la aceptación de recursos no convencionales, la disposición al pago y la confianza institucional.

Principales conclusiones del estudio

1. Preocupación elevada, pero con efecto limitado en las intenciones y comportamientos

La mayoría de las personas encuestadas expresan inquietud por los problemas del agua, sobre todo en las zonas con más estrés hídrico. Sin embargo, esta preocupación no se acompaña de una mayor capacidad autopercibida para reducir el consumo ni de una disposición clara a utilizar agua regenerada o desalada, o a pagar más por el servicio.

2. Brecha entre preocupación y conocimiento

El estudio constata un desconocimiento generalizado sobre el uso del agua en sectores estratégicos. La población tiende a sobrestimar el consumo industrial e infraestimar el agrícola, que en realidad representa la mayor parte de la demanda. La investigación señala la necesidad de mejorar la transparencia y la información pública.

3. Consenso sobre la prioridad de la agricultura en caso de sequía, seguida del medio ambiente, y percepción positiva de su eficiencia hídrica

En escenarios de escasez, la ciudadanía sitúa la agricultura como prioridad de suministro, seguida del medio ambiente. A su vez, percibe al sector agrícola como relativamente eficiente en el uso del agua, por detrás del energético y por delante del turismo o la industria.

4. Alta percepción de capacidad de ahorro, baja conversación social

Dos de cada tres encuestados creen que podrían ahorrar agua, aunque esta percepción varía por edad, nivel educativo o ingresos. No obstante, casi la mitad declara no hablar del tema en su entorno, lo que dificulta generar normas sociales que impulsen cambios.

5. El agua no se percibe como un servicio caro, pero solo la mitad de la ciudadanía está dispuesta a pagar más

Solo un 33% percibe que el agua es cara en comparación con otros suministros, y menos de la mitad estaría dispuesta a pagar más. Dentro de este grupo, la mayoría aceptaría un incremento de hasta 10 euros al mes. La predisposición aumenta entre quienes tienen mayor nivel de renta o estudios, así como entre quienes se identifican ideológicamente con la izquierda.

6. Fuerte respaldo al uso de recursos no convencionales, salvo para usos domésticos con contacto directo

El uso de agua regenerada y desalada cuenta con aceptación para fines industriales, agrícolas o urbanos, pero su aprobación disminuye si se trata de usos domésticos con contacto directo, como beber o cocinar. La desconfianza en la calidad es el principal freno, lo que sugiere la importancia de reforzar la información y la transparencia.

7. La confianza institucional es baja; la ciencia, la más valorada

La comunidad científica es percibida como la fuente más creíble, mientras que las empresas gestoras y las administraciones —especialmente el gobierno central— obtienen niveles bajos de confianza. El estudio recomienda trabajar en mecanismos de gobernanza que mejoren esta legitimidad institucional.

8. Preferencia por medidas que aumenten la oferta frente a restricciones de consumo

La ciudadanía respalda mayoritariamente las soluciones de incremento de recursos —desalación, reutilización— mientras muestra más reticencias ante políticas que reduzcan la demanda, como limitar el agua destinada al regadío. Estas diferencias están influidas por factores territoriales, socioeconómicos e ideológicos.

Conclusión del policy paper

El documento subraya que avanzar hacia un modelo hídrico sostenible exige políticas que combinen criterios técnicos y económicos con una atención prioritaria a la aceptación social y la implicación ciudadana. La brecha detectada entre preocupación ambiental y cambio de hábitos plantea el reto de reforzar la corresponsabilidad colectiva y de fomentar un debate informado sobre el uso del agua.