AGA propone la creación de un órgano regulador para el ciclo urbano del agua

La Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), en el ámbito del debate abierto hace meses por el Ministerio de Transición Ecológicas para la elaboración del Libro Verde de la Gobernanza del Agua, ha remitido a la organización una propuesta para la creación de un órgano regulador para el ciclo urbano del agua.

Esta figura, que se ha dado en llamar «regulador nacional» -aunque, a la vista de las funciones que se le encomendarían, quizás tuviera más sentido llamarle «supervisor nacional»-, tendría como objetivo dar solución a tres situaciones relacionadas con la gestión del ciclo urbano del agua, como son:

a) La necesidad de garantizar a todos los ciudadanos unos servicios de calidad en un ámbito de la máxima importancia para el desarrollo del ser humano.

b) La descentralización administrativa, que dificulta la fijación de estándares de calidad mínimos y de prácticas y protocolos comunes.

c) La exigencia de que este tipo de servicios se presten de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente y en coherencia con todas las medidas que se adopten en defensa del cambio climático.

De esta manera, el objetivo del Regulador sería garantizar el derecho de todos los españoles a un agua de calidad, en términos de equidad y a través de las medidas objetivas para los operadores, públicos y privados, y sus actividades.

El Regulador, que sería designado por la autoridad pública (el Parlamento, por ejemplo) operaría como una autoridad independiente, con un estatuto propio enfocado al usuario, con la transparencia como marco de referencia de toda su actuación. Sería económicamente sostenible y estaría coordinado con comunidades autónomas y municipios sin menoscabar las competencias y autoridad local.

Ejes de actividad

La actividad del Regulador se desarrollaría en torno a tres ejes fundamentales:

1. Eje social: El Regulador debe colaborar para constituir un marco legal estable, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales que justifican su creación e incorpore el concepto de sostenibilidad social a los de sostenibilidad económica y ambiental.

2. Eje técnico: Establecimiento de los estándares de servicio y promoción de la eficiencia y la racionalidad por la vía de la innovación. Mecanismos que faciliten un adecuado control de la gestión, tanto en modelos de gestión directa como en de gestión indirecta.

3. Eje económico: La regulación económica, que debe establecer la recuperación completa de los costes y criterios tarifarios claros y uniformes para todos los operadores, públicos y privados, primando la eficiencia y el ahorro del recurso.

Funciones

Por último, entre sus funciones concretas estarían las de medición de la calidad del servicio que presta cada operador, sea público, privado o mixto, y medición de la eficiencia tanto energética como hídrica mediante indicadores universales.

Así mismo, se encargaría de definir una gestión sostenible, tanto en el ámbito medioambiental como en el económico, incidiendo, por un lado en la afección del cambio climático y, por otro, en los costes que conforman la tarifa.

Este modelo de órgano regulador, que podría tomar como referencia el organismo ya existente en Portugal, también se encargaría de fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación, así como el desarrollo de procesos de formación a la ciudadanía para el conocimiento de sus derechos y deberes en relación con el acceso al abastecimiento de agua potable y al saneamiento, buscando su concienciación y participación responsable.

Por último, debería definir un protocolo de la garantía de suministro a los ciudadanos económicamente vulnerables, de máxima utilidad del servicio y transparencia, además de mediar en todos los conflictos que pudieran derivarse de la gestión del ciclo urbano del agua y prestar especial atención al estudio del avance de los sistemas de depuración en toda España, fijación de criterios y priorización de infraestructuras.